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Red Internacional

En estos dos años de crisis sanitaria se agudizaron problemáticas como el abandono escolar y el rezago educativo. ¿A quién beneficia el convenio entre PILARES e INEA?

Lunes 9 de mayo | 14:59

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un organismo descentralizado de la SEP, cuyo objetivo desde su creación ha sido atender a la población que no pudo concluir sus estudios en nivel primaria y secundaria en el sistema escolarizado.

Desde 1980, su labor ha implicado el acompañamiento de una población mayor de 15 años y a partir de 2021 se publicó en sus Reglas de Operación la ampliación a niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no tengan concluida la primaria.

Las y los trabajadores del INEA, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA), junto a las y los “asesores” que cumplen la función docente pero no están contratados formalmente sino que son considerados como personal “solidario”, además de la enorme misión que tienen de enfrentar el rezago educativo, agravado por el duro ataque neoliberal a la educación pública, padecen hoy la política oficial para precarizar sus condiciones laborales y avanzar con el desmantelamiento paulatino del Instituto.

La sección 9 del SNTEA viene de enfrentar en la CDMX, con una asamblea permanente y un plantón afuera de la sede del Instituto durante casi dos semanas, violaciones a las cláusulas de su contrato colectivo (CCT), tales como el congelamiento de plazas (el proceso escalafonario se encuentra paralizado y hay 52 plazas vacantes que no han sido asignadas).

Mientras que los asesores, totalmente precarizados, siguen sometidos a la inestabilidad laboral y al trabajo a destajo, dado que sus ingresos dependen del número de exámenes acreditados de los adultos que atienden, y están siendo despedidos injustificadamente por mandato de la institución.

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¿Un supuesto convenio contra el rezago educativo?

Con el establecimiento de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 2019, el gobierno de la CDMX promueve una política educativa comunitaria supuestamente integral, con la promesa de generar ingresos para amplios sectores de jóvenes docentes, profesionistas y talleristas.

A través de la contratación de docentes en la modalidad de “ciberescuela”, éstxs brindan regularización para los estudiantes de educación básica de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; pese a no gozar de ningún derecho laboral ni de estabilidad en el empleo, con su trabajo apoyan a decenas de estudiantes que no cuentan con recursos económicos para ponerse al corriente en sus asignaturas de otra forma.

En este contexto se firmó el convenio entre las autoridades del INEA y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), institución encargada de PILARES, para “favorecer la incorporación de personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria”, acordando que en los PILARES se les proporcionen servicios gratuitos de educación básica no escolarizada de manera presencial y a distancia, mientras que el INEA les aplica los exámenes y realiza las certificaciones.

Sin embargo, esta “colaboración” se da bajo dos condiciones: con los PILARES funcionando con un ejército de docentes precarizados, sin reconocimiento de la relación laboral ni derechos, y con una nueva infraestructura, lo que claramente no busca fortalecer al INEA, sino al contrario.

Tan es así que, en medio de la lucha de la sección 9 del SNTEA en la CDMX, las y los docentes de PILARES fueron utilizados para continuar con parte de las labores que históricamente han realizado los asesores y trabajadores sindicalizados del INEA, como forma de irles arrebatando su materia de trabajo y debilitar su lucha.

Por tanto, esta política implica un mayor avance en el desplazamiento de las funciones de los trabajadores sindicalizados y de los docentes que llaman asesores solidarios para dar paso a la profundización de la explotación laboral de las y los docentes que lleven a cabo el acompañamiento para certificar a las niñas, niños, adolescentes y personas adultas en los PILARES.

La interrogante que nos surge es ¿cómo puede mejorar la educación con un proyecto sin suficientes recursos para garantizar materiales, ni derechos para sus trabajadores?

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¡Luchemos unidos por educación pública y gratuita!

La reforma educativa y el nuevo marco curricular propuesto por el gobierno de la 4T no responden a una real intención de abatir el rezago ni los altos índices de deserción, agravados en estos dos años de pandemia.

Por el contrario, dan continuidad a la política neoliberal en materia educativa, que niega un aumento sustancial al presupuesto destinado a la educación pública para construir nuevas escuelas y apoyar con recursos económicos suficientes a las y los estudiantes (cuyos progenitores tienen salarios que no alcanzan, trabajos precarios y/o secuelas por la COVID-19).

Lo que debería de ir acompañado de otorgar plenos derechos laborales con plazas basificables a todos los docentes que sean necesarios para cubrir las necesidades educativas de la población, en la modalidad escolarizada y no escolarizada.

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Así que el acuerdo firmado en las alturas entre el INEA y PILARES no responde a una verdadera preocupación por lograr que los aprendizajes de nuestra comunidad vayan más allá de contenidos elementales que solo permiten acceder a trabajos precarios como mano de obra barata.

En realidad, este convenio mutuo, como mencionamos más arriba, es un proyecto que está sirviendo para desplazar y debilitar al INEA y no para combatir la expulsión del sistema educativo, sino para generar más y más nuevos folios (fichas de registros de beneficiarios) que sirvan para mostrar la funcionalidad del presupuesto otorgado –el cual no se ve reflejado en satisfacer plenamente las necesidades de la comunidad- rumbo a las elecciones del 2024.

Ante ello, las y los trabajadores y asesores del INEA, junto a las y los docentes de PILARES, debemos unirnos y luchar juntxs, para evitar que se avance con el desmantelamiento del Instituto, defender las conquistas laborales plasmadas en el CCT y lograr plenos derechos laborales para todxs.

Frente a las graves problemáticas que se padecen en el sector educativo, requerimos la más amplia unidad entre docentes de las diversas instituciones, del sistema escolarizado y no escolarizado, para defender el derecho irrestricto a la educación pública y gratuita, de la mano de la construcción de un plan pedagógico acorde a las necesidades de lxs trabajadorxs y el pueblo pobre.

No requerimos discursos sino plenos derechos laborales para que esta enorme tarea se garantice en las mejores condiciones para las y los trabajadores de la educación.


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