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Red Internacional

Tras un año de pandemia poco se dice sobre las consecuencias de ésta sobre el sector educativo; estudiantes, docentes y trabajadores administrativos levantan la voz por condiciones laborales y educativas dignas.

A más de un año de iniciadas las clases en línea, las consecuencias para las comunidades educativas han sido alarmantes: deserción escolar, aumento de la precarización, despidos y falta de pagos han sido la constante en estos meses.

Para las y los docentes, precarización y despidos

La pandemia agudizó la precarización en el sector. Miles de docentes de educación pública vieron retenidos sus salarios, acumulando hasta un año entero sin recibir pagos, como el caso de las y los docentes en la UNAM, la gota que derramó el vaso y develó que dicha institución mantiene condiciones de precarización laboral muy profundas. Miles de docentes más han enfrentado despidos y un aumento exorbitante de la carga laboral con el modelo en línea, como es el caso de las y los docentes de instituciones educativas privadas.

En todos los casos, incluyendo el nivel básico, docentes de escuelas públicas y privadas han tenido que cubrir los costos de la educación virtual, pagando altas cuotas de internet y consiguiendo dispositivos electrónicos para poder impartir sus clases mientras atestiguan las múltiples deserciones escolares y el rezago en el que caen sus alumnes debido a los límites de la educación on-line.

Por otro lado, los trabajadores administrativos han vivido ataques a sus Contratos Colectivos de Trabajo, bajo la complicidad de las burocracias sindicales que mantienen una tregua que ha preservado los intereses de las autoridades, dejando pasar las rebajas salariales y despidos. Tal es el caso del AAPAUNAM, sindicato blanco que posee la titularidad del contrato colectivo que rige a las y los docentes de la UNAM, permitiendo vía el Estatuto de Personal Académico, que la UNAM pague a destiempo los bajísimos salarios de las y los profesores de asignatura. O el caso de la corriente Roja mayoritaria en el STUNAM, que pactó con la patronal el pago del bono por seguir trabajando en pandemia al 60% de su total acordado, afectando a cerca de 5 mil vigilantes a nivel nacional.

Para las y los estudiantes, más exclusión

Los ataques a la educación pública también afectan directamente a las y los estudiantes. Por un lado, porque las clases en línea mostraron que un gran porcentaje de la población no cuenta con aparatos tecnológicos o servicios de internet de calidad, lo cual implica ya una brecha que deja fuera a muchas y muchos; por otro lado, con la implementación o el aumento de cuotas en diversas universidades como en la Autónoma de Ciudad Juárez o la Universidad Autónoma de Colima, la elitización aumentó, dejando fuera a quienes no pueden pagarla. Todo esto obliga a sectores de la juventud a engrosar las filas del trabajo precario, sin derechos laborales, largas jornadas y con salarios de miseria.

Además, quienes han logrado mantenerse estudiando, han notado que su nivel de aprendizaje ha disminuido de manera significativa, pues los contenidos y planes no fueron repensados para responder a la educación virtual. A la par, la carga académica se ha incrementado considerablemente, orillando a más estudiantes a dejar las clases por no poder hacer malabares entre el estudio y el trabajo.
Por si fuera poco, el gobierno y las autoridades educativas han anunciado el regreso a clases presenciales. Enrique Graue, rector de la UNAM, anunció la vuelta a las aulas para agosto, y la SEP anunció lo mismo en educación básica para el 7 de junio.

Las autoridades apuntan a un regreso a clases presenciales sin las medidas mínimas de seguridad, y aunque se aceleró la vacunación de docentes, el 80 % de la población que componemos al sector educativo -las y los estudiantes- no estamos contemplades. Lo que se oculta es que un regreso a clase precipitado puede ser una bomba de tiempo y la causa de un nuevo rebrote, como lo demuestra hoy Campeche u otros países como Argentina y Brasil, donde el hacinamiento y la falta de infraestructura que permita garantizar protocolos de higiene (agua, suficientes salones, etc.) ya han cobrado la vida de jóvenes e infantes contagiados en las aulas.
Pese a ser una situación tan crítica, nada se ha dicho de esta realidad, mucho menos desde la voz de quienes la padecen.

Incluso las cifras que grandes universidades dan sobre la deserción y la falta de pagos están maquilladas, y son únicamente para evitar que el descontento se exprese de forma activa.

Lo que está de fondo son las terribles condiciones estructurales del sector educativo, con escuelas que ni siquiera tienen servicios básicos, donde prima el hacinamiento, la falta de personal docente e infraestructura para realizar las labores educativas de forma digna.

Lo que la pandemia develó ya lo anunciaban docentes y trabajadores administrativos en lucha que levantaron la voz los últimos dos años para denunciar estas terribles condiciones de trabajo y estudio, como el caso de la huelga de las y los docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chapingo o del personal de base de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Y es que en el país, al menos 11 universidades públicas se encuentran en quiebra y sin recibir ningún tipo de ayuda por parte del gobierno Federal, quien decretó el aumento del 0.2% para el presupuesto educativo, destinando poco más del 5% del PIB nacional a este rubro mientras, otorga el mismo monto a Seguridad y, según la revista Forbes, otorga más del 50% del PIB al pago de la ilegítima deuda externa. Por si fuera poco, el gobierno de la 4T reprime a quienes denuncian estas condiciones, como las y los normalistas de Mactumatzá, Chiapas, de Panotla, Veracruz, y de Teteles, Puebla, dejando un saldo de más de cien detenidos, gran mayoría mujeres que denunciaron tortura sexual, y dos compañeras asesinadas.

¡Seamos miles levantando la voz por una educación digna, pública y gratuita!

Es esta la razón por la que impulsamos y te invitamos a participar, en la consulta docente y estudiantil. Es necesario expresar nuestra voz, nuestras necesidades y demandas sobre la educación pública, sus recursos, sus planes, contenidos y programas de estudios.

Así como cuál tendría que ser el papel de estas instituciones en medio de una crisis como la que atravesamos, con una educación al servicio del pueblo pobre y trabajador y no de los intereses de los grandes empresarios. Esto implica poner en cuestión las antidemocráticas formas de gobierno y represivas legislaciones universitarias, que evitar que seamos la mayor parte de quienes conformamos las comunidades educativas quienes decidamos el rumbo de nuestras instituciones.

Las y los jóvenes de la Agrupación Juvenil Anticapitalista, trabajadores y docentes de la Agrupación Desde las Bases STUNAM y Contracorriente SITUAM, creemos necesario que la voz de quienes sostenemos la educación se exprese, y que éste sea un primer paso para organizarnos y transformas la vida de nuestros centros de estudio y de trabajo.

Para ello, también creemos vital la organización unitaria de los tres sectores que componemos el gremio. Solo la alianza entre docentes, estudiantes y administrativos, de forma independiente a las autoridades educativas, las burocracias sindicales, el gobierno y los partidos en el Congreso, es que lograremos combatir la precarización y deserción, echar atrás las Reforma Educativa y garantizando que la educación sea realmente pública y gratuita.

1. Por un aumento del 10% del PIB al presupuesto educativo, dinero para educación, no para la deuda.
2. Por acceso irrestricto a la educación, becas universales y canasta tecnológica (internet y dispositivos) gratuita para estudiantes, administrativos y docentes.
3. Por basificación, salarios y condiciones laborales dignas para todo el personal educativo. ¡Por el triunfo de las y los docentes de la UNAM! ¡Basta de ataques a los CCT!
¡Participa aquí- en la consulta y súmate a su difusión e impulso en tu escuela!




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