Conferencia mañanera. El fantasma del espionaje en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia

Cuestionada sobre el tema del espionaje que implementa el gobierno, la mandataria afirmó:

“Es falso, están buscando mentiras para justificar que somos un gobierno que censura y persigue a las personas, hay mucha hipocresía. La Nueva Ley de Inteligencia e Investigación consiste en ser una herramienta que permita llegar pronto a la persona que comete un delito, una persona desaparecida, es decir, que permita hacer más expedita la persecución de delitos de alto impacto. Para intervenir una conversación telefónica se debe tener la orden de un juez, eso no cambia, se mantiene. Se trata de [a través de esta Ley] tener un sistema de información que hoy está disperso, de manera legal. No tiene que ver con investigar a las personas. No espiamos a nadie, pero sí queremos que disminuyan los delitos”.

No obstante, los cuestionamientos en torno al tema del espionaje, aún durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, derivan de que la organización en defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, publicó en abril un comunicado en el cual aseguraban que “En México, 456 personas fueron espiadas con el spyware Pegasus entre abril y mayo de 2019, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, [según] revelan documentos judiciales del litigio entre WhatsApp y la empresa israelí NSO Group. Como parte de las pruebas para el juicio, WhatsApp aportó un listado que expone el país de origen de 1,233 víctimas de Pegasus. De acuerdo con los datos, México fue la nación con más víctimas en esa ocasión (456), seguido de la India (100) y Baréin (82)”.

De igual forma el sitio web ‘Ejército Espía’ ha documentado casos de finales de 2021 como el de Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien ha acompañado a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, labor por la cual fue objeto de espionaje a través del sofware Pegasus, de acuerdo con análisis forenses que realizó Citizen Lab, el cual es un laboratorio de investigación interdisciplinario de la Universidad de Toronto, Canadá, que se enfoca en el estudio de la intersección entre las tecnologías de la información y la comunicación, los derechos humanos y la seguridad global, investigando hechos de censura, represión y abusos en línea contra la sociedad civil por parte de empresas y gobiernos.

A los meses de que Raymundo solicitó el apoyo de técnicos de Citizen Lab, aconteció una filtración de correos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional en donde se reveló que las conversaciones privadas de la víctima habían llegado hasta el mismísimo General Luis Crescencio Sandoval, entonces titular de la dependencia en cuestión.

La filtración dio a conocer que no solo Ramos había sido espiado, sino también periodistas del medio Animal Político y defensores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: lo común en todos los casos es que fueron espiados por estar relacionados con investigaciones sobre abusos cometidos por las Fuerzas Armadas Mexicanas.

A pesar de las palabras de Sheinbaum, la preocupación en torno a esta ley es más que justificada. Cuando dice que la iniciativa que su gobierno presentó tiene por objeto “hacer más expedita la persecución de delitos de alto impacto”, omite mencionar que como trasfondo se establecerá un cuadro normativo que permitirá llevar a cabo labores de espionaje que, si bien ya se ejercen, ahora tendrán un soporte jurídico que garantizará aún más impunidad en la violentación de los derechos humanos de activistas, luchadores sociales, integrantes del sindicalismo disidente, comunidades indígenas, organizaciones feministas y de disidencias sexuales, defensores de derechos humanos y militantes de organizaciones que se reclaman revolucionarias.

La iniciativa de Ley, en su exposición de motivos (pp. 5-6), señala que busca establecer un “marco jurídico que regule la obtención, análisis, y uso de información para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública a fin de que el Estado Mexicano cuente con herramientas que le permitan combatir la delincuencia… Con ello se busca que la información sea recabada, compilada y procesada en tiempo real, previo análisis y diseño de estrategias, a fin de lograr un mejor cumplimiento de los fines de la seguridad pública y el proceso penal”.

A esto se le suma que, en el Capítulo III de la iniciativa (titulado “De la Interconexión e Integración de la Información al Sistema”), Artículo 8, apartado III (pág. 20), se contempla que la persona titular de la Secretaría [de Seguridad Pública y Protección Ciudadana] le corresponde la atribución de “Requerir a las instituciones de seguridad pública y solicitar a todas las instituciones y dependencias del Estado, así como, en su caso, a entes privados, la interconexión o el envío de información en materia de seguridad pública contenida en: registros vehiculares y de placas, datos biométricos, datos telefónicos, registros públicos inmobiliarios y de personas morales y catastros, registros fiscales, registros telefónicos, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de inmuebles, registros de prestadores de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas, y en todos aquellos casos de donde pueda extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones;”

Como lo hemos mencionado en otras notas, esta iniciativa forma parte de un paquete de iniciativas de Ley que avanzan en la profundización de la militarización del país como expresión de las consecuencias de la subordinación económica, política y en materia de seguridad a los Estados Unidos, resultado de la histórica opresión imperialista sobre México y tiene como uno de sus principales objetivos contener el descontento social y hacer avanzar a megaproyectos y medidas antidemocráticas en detrimento de los derechos colectivos de los sectores mencionados anteriormente.

Para hacer frente a esto es necesario impulsar un amplio movimiento democrático contra la militarización y las desapariciones forzadas, que pelee por desterrar de una vez por todas el sistema económico que perpetúa estos pisoteos a los derechos democráticos más elementales.

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