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Eliminación de fideicomisos: pagar crisis económica a costa de derechos humanos

Ante la aprobación de la eliminación de 109 fideicomisos y fondos públicos con que la 4T pretende solventar la crisis económica y sanitaria, diversos sectores, sobre todo de los más vulnerables, han expresado su descontento.

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 16:11

Imagen: Bajo Palabra

En la última semana, la eliminación de los fideicomisos fue un tema que concitó muchas opiniones, particularmente de funcionarios de la 4T, como de la SHCP y Andrés Manuel López Obrador, que salieron en defensa de la propuesta del recorte a los fondos públicos.

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que habrá rapidez y transparencia al entregar los recursos, argumentando que se proporcionarán de manera directa. Mientras que AMLO arguye que se evitarán duplicidades, que habrá transparencia y mayor control de los recursos, pues duda de la calidad de las personas beneficiarias.

Los temas que han puesto en aprietos a López Obrador son los relativos a los derechos a la educación, a la cultura y al deporte, por lo que verificará los recursos que se le destinan. Por ejemplo, critica los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores, pero al mismo tiempo no manifiesta claramente que se van a afectar a decenas de miles de estudiantes y universidades, mostrando las intenciones de seguir atacando la educación superior, que de por sí viene muy golpeada en su sexenio. En ese sentido, la intención de AMLO, lejos de apoyar a los sectores vulnerables y garantizar sus derechos, se reduce a programas sociales que van dirigidos “directamente” a sus bases electorales.

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El descontento

El descontento por los recortes se ha expresado por los sectores afectados y la población, en general en redes sociales, a través de colectas de miles de firmas, en manifestaciones y bloqueos, llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil, de artistas, víctimas de violencia, científicos, deportistas y familiares de personas desparecidas, entre otros.

Entre lo más grave está que, a pesar de encontrarnos en una crisis de derechos humanos en el país, quedan en incertidumbre los recursos para su defensa y protección, como ocurre con el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y quienes recibían sus recursos que, a pesar de haber depositado las esperanzas en AMLO a través de su voto, cuestionan las miles de desapariciones. Los familiares y víctimas de personas desaparecidas se pronunciaron en contra de la eliminación, puesto que implica que miles de víctimas de la violencia y violaciones a sus garantías individuales en este país no puedan acceder a sus derechos.

Aunque se señala que algunos fondos no desaparecerán, está en el limbo el fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes corren grave peligro. Lo mismo ocurre con los recursos que se destinan a atender la violencia contra las mujeres o con el apoyo a familiares de desaparecidos, en este caso, al grado de que pueden pararse las diligencias de búsqueda. A estos reclamos se sumó el de personas adultas mayores que exigen pago del dinero que ellos o sus familiares se ganaron en Estados Unidos cuando trabajaron como braceros.

En este contexto, en el que se aprobó también la eliminación del Fonden, se ha presentado el huracán Delta, que ya tocó México, particularmente el estado Quintana Roo, poniendo en peligro a la población y mostrando que hoy más que nunca urge detener que los de abajo sigamos pagando la crisis.

Mientras tanto, se destinan miles de millones de pesos a la Guardia Nacional, continúan los megaproyectos y se garantiza a los grandes empresarios que no les aumentarán ni un peso en impuestos.

Para que los recursos se destinen a necesidades sociales y no se descargue la crisis económica y sanitaria, en quienes ya se les vulneraron derechos humanos o corren peligro de ello, primero se requiere el aumento del presupuesto para garantizarlos, pues los sectores a los que va dirigido son los más vulnerables.

Por lo que es necesario organizarnos entre los distintos sectores, sumando a las y los trabajadores, las mujeres y la juventud precarizada, exigiendo que quienes deben pagar esta crisis son quienes se han beneficiado con ella, con impuestos progresivos a las grandes empresas y dejando de pagar la deuda externa.






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