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12 de enero de 2022 Twitter Faceboock

Cómo la cuestión energética en Argentina puede ser clave en las luchas sociales que vendrán
Jorge Galmes Aguzzi

En un contexto internacional con profundas dificultades para el abastecimiento energético, el Gobierno argentino quiere avanzar en tomar medidas que impactarán negativamente sobre los sectores más desprotegidos incluido el medio ambiente, profundizando de esta manera las políticas extractivistas.

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En Europa la crisis energética ha ocasionado el encarecimiento del precio de la electricidad y del gas a niveles alarmantes. Así, por ejemplo, de acuerdo con datos publicados por la compañía European Power Exchange, mientras que para el año 2020, el precio del megavatio-hora no superó los 50 euros; para el año 2022 se espera que alcance un valor de casi 200 euros. Este y otros factores (entre los cuales se encuentra la pandemia) está generando un aumento en la tasa de inflación en Europa en torno al 5% duplicando la meta establecida por el Banco Central Europeo.

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Frente a este panorama, la Argentina no ha enfrentado por el momento restricciones energéticas de consideración, pero para el año 2022 la situación puede cambiar. Aunque puede resultar para el Gobierno (sobre todo el sector vinculado al ministro Kulfas) una victoria el haber puesto en marcha el Plan Gas.Ar en Vaca Muerta, éste no sólo resultará insuficiente para abastecer a la demanda proyectada, sino que peor aún, será uno de los puntos de conflicto que tendrá que enfrentar Alberto Fernández en su agenda política. La necesidad de llevar adelante ajustes tarifarios y el daño ambiental catastrófico que Vaca Muerta está ocasionando, van a constituirse en focos de conflicto y de reclamos sociales.

Analicemos brevemente primero el daño ambiental. La técnica para la extracción del petróleo y del gas no convencional presente en Vaca Muerta, denominada como "fracking", no es ni más ni menos que la política extractivista llevada a su extremo. Para poder extraer el "shale gas" presente en estas reservas se lleva a cabo la voladura de los suelos y la introducción en los pozos de millones de litros de agua liberando sustancias sumamente tóxicas en el aire. De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Energía, desde el comienzo de las perforaciones en Vaca Muerta en el año 2010 hasta el año 2020, se llevan consumidos 23 mil millones de litros de agua dulce. Frente a esta subsunción de la naturaleza a la lógica predatoria del capital, se declara en julio de este año la emergencia hídrica por la bajante del Río Paraná (la que alcanzó su nivel más bajo en más de 70 años) la cual afecta de manera directa a ocho provincias.

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La contaminación de los suelos producto del "fracking" es también alarmante. A través del agua que vuelve hacia la superficie (o "flowback") se vierten en el medio ambiente sustancias sumamente tóxicas. Incluso con el tiempo aquellas sustancias que retornan al pozo pueden terminar en reservas de agua atentando contra el consumo saludable de la población. Del mismo modo, la cantidad de residuos (aceites, radioactivos, cenizas, patogénicos, entre otros) abandonados en la superficie productos de la extracción de los hidrocarburos está ocasionando una contaminación sin precedentes en la zona de Vaca Muerta.

Tampoco con el Plan Gas.Ar el Gobierno tiene garantizada la provisión de gas suficiente para abastecer el consumo en el año 2022. Esta dificultad va a implicar, por un lado sostener - o incluso aumentar - el volumen de importaciones de gas licuado (GNL) en un contexto de alza de precios como el ya mencionado y frente a las exigencias de un acuerdo inminente con el FMI que va a exigir seguramente reducciones en los subsidios a la energía como forma de disminuir el déficit fiscal; por el otro, sostener los precios del sector energético como forma de asegurar el nivel de inversiones, aunque siempre con el límite de no impactar demasiado sobre la tasa de inflación proyectada para el año 2022 por encima del 50%. En este falso dilema, está claro cuál va a ser la decisión que tomará la política económica.

Sin embargo, en relación a la inflación, el Gobierno ya ha dado sobradas pruebas de que antes que mejorar el ingreso de los sectores más desprotegidos de la población (salarios, jubilaciones, planes sociales, entre otros) seguramente garantizará el sostenimiento de las tasas de ganancias de las empresas proveedoras de energía. Mientras el salario mínimo y las jubilaciones están en niveles de indigencia, el problema en torno a la crisis energética que se aproxima será resuelto vía incrementos de las tarifas, en sintonía además con las exigencias que el FMI impondrá en el marco de un nuevo acuerdo con la Argentina.

Para comprender algo de lo que está sucediendo en relación a la cuestión energética en el mundo resulta esclarecedor citar a Jacob Morris (economista marxista inglés) quien sostuvo en la década de los setenta - en pleno auge de la crisis del petróleo que llevó a los EEUU a abandonar el patrón cambio oro - que la inflación era el resultado de: "[una] interminable estimulación del moribundo sistema de capital monopolista por inyecciones aún más fuertes de drogas monetarias y fiscales antidepresivas”.

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Para el año 2022, es de esperarse entonces que las luchas sociales tengan de fondo niveles de inflación en ascenso producto entre otros factores del ajuste de las tarifas

energéticas y del encarecimiento de los productos básicos, pero además (y tal cual lo ocurrido en Chubut hace unos días) sean organizadas en defensa del medio ambiente y en contra de la depredación capitalista de los recursos naturales. El único límite que podrá imponerse a la política extractivista del Gobierno serán la luchas y los reclamos sociales organizados por parte de la población argentina.

 
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