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27 de octubre de 2021 Twitter Faceboock

JUICIO EXPRESIDENTES
Consulta de juicio a expresidentes costará más de 500 millones de pesos
Lucy González

Después de las polarizadas elecciones del 6 de junio y la complejidad del escenario político nacional, el presidente López Obrador anunció la aplicación de la consulta popular para enjuiciar a los cinco últimos expresidentes por “crímenes contra la patria”.

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Dicha consulta fue avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado y recientemente fue anunciada su aplicación a principios de agosto del presente. La propuesta del presidente López Obrador busca someter a consulta popular el juicio a los últimos cinco ex presidentes del país responsables, no solo de la entrega histórica de las riquezas naturales y humanas de México al imperialismo estadounidense, sino también de crímenes y masacres terribles en nombre de la “Guerra contra el Narcotráfico”.

La consulta popular estará a cargo del INE, quien convocará a la ciudadanía que participó en las elecciones del 6 de junio para su aplicación y que tendrá un costo de más de 500 millones de pesos. Los representantes de los partidos del régimen no podrán participar en la consulta como observadores.

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Posterior a la consulta, se abrirá el periodo de impugnación a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según los resultados de la consulta, si más del 40% de la ciudadanía se pronuncia a favor del juicio a expresidentes, será tarea de la Suprema Corte determinar qué procede para ejecutar el mandato popular, al igual que en el caso de que la participación sea menor al 40%.

Es decir, a pesar de que esta consulta intenta responder a un profundo e histórico descontento hacia los gobiernos del PRI y el PAN, termina siendo una simulación, pues no serán los trabajadores y sectores populares quienes juzguen y determinen si debe haber castigo para los expresidentes, sino la SCJN, que ha sido comprobado que no es ningún sujeto imparcial en el asunto.

El cinismo de la derecha y la 4T

Expresidentes como Vicente Fox Quesada, despotricaron contra AMLO y le reprocharon en redes sociales por el repunte de la violencia durante su gobierno. Nada más cínico y oportunista, viniendo de políticos que se beneficiaron de la política de militarización en los últimos años y que durante sus mandatos, ordenaron represiones brutales contra el pueblo trabajador, como fue el caso de Atenco por mencionar uno de muchos ejemplos en los sexenios anteriores.

Por su parte, referentes de MORENA y la 4T se pronunciaron al respecto de la consulta, como el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, quien la calificó como “el ejercicio más democrático en la historia de México”.

Sobre dicha consulta y las afirmaciones a favor y en contra, vale la pena preguntar ¿es necesario someter a consulta popular, la demanda democrática y elemental de justicia para las miles de víctimas que la violencia y militarización ha dejado en las últimas décadas?

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La pelea política rumbo a 2022

La propuesta inicial de AMLO sobre el juicio a expresidentes, contemplaba que dicha consulta fuera realizada durante los comicios del 6 de junio, con la intención implícita de que ésta fuera también un capital político para su gobierno y partido.

Según analistas políticos la consulta de juicio a expresidentes, expresa también el uso político-electoral de la justicia, del presidente AMLO. Mientras AMLO propone enjuiciar a expresidentes, continúa dejando en la impunidad a los militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y otros muchos crímenes cometidos en sexenios anteriores, a la par de extender la militarización del país y adjudicándoles aún más facultades con la Guardia Nacional

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La consulta entonces, está siendo un instrumento político utilizado por AMLO de cara al ejercicio de revocación de mandato en 2022. Mientras su gobierno y el INE destinarán más de 500 millones de pesos para consultar al pueblo sobre una demanda muy sentida y democrática, continúa la crisis y los ataques a la salud y educación pública en todo el país.

Estas maniobras del gobierno y sus instituciones, de fondo tienen la clara intención de desviar el profundo descontento que continúa recorriendo al país desde el norte hasta el sur.

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Para realmente lograr justicia sobre la entrega de nuestros recursos naturales y para las cientos de miles de víctimas de la violencia y represiones de gobiernos anteriores, no podemos confiar en consultas amañadas y politizadas, sino apostar por la movilización independiente y combativa en las calles, recuperando las mejores lecciones de movimientos anteriores por justicia y contra la militarización tanto en México como en el resto de Latinoamérica.

La justicia, jamás vendrá de los asesinos y mucho menos, de sus cómplices.

 
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