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18 de mayo de 2021 Twitter Faceboock

EDUCACIÓN SUPERIOR
La precariedad de los profesores de la UNAM
Arturo Rendón, Académico de la agrupación Nuestra Clase

Las protestas iniciadas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y extendidas luego a muchas otras, por los profesores de asignatura de la máxima casa de estudios, sacaron a relucir la precariedad y desigualdad que padecen, frente a la élite académica y la alta burocracia universitaria, acaparadoras de beneficios.

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En las últimas semanas, los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron un movimiento para denunciar, en principio, el no pago de sus salarios, en algunos casos durante seis meses o más, lo cual ya de por sí era grave. Con el desarrollo del movimiento iniciado en la Facultad de Ciencias y extendido luego a otras facultades, salió a relucir la precariedad laboral que existe para la inmensa mayoría de los docentes en la máxima casa de estudios. Pues la figura de profesor de asignatura es un mecanismo que niega los derechos laborales para quienes se dedican a esta actividad, entre ellos la estabilidad laboral, el derecho a las vacaciones y a un salario digno.

Es por esa razón que se han organizado asambleas y actividades de protesta tanto de forma presencial como virtuales, ya que no es admisible esta precariedad, pues condena a miles de trabajadores de la educación a no tener las condiciones adecuadas para desempeñar su labor, algo que por sí mismo ya era todo un problema. Pero que se hizo mucho más grande con la pandemia de Covid-19, pues con las clases en línea el costo de lo que se requiere para poder impartirlas se ha transferido directamente a los profesores, ahondando las desigualdades sociales entre este sector de trabajadores de la educación.

La casta dorada de la UNAM

Estas desigualdades se reflejan tanto en el acceso a oportunidades como en el salario de las y los trabajadores, que es un aspecto relevante que permite observar cómo la mayoría de los beneficios son acaparados por un grupo minoritario, que controla tanto la UNAM como otras universidades. Estos grupos se ostentan como intelectuales y poseedores del conocimiento, aunque su verdadera labor es tanto la generación de ideología para justificar el orden de las cosas, como “gobernar” y administrar las universidades con el fin de preservar la educación superior elitizada y la precarización de los trabajadores universitarios. Les podemos llamar alta burocracia académica y administrativa, que existen en todas las universidades del país, no nada más en la Universidad Nacional.

Estas burocracias en algunos lugares son apodadas con el nombre de “casta dorada”, por ser grupos privilegiados de académicos y funcionarios, que concentran la mayor parte de los estímulos y del presupuesto que va a parar a sus sueldos, con frecuencia, aportan poco a la generación de conocimiento o incluso, descargan la mayoría de la carga de las clases sobre los profesores de asignatura. Para darnos una idea, el salario promedio mensual de un profesor(a) de asignatura de la UNAM es de alrededor de 5 mil 195 pesos; el de los investigadores basificados se encuentra entre 12 mil y 35 mil pesos, dependiendo de su categoría; el de un miembro de la casta dorada se encuentra entre los 112 mil y los 160 mil pesos. Dentro de esta élite, existen los eméritos que llegan a percibir hasta 310 mil pesos mensuales.

Esta estructura administrativa que genera tales desigualdades funciona a partir de mecanismos como el control de estas burocracias académicas de los órganos de gobierno, como lo es la junta de gobierno de la UNAM, que nombra tanto a los rectores como a los directores de las facultades y de los institutos y a otras autoridades universitarias. Es decir, ellos se autoasignan sus sueldos mediante estos organismos que son profundamente antidemocráticos, pues excluyen de las decisiones a la inmensa mayoría de la comunidad.

Otro mecanismo que es responsable de semejante acaparamiento es el propiciado por el CONACyT, quien mediante los estímulos a la “productividad científica” va asignando ingresos a los que más tienen mediante el SNI, de modo que los profesores de asignatura nunca logran tener condiciones dignas para competir por ese ingreso. Además de que el mismo reglamento del CONACyT no le permite a los docentes sin plaza alcanzar el estímulo, propiciando la elitización y la privatización de la educación, considerando fructíferos solo a los proyectos que tengan ligazón con la iniciativa privada.

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Este no es un problema exclusivo de la UNAM, se presenta en todas las universidades del país. Para darnos una mejor idea, las cifras del 2020 indican que en México existen 720,788 profesores universitarios, de los cuales 6,937 son de medio tiempo, 48,957 son de tiempo completo y 664,894 son de asignatura. El promedio mensual de los ingresos de cada categoría es el siguiente: un investigador de tiempo completo gana alrededor de 25 mil 700 pesos; uno de medio tiempo es de 12 mil 500 pesos; y el sueldo de un profesor de asignatura es de 400 pesos en promedio. Esa es la magnitud de la desigualdad y la precariedad académica.

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¿Qué necesitamos los profesores universitarios?

Se vuelve indispensable la abolición de las castas doradas de todas las universidades, a partir de un plan de lucha unificado de sus comunidades y de todos los trabajadores del sector, que involucre a sus organizaciones sindicales donde existan para exigir medidas como: que todo funcionario universitario cobre como un docente promedio, lo cual está indisolublemente unido a un aumento salarial de emergencia para todas las y los trabajadores universitarios, que cubra como mínimo el costo de la canasta básica y de los servicios esenciales, actualizable automáticamente de acuerdo a la inflación real. Junto con la abolición del sistema de estímulos y del propio CONACyT, pues es un órgano que propicia la existencia de las burocracias académicas y la injerencia de las empresas privadas en la educación pública.

En ese sentido, se vuelve fundamental la democratización de las universidades suprimiendo las juntas de gobierno y sustituyéndolas por asambleas tripartitas, donde tanto académicos, estudiantes y trabajadores no académicos puedan decidir el rumbo de estas instituciones de educación superior. Como es el reparto equitativo de los recursos para que existan salarios dignos al igual que un reparto democrático de los ingresos para la investigación, la cual debe estar al servicio de los intereses y de mejorar la calidad de vida del pueblo trabajador y no de enriquecer a empresas con los avances tecnológicos.

 
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