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30 de septiembre de 2020 Twitter Faceboock

CORONAVIRUS
Madrid prepara el cierre y restricciones para las grandes ciudades tras rebrote de Covid-19

El gobierno de la conservadora Isabel Días Ayuso en Madrid y el Ejecutivo central del "socialista" Pedro Sánchez acuerdan aplicar nuevas medidas restrictivas para las ciudades que superen los 500 casos cada 100.000 habitantes.

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En plena segunda ola, con la Comunidad de Madrid como foco de la Covid en Europa, el Gobierno central del "socialista" Pedro Sánchez y el autonómico de la conservadora Isabel Díaz Ayuso, vienen tirándose uno a otro las responsabilidades de cómo se ha llegado hasta aquí. Mientras tanto, no han tomado las medidas de fondo necesarias para fortalecer el sistema sanitario, como sería la contratación masiva de personal, la expropiación de la sanidad privada o el fortalecimiento del sistema de transporte. De este modo, las consecuencias del rebrote se vienen descargando en especial sobre los cuerpos de los trabajadores precarios, los barrios obreros y la población migrante.

Tras un acuerdo entre ambos gobiernos, todos los municipios de más de 100.000 habitantes deberán aplicar medidas restrictivas si cumplen las siguientes condiciones: una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, un 10% de positividad en PCR y una ocupación de las UCI superior al 35% en la Comunidad Autónoma. De ser así, deberán limitar la movilidad, restringir los contactos sociales, reducir los aforos y acortar los horarios de cierre para la hostelería.

La Comunidad de Madrid cumple con todas las condiciones, con una incidencia acumulada de 784, una positividad del 20% y una ocupación en las UCI del 41%, por lo que está claro que la ciudad de Madrid será afectada por las nuevas medidas.

Hasta ahora se venían llevando adelante medidas de “confinamiento de clase”, solo sobre los barrios populares con más contagios de Madrid, generaron un amplio repudio en los barrios del sur de la ciudad por ser políticas segregacionistas y represivas. “Puedo viajar en el metro atestado para ir a servir café o limpiar casas al otro lado de la ciudad, pero cuando vuelvo al barrio, no puedo llevar mi hijo al parque porque me multan”, era una de las denuncias más sentidas. A esto se sumó el malestar por la presencia policial en las calles y los controles a la población, con el claro objetivo de amedrentar. Fuerzas policiales que, recordemos, fueron puestas a disposición de Ayuso por el gobierno de Sánchez-Iglesias.

Por ese motivo, “Fuera la policía de nuestros barrios”, fue una de las consignas más escuchadas en las movilizaciones que se realizaron durante los últimos días en el barrio de Vallecas, donde la semana pasada la policía cargó contra los manifestantes.

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Ante la gravedad de la crisis, el Gobierno central y los autonómicos permitirán la contratación de sanitarios sin plaza y extracomunitario, para incorporar rápidamente médicos y enfermeros ante el colapso de los centros de salud. Pero esta medida es solo un “parche”; tomada demasiado tarde, y totalmente insuficiente para revertir la degradación de la sanidad pública, que hoy se agrava ante la crisis de la Covid.

Esta es la situación que están denunciando trabajadores de la sanidad en diferentes puntos del Estado: con la huelga de los MIR en Cataluña, las concentraciones frente a los centros de salud en los barrios de Madrid cada jueves, o las huelgas anunciadas del personal sanitario en varias regiones.

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Mientras tanto, las burocracias sindicales mantienen el pacto social con el gobierno y las patronales para intentar poner parches y “contener” el raudal de la catástrofe social que se ha generado con la pandemia, anunciando la prórroga de los ERTEs y la regulación del teletrabajo. Estas medidas, si bien evitan que en muchos sectores se produzcan despidos masivos de forma inmediata, favorecen en primer lugar a los empresarios, que pueden ahorrarse las nóminas y recibir subsidios, mientras los trabajadores ven sus ingresos reducidos. Pero, además, son parciales y temporales, solo hasta enero. ¿Qué vendrá después? ¿Y qué pasa ahora mismo con los trabajadores que ya están en el paro, que no han recibido ninguna ayuda durante la pandemia, o que no pueden pagar el alquiler y son amenazados con el desahucio?

Lo que se empieza a debatir entre sectores de izquierda, críticos con el gobierno de coalición, es que hace falta un plan de conjunto, movilizaciones, y una huelga general, empezando por la comunidad de Madrid.

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