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24 de noviembre de 2020 Twitter Faceboock

EDUCACIÓN
¿Qué pasa con las Universidades del Bienestar?
Isabel Vega

Hace cinco meses estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) una de las Universidades del Bienestar se fue a paro denunciando las precarias condiciones de su escuela. El reciente informe del Coneval sobre este programa impulsado por el gobierno de AMLO demuestra que las irregularidades que se presentaron en la EDPA son vividas en todas las Universidades del Bienestar.

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Este sábado terminó el paro de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), integrada en el 2018 a las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ).

El paro que duró cinco meses fue votado en una asamblea de más de 300 estudiantes denunciando la incertidumbre sobre los procesos de titulación, la falta de servicios básicos como biblioteca o enfermería, los despidos injustificados de todos los trabajadores administrativos menos una y la precariedad en la que trabajaban los profesores, pues ni siquiera habían sido contratados en el último ciclo.

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Las irregularidades de las Universidades del Bienestar

Hace unas semanas el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval) publicó el primer informe de los 17 programas sociales del gobierno de López Obrador. Entre estos destacan las 100 Universidades del Bienestar por la gran cantidad de irregularidades que han presentado desde su aprobación en diciembre del 2018.

Entre estas irregularidades está la falta de claridad sobre la cantidad de beneficiarios de las UBBJ, pues los informes brindados por el Organismo a cargo de Raquel Sosa varían de entre 14 mil y 45 mil estudiantes, situación que se repite con los profesores contratados.

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Un informe de finales del 2019 por el Organismo Coordinador de las UBBJ, señala que hasta entonces se habían presentado 25 mil estudiantes a las escuelas, pero que sólo 14 100 habían continuado con sus estudios.

Además no hay certeza sobre la cantidad de planteles que realmente han sido construidos, pues en ningún lugar figuran el conjunto de las direcciones de éstos aunque se garantiza que 85 ya están terminados o en vías de construcción.

Otra de las irregularidades es que si bien el programa pretende mejorar las condiciones económicas de poblaciones marginadas a partir de la creación de carreras que respondan a las necesidades sociales y económicas de la zona, no existen diagnósticos para establecer los problemáticas de las localidades y los objetivos de cada plantel.

A esto se suma que gran parte de los planteles no tienen validez oficial ni certificación de estudios, por lo que miles de estudiantes no tienen certeza de que al terminar sus estudios podrán obtener un título.

Pero esto no es todo, respecto al presupuesto destinado a la construcción de los planteles, no hay claridad sobre los criterios para destinar dinero a cada proyecto, sobre cuánto presupuesto se utilizó para comprar materiales o para la contratación de personal.

Ante estos señalamientos, Raquel Sosa, titular del Organismo Coordinador de las UBBJ dijo que los evaluadores habían hecho su trabajo con prejuicios y que no entendían el proyecto por lo que rechazó las recomendaciones del Coneval. Esta actitud de la funcionaria que ha estado al lado de AMLO desde el 2008 no es nueva.

Durante los meses de paro en la EDPA, la actitud de Sosa fue negar las carencias de la escuela, amenazar a los estudiantes organizados sobre las consecuencias legales y académicas que tendría su lucha y criminalizarlos abiertamente declarando que no reconocía el paro y que respondía a intereses personales de quienes lo mantenían invisibilizando que fue la comunidad en su conjunto la que votó el paro de manera democrática.

Las UBBJ y el ataque a la educación

Las irregularidades de las Universidades del Bienestar no responden únicamente a una mala gestión del proyecto. El gobierno de López Obrador le ha apostado a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando vida como la principal política para hacerle honor a su discurso de gobernar para el pueblo. Pero, como el resto de estos programas de la 4T, esconde una serie de contradicciones importantes.

La primera de estas es que, mientras se habla de la universalización del acceso a la educación a partir de la construcción de estas 100 universidades, el presupuesto a este sector sigue siendo recortado como en el caso de la UPN, el IPN, el Instituto Mora, el Colmex, mientras se mantienen a las 11 universidades en quiebra sin ningún plan de rescate.

Es decir, las UBBJ son más bien un aliciente frente a la terrible situación de la educación pública que recae principalmente en los trabajadores de la educación que ven sus condiciones trabajo cada vez más precarizadas y en los estudiantes que en universidades como la Autónoma de Coahuila, se les imponen cuotas de inscripción de más de 4 mil pesos.

Otro aspecto, relacionado con el anterior, es que este tipo de programas resultan mucho más baratos que un aumento presupuestal al conjunto de la educación pública, pero a la par tienen un alcance mucho menor. Estos proyectos se ven fuertemente limitados por la crisis económica que a nivel internacional se vive y que, aunque el gobierno busca negar, se evidencia con el recorte del 75 % a diferentes dependencias estatales.

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El problema acá, es que el recorte golpea incluso sectores como la salud pero no le pone ni un dedo encima a las Fuerzas Armadas, las millonarias ganancias de los empresarios, los altos sueldos de los funcionarios ni a la ilegítima deuda externa que por lo contrario sigue aumentando.

En la pandemia continúa siendo urgente la lucha por la educación pública y gratuita

No es posible hablar de que las UBBJ combaten la falta de acceso a la educación en el país cuando no hay claridad sobre cuántos planteles están en funcionamiento ni a cuántos jóvenes se está atendiendo, cuando las becas no están llegando al conjunto de los estudiantes y muchos de ellos ni tan siquiera tienen seguro facultativo como denunciaron los estudiantes de la EDPA. Medidas que ante la pandemia se hacen aún más urgente pues son millones de jóvenes que han tenido que dejar sus estudios por falta de recursos y que por lo mismo no tienen manera de enfrentarse al covid o cualquier otro problema de salud.

Tampoco hay manera de garantizar una educación que le dé respuesta a las problemáticas sociales cuando se mantiene a los docentes en condiciones de precariedad y se despide injustificadamente a los trabajadores, pues la precarización que reproduce el gobierno con sus empleado es la principal problemática social que se vive a nivel nacional.

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El paro de cinco meses de los estudiantes de la EDPA marca los primeros pasos para que los estudiantes, trabajadores y profesores de las Universidades del Bienestar avancen en la organización al interior de sus escuelas, para exigir claridad sobre el destino de los recursos, la construcción efectiva de los planteles prometidos, la basificación de todo el personal con las prestaciones de ley y una beca universal, así como seguro facultativo para todos y todas las estudiantes. De la mano de tejer alianzas con el resto del sector educativo, empezando por los trabajadores.

Pero hay que ir más allá, la pandemia está funcionando como excusa para que este gobierno recorte cada vez más nuestro derecho a la educación: según informes de la SEP y la ANUIES se ha reducido de forma importante la cantidad de estudiantes que se mantienen tomando clases en línea y serán mucho menos los que vuelvan a las aulas en el próximo ciclo escolar.

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Debemos seguir el ejemplo de los estudiantes de la Ponciano Arriaga y de la Universidad Autónoma de Coahuila y a nivel nacional organizarnos de manera independiente al gobierno y los partidos del régimen para imponer un presupuesto del 10% del PIB a la educación, para que así puedan construirse más planteles y no volvamos al hacinamiento en las aulas. También comedores, transporte y dormitorios subsidiados y sin ningún tipo de cuotas para que el acceso a la educación sea realmente gratuito y sea el 100% el que pueda volver a las aulas pero que además las matrículas puedan ampliarse. Este presupuesto debe venir de reducir a 0% el presupuesto de las fuerzas represivas que asesinaron a Giovanni en Jalisco y del fin del pago a la deuda externa, de la mano de imponer impuestos especiales a las grandes fortunas como las de Slim y Salinas Pliego.

Para esto es necesario que la juventud nos organicemos con los trabajadores de la educación que en universidades como la UACM y Chapingo están dando importantes luchas, y con otros sectores como las trabajadoras de Notimex y General Motors que enfrentan los despidos y la precarización impuestas por este gobierno y su alianza con los empresarios. Asiste al Encuentro Nacional Contra la Precarización y los despidos este 1 y 2 de agosto donde estarán estos y muchos otros sectores en lucha como los propios estudiantes de la EDPA. Inscríbete aquí

 
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