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Domingo 18 de Agosto de 2019

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UNIVERSIDAD
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: ¿daños por 250 mil pesos?

El martes pasado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en donde dio a conocer que en el paro realizado para exigir justicia por el asesinato de nuestra compañera Aideé Mendoza, presuntamente se realizaron daños al patrimonio por 250 mil pesos.

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El martes pasado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en donde dio a conocer que en el paro realizado para exigir justicia por el asesinato de nuestra compañera Aideé Mendoza, presuntamente se realizaron daños al patrimonio por 250 mil pesos.

El comunicado de la FCPyS es contundente, exige a las autoridades de la Ciudad de México “que realicen una investigación clara y profesional” sobre lo ocurrido el pasado 29 de abril cuando una estudiante de CCH- Oriente perdió la vida luego de recibir un impacto de bala, al interior de su salón de clases.

Este comunicado nada dice acerca de la ineptitud con la que actuaron las autoridades universitarias, que en su intento por ocultar lo ocurrido, no permitieron el auxilio médico inmediato que pudo haber salvado la vida de Aideé, y una vez ocurrido el deceso, entorpecieron los protocolos básicos que hubieran permitido a los peritos esclarecer los hechos.

El caso de Aideé se sitúa en medio de la turbulencia que atraviesa la Universidad Nacional Autónoma de México, que entre casos de violencia, desvío de recursos y antidemocracia, ha tenido como consecuencia procesos de organización por parte del estudiantado, trabajadores y académicos.

Así ocurrió luego del asesinato de la estudiante, que dio lugar a asambleas en varias escuelas y paros de labores en algunas facultades. Tal fue el caso de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que realizó un paro total de actividades, desde las 7 de la mañana del jueves 2 de mayo, hasta las 9 de la noche del día siguiente, tiempo en el que las instalaciones quedaron bajo el resguardo total de los estudiantes.

Seguridad cómo y para qué

El comunicado de la facultad condena los daños al “patrimonio universitario” tachándolos de “ilegítimos e ilegales” y haciendo un llamado al estudiantado a que condene estos hechos. Llama la atención que las autoridades de la facultad expresan bastante indignación y llaman al cierre de filas en la base estudiantil, como no lo hicieron con el asesinato de Aideé, por ejemplo.

Aún no se ha dado a conocer en qué se reflejan los daños ocasionados, sin embargo la facultad informó que las pérdidas suman 250 mil pesos. La pregunta es ¿qué puede costar tanto dentro de la facultad? En redes sociales se ha difundido la versión de que los daños se realizaron al equipo de cámaras colocado recientemente dentro de las instalaciones de la facultad. Pero vamos por partes.

En primer lugar, estas cámaras fueron colocadas sin la aprobación de la comunidad, más allá de la realización de foros y difusión de publicidad en donde se anunciaba la medida por parte de las autoridades, desde el semestre pasado.

Trabajadores de la facultad han denunciado que cuando llegaron a cuestionar la medida, y en todo caso solicitar acceso a las grabaciones como parte de su materia de trabajo, Arturo Chávez, secretario general de la FCPyS argumentó que “ya la comunidad estudiantil estaba informada y de acuerdo con las cámaras.”

Sin embargo, el rechazo se ha expresado por parte de estudiantes, trabajadores y académicos que conocen bien el uso que se le ha dado a estas herramientas para hostigar y controlar a los sectores organizados. Como fue en 2014 cuando estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras descubrieron una cámara inventariada por la Universidad, que desde la oficina de dirección, documentaba las asambleas que se realizaban por Ayotzinapa.

Por otro lado, el discurso de que son colocadas para salvaguardar a la comunidad se ha visto una y otra vez rebasado, con casos ya por demás conocidos como el feminicidio de la estudiante de arquitectura Adriana Morlett, quien fue vista por última vez dentro de las instalaciones de la Biblioteca Central y cuyas grabaciones nunca fueron brindadas a las autoridades correspondientes para la investigación, o el caso de Lesvy Osorio, cuyas grabaciones tardaron meses en ser entregadas y cuando por fin se tuvo acceso, éstas habían sido alteradas.

La realidad es que estas cámaras, colocadas dentro de la facultad en lugares donde facilitan el control de la comunidad, como la rampa de ingreso y frente al jardín digital, son parte de la estrategia de seguridad universitaria que emula el plan de seguridad federal, encarnada en la reciente Guardia Nacional, que mediante el aumento de policías y militares pretende "hacer frente" a la ola de violencia que se vive en el país y que hoy nos alcanza dentro de nuestra casa de estudios. Estrategia demostrada por demás fallida con la anterior “guerra contra el narco” de Calderón y Peña Nieto.

¿Daños al patrimonio? Daños que no cuestan tanto

Con los antecedentes de estos mecanismos es natural que exista rechazo por parte de estudiantes, trabajadores y académicos a las cámaras como estrategia de seguridad. Sin embargo, la pregunta central es ¿por qué una facultad con carencias en acervo bibliotecario e inmobiliario; carente en distribución de becas, comedores económicos para el estudiantado, etc. gastaría 250 mil pesos en cámaras de seguridad?

En una reciente investigación, Contralínea difundió información sobre el uso del presupuesto universitario, en donde da cuenta de que la universidad gasta anualmente 68 millones de pesos en pasajes aéreos y 75 millones más en viáticos, además de gastos delirantes como 4 ceniceros de 9 mil pesos cada uno, y menciona específicamente la adquisición de dos computadoras de 105 mil pesos cada una, para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

De hecho, si tomamos en cuenta que un profesor de asignatura gana 80 pesos por hora, lo que equivaldría a 6,400 pesos a lo largo del semestre, con estos 250 mil pesos invertidos con la única autorización de la autoridades, se podría cubrir el salario semestral de 39 profesores precarizados.

No es un secreto, la administración de Angélica Cuéllar busca dividir

El comunicado lanzado por la facultad el martes pasado a sido replicado por diferentes medios oficiales como Excelsior, El Financiero, El Universal, etc., los cuales reproducen el objetivo inicial de este comunicado: criminalizar a “grupos de estudiantes”, que en realidad podrían ser cualquiera, y desviar la indignación que miles expresamos por el asesinato de Aideé, a la indignación por pérdidas materiales, que si se ven a la luz de lo que esta universidad gasta en trivialidades, parece no ser tanto dinero.

El comunicado se dio a conocer un día antes de que se notificara a 5 trabajadores de la facultad de tener actas administrativas, bajo el argumento de no haber checado su salida el día 2 de mayo, cuando las instalaciones ya estaban tomadas por los estudiantes.

En este contexto, quienes conformamos la Agrupación Juvenil Anticapitalista y la Organización de Mujeres Pan y Rosas, hacemos un llamado a no caer en falsas provocaciones cuyo principal objetivo es mermar la unidad que esta facultad ha demostrado en reiteradas ocasiones, generando confrontación entre estudiantes, y minando la confianza de los trabajadores en los estudiantes, para futuros procesos organizativos.

La situación de violencia que se vive a lo largo del país, y que hoy se vive dentro de la universidad con asesinatos, feminicidios y balaceras como la ocurrida la tarde de este jueves, requiere la más amplia discusión e intercambio de ideas, para hacerle frente.

Es necesario que estudiantes, trabajadores y académicos sigamos nutriendo nuestros propios espacios de organización, de forma independiente de las autoridades, para llevar adelante acciones contundentes. Solo así lograremos hacer frente a la ola de violencia y lograr justicia para Aideé y el resto de nuestras compañeras y compañeros.

 
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