Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU-DH, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, han destacado en su informe preliminar la violación sistemática de los derechos humanos y la impunidad en el caso de los actos de represión de la policía local y federal en Nochixtlán, Oaxaca.
Por medio de testimonios y diversas entrevistas a la población se ha evidenciado -nuevamente- la represión desatada principalmente por la policía federal, violando el protocolo para el uso de la fuerza. Según el cual se establece los procedimientos “permitidos” para enfrentar todo tipo de situaciones sin caer en el uso excesivo de la fuerza, donde se incluye la protección del entorno a hospitales, escuelas o zonas habitacionales.
Dicho informe destaca además que desde las elecciones estatales de 2015, el gobierno de Oaxaca ha dejado en manos del gobierno federal el manejo del conflicto magisterial y el mando de la seguridad pública. Producto de esa política, se ha recrudecido la represión al movimiento social en dicho estado, donde el magisterio ha sido el blanco principal, dejando como saldo decenas de presos políticos y aumentando la represión como lo vimos en la actual coyuntura.
Las violaciones a los derechos humanos de la población durante las protestas del 19 de junio en Oaxaca se documentan en lugares como; Nochixtlán, Huitzo, Telixtlahuaca, Hacienda Blanca y Viguera. El informe de las organizaciones de derechos humanos, resaltan: uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad pública, donde numerosos testigos indican el uso de fases lacrimógenos, detonaciones de armas de fuego y ensordecedoras; detenciones arbitrarias, cuyo ejemplo más significativo se da con la detención de 18 personas en el Panteón Municipal mientras se encontraban cavando la tumba de un familiar; ataque al derecho a la vida a causa del violento operativo, cuyo saldo dejó 8 personas asesinadas -aunque el comité de Nochixtlán ha mencionado a 11 personas en total- y un número de personas desaparecidas por confirmar.
Se agregan también violaciones de los derechos de niñas y niños, con la utilización de armas, helicópteros y de bombas lacrimógenas lanzadas desde los helicópteros, generando terror y miedo en las niñas y niños que estaban con sus padres y de quienes estaban dentro de sus domicilios. En las entrevistas los pobladores indicaron que los gases lacrimógenos cayeron en numerosos domicilios privados donde se encontraban niñas y niños, sufriendo también diversas afectaciones físicas como ardor y sofocación así como graves afectaciones psicológicas.
Finalmente, se incluye la agresión y ataque al derecho a la salud, por las agresiones físicas que sufrieron múltiples personas de la comunidad ocasionando posibles trastornos a la salud, dado el alcance nocivo de las sustancias liberadas en las bombas de gas lacrimógeno. Se pone especial énfasis en la violación al derecho a la salud de la población de las colonias y barrios aledaños, en especial de niños y niñas así como de adultos mayores, quienes estuvieron expuestos a los gases lacrimógenos que fueron arrojados dentro de sus viviendas, quienes días después y algunos a la fecha presentan reacciones de esta exposición como vómitos, diarreas, erupciones en la piel y tos.
Así mismo, se añade que la policía federal trató de obstruir las labores de ayuda humanitaria instaladas en la escuela primaria “María del Carmen Serdán” en donde personas voluntarias se disponían a atender a los heridos. Al no poder ingresar a las instalaciones de dicha primaria, la policía federal optó por arrojar bombas lacrimógenas para provocar la salida de las personas. Se contabilizaron al menos 5 bombas de gas dentro del perímetro de la escuela.
Todos los hechos fueron ampliamente documentados y se dieron a conocer al momento de la represión. Por medio de múltiples enlaces que la propia población oaxaqueña, -entre estudiantes, maestros y población en general- realizaba en diferentes redes sociales se conoció la dimensión del ataque y la masacre del gobierno federal y local en el estado. Mientras los medios masivos de comunicación se dedicaron a tergiversar la realidad, el pueblo oaxaqueño levantaba la voz haciendo que su denuncia traspasara las fronteras del país.
Por ello, los maestros y la población oaxaqueña siguen exigiendo que se haga justicia y se castigue a los responsables intelectuales y materiales de la represión, por lo que han señalado su petición al gobierno para que ofrezca una disculpa pública, como parte de la reparación del daño. A su vez, el magisterio en Oaxaca se encuentra preparando una convocatoria de movilización a un mes de la masacre en donde se espera la participación de numerosos sectores de ese estado. |
