El gobierno de Florida, encabezado por el republicano Ron DeSantis y alineado con el retorno de Donald Trump al poder, inauguran la construcción de un centro de detención para inmigrantes en el corazón de los Everglades, una región de alto valor ecológico y territorio ancestral de pueblos originarios.
Bautizado de manera cínica como “Alligator Alcatraz” —en alusión a los caimanes locales y a la tristemente célebre prisión insular— este proyecto encarna una de las expresiones más crudas de la política antimigrante del imperialismo estadounidense funcional a la división de la clase trabajadora, así como del racismo institucional que criminaliza a quienes se ven forzados a migrar por causas estructurales, muchas de ellas derivadas del saqueo, el intervencionismo y las guerras promovidas por Estados Unidos en América Latina y otras regiones del mundo.
Este nuevo centro de detención no solo simboliza el régimen autoritario y xenófobo en la política migratoria estadounidense, sino que representa también un negocio multimillonario que profundiza la mercantilización del sufrimiento humano. Con una inversión estimada de 450 millones de dólares anuales, financiada con fondos estatales y federales, el centro está siendo erigido sobre una antigua pista militar en la Big Cypress National Preserve, en medio de un ecosistema delicado y vital. Se proyecta que allí se puedan encerrar hasta 5000 personas migrantes en condiciones inhumanas y peligrosas, como parte de una política de “disuasión natural”, donde el entorno hostil con los caimanes y las serpientes resulta ser lo menos peligroso.
Una vez más, el aparato estatal prioriza la persecución, el encierro y la criminalización por encima de necesidades urgentes como el fortalecimiento de la educación pública, el acceso a empleo digno, salud pública y gratuita o la solución estructural a la crisis de vivienda que afecta a millones de trabajadores, migrantes y no migrantes, en todo el país.
Alligator Alcatraz: otro negocio a costa del sufrimiento humano
Lejos de constituir una simple medida de “seguridad fronteriza”, el Alligator Alcatraz se inscribe en la lógica del complejo industrial-carcelario, que domina las políticas migratorias en EE. UU. En este esquema, empresas privadas como CoreCivic, GEO Group y otras similares, lucran directamente con la detención de seres humanos: por cada migrante detenido, estas empresas cobran; por cada día de encierro, aumentan sus jugosas ganancias.
Además, la construcción del centro ha sido impulsada con celeridad y opacidad, sin licitaciones públicas claras ni evaluaciones ambientales independientes, incluso la Guardia Nacional y la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) ya han sido desplegadas para acelerar las obras, que se pretende estrenar a principios de julio, mientras los contratos con compañías privadas se mantienen en secreto, dejando entrever, una vez más, el clientelismo político que vincula al aparato estatal con intereses empresariales alineados al régimen de DeSantis y al trumpismo en ascenso.
Racismo institucional y colonialismo ambiental
La ubicación del centro de detención en los Everglades no es una decisión inocente. Implica una doble violencia estructural: contra las personas migrantes y contra los pueblos originarios, cuyas tierras están siendo avasalladas. Las comunidades Miccosukee y Seminole, que históricamente han habitado esta región, han denunciado la violación de sus derechos culturales y territoriales. Construir una prisión en ese territorio también es una forma moderna de colonialismo, que reafirma el desprecio institucional hacia los pueblos indígenas.
El impacto ambiental, por su parte, es alarmante. Organizaciones ecologistas han advertido que la instalación alterará irreversiblemente el equilibrio del ecosistema, afectando a especies en peligro como la pantera de Florida y diversas aves migratorias. En la lógica de DeSantis, Trump y las corporaciones asociadas, el territorio natural solo vale si puede ser explotado, cercado, asfaltado o militarizado. En este esquema, la vida —ya sea humana o natural— es reducida a un costo o a un número en la hoja de cálculo del presupuesto estatal.
Una política racista y colonialista que debemos tirar con un programa para unir las luchas
El Alligator Alcatraz no es una rareza ni una extravagancia local. Forma parte de un proyecto nacional e internacional de endurecimiento de las políticas migratorias y represión sistemáticacontra los sectores más vulnerables de la sociedad, como venimos denunciando. Bajo el discurso del “orden” y la “seguridad”, el trumpismo pretende consolidar un régimen de persecución y exclusión, donde las personas migrantes, las comunidades negras, latinas, indígenas, LGBTIQ+ y otras poblaciones sean objeto de vigilancia, encierro, persecución y deportación.
La amenaza no es menor, desde su campaña Donald Trump anunció su intención de implementar la mayor redada migratoria en la historia del país, mientras hoy gobiernos como el de DeSantis preparan las condiciones legales, materiales y simbólicas para hacerlo posible. Y no podemos olvidar que los Partidos Demócrata y Republicano comparten responsabilidad histórica en la expansión del sistema de detención y deportación: Obama y Biden también administraron y ampliaron centros de detención, mientras ofrecían un discurso progresista, que no se traducía en políticas reales de protección y dignidad para los migrantes.
Los grandes sindicatos en Estados Unidos han sido, históricamente, cooptados por el Partido Demócrata y no han cumplido un rol a la altura del ataque que sufren los trabajadores migrantes. Es urgente que las bases sindicales rompan con esa subordinación y que se pongan al servicio de la defensa incondicional de todos los sectores oprimidos. Al mismo tiempo, sabemos que la fuerza social para frenar esta ofensiva capitalista existe, somos millones quienes enfrentamos la precariedad, el racismo, el machismo, la opresión estatal y el saqueo ambiental. Pero sin una organización política revolucionaria, sin un partido de la clase trabajadora que levante un programa socialista, anticapitalista e internacionalista, estas luchas corren el riesgo de ser fragmentadas o absorbidas por el régimen estadounidense actual.
Frente a esto, es urgente levantar un amplio movimiento siendo miles en las calles en unidad con las comunidades migrantes, los pueblos originarios, las mujeres y la juventud rebelde a ambos lados de la frontera, en lucha por derechos plenos para nuestros hermanos migrantes y contra la criminalización de la migración, así como por la defensa de la vida y el territorio.
Un movimiento que se mantenga independiente de los gobiernos en turno y de la derecha, que exija la abolición inmediata del ICE estadounidense, del INM mexicano y de todas las instituciones represivas dedicadas a la persecución de migrantes. Que los militares regresen a sus cuarteles.Por el cierre de todos los centros de detención migratoria y por la creación de políticas de acogida gestionadas por comités de trabajadores, migrantes y defensores de derechos humanos.
Por la restitución de tierras a los territorios de los pueblos originarios, con pleno respeto a su autodeterminación y prohibición inmediata de toda actividad extractivista o militar en sus territorios. Por la nacionalización sin indemnización de las empresas del complejo industrial-carcelario, como CoreCivic y GEO Group, bajo control de los trabajadores y las comunidades afectadas para poner fin al negocio carcelario y fronterizo que lucra con las vidas de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Por un plan de obras y servicios sociales financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y corporaciones, para garantizar la vivienda, educación, salud y empleo digno para toda la clase trabajadora, sin importar su estatus migratorio. Contra el ecocidio y por el libre tránsito y sin fronteras para todo aquel que migre. Por un mundo sin fronteras, sin racismo y sin explotación.
Todo esto puede garantizarse con la huelga general y paros laborales impulsados desde las bases de los sindicatos, en alianza con organizaciones migrantes, contra la criminalización, persecución, detención y deportación de las y los migrantes. Formemos Comités de autoorganización en centros de trabajo, barrios, escuelas y comunidades, que sirvan de base para una coordinación nacional e internacional de lucha.
Porque ante su política de odio, la clase trabajadora tenemos la fuerza de la organización colectiva, la memoria de las luchas y la convicción de que otro mundo, sin jaulas ni muros, es posible y necesario. |
