Economía

PANORAMA ECONÓMICO

Tiempos de recesión: analistas prevén baja de 14% del PIB para segundo trimestre

Analistas consultados por el Banco de México dieron un pronóstico sombrío que significará más pobreza para amplios sectores. Para que la crisis no la paguen las familias trabajadoras hace falta un plan obrero de emergencia.

Bárbara Funes

México D.F | @BrbaraFunes3

Martes 5 de mayo | 20:06

De acuerdo con la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado correspondiente a abril la actividad económica se contraerá 14 % en México en el segundo trimestre de este año, lo cual de concretarse será una histórica. Se estima además que la recesión actual se extenderá hasta el primer trimestre de 2021.

Para el tercer trimestre de este año se espera una caída de 7.6 %. Esta tendencia negativa se limitaría a 4.5 para el cuarto trimestre y a 1.85 para el primer cuarto del 2021.

Según el sondeo citado, se prevé que para finales de 2020 la tasa de desempleo llegue a 5.95 %, un aumento de 1.2 puntos porcentuales respecto a la encuesta de marzo.

Los economistas sostienen que la recesión es consecuencia de las medidas de distanciamiento social y el paro de actividades no esenciales para mitigar la expansión de la covid-19. Sin embargo, la pandemia no hizo más que acelerar las tendencias que ya estaban en curso: enlentecimiento del comercio internacional, caída de los precios de las materias primas y crecimiento vegetativo.

Se trata de una combinación nefasta para una economía dependiente de maquinaria e insumos que llegan del exterior, cuyo sector estrella era la industria automotriz, uno de los más frenados ante la pandemia por no tratarse de productos esenciales, mientras el gobierno apostó a la producción petrolera, una materia prima jaqueada por la sobre oferta en el marco de la parálisis de gran parte de la producción mundial.

La crisis de la economía mexicana y el choque del coronavirus

La llegada de la recesión

En el primer trimestre del año, la economía mexicana decreció un 1.6%. Según Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sector industrial - un tercio del PIB- fue el que más se redujo, un 3.8%, mientras que los servicios registraron también una contracción de un 1.4%.

Es el quinto trimestre consecutivo en el que se contrae, algo que no sucedía desde 1986, cuando se combinaron la crisis de la deuda y la del petróleo, provocada por una baja de los precios internacionales de los hidrocarburos, durante el gobierno de Miguel de La Madrid.

Enrique Cárdenas Sánchez, un economista para nada sospechoso de marxista, dedicó unas líneas a describir el costo social de la combinación de esas crisis: se detuvo la reducción de la pobreza, se contrajo el crecimiento de las clases medias y se contrajo el gasto social, aumentaron las defunciones infantiles por desnutrición y los hijos de personas con educación superior tuvieron una escolaridad inferior a la de sus padres. [1]

Pero más allá de las previsiones económicas, gráficas y estadísticas, está la vida de millones de trabajadoras, trabajadores y sus familias.

Sólo en el sector informal laboran más de 30 millones de personas, las cuales cada día de la jornada nacional de sana distancia han enfrentado difícil decisión de salir a ganarse el pan o resguardarse en casa, en el marco de la crisis sanitaria y las medidas a todas luces insuficientes que llevó a cabo el gobierno de López Obrador.

A su vez, quienes laboran para empresarios como Ricardo Salinas Pliego, se enfrentan a la desidia patronal, que prioriza sus ganancias por sobre las vidas humanas, cuando no pertenecen a los sectores esenciales. La patronal de la industria maquiladora no se queda atrás: despide y suspende, recorta salarios y busca avanzar en la explotación con total impunidad ante la mirada impávida de López Obrador.

El gran confinamiento puso en evidencia que es la fuerza de trabajo de millones de hombres y mujeres la que crea riquezas y mantiene en marcha el mundo. Pero son quienes pueden ser sacrificados por los empresarios en el altar del gran capital.

Por un plan de emergencia

Para que la crisis no la paguen las y los trabajadores, es necesario imponer un programa obrero de emergencia que obligue al gobierno a prohibir los despidos. Cada empresa que despida, cierre o suspenda debe ser expropiada sin pago, y sus trabajadores, organizados desde las bases, deben valorar si producen o no bienes y servicios esenciales y, de no hacerlo, si se puede reconvertir la producción para contribuir al combate de la pandemia.

A su vez, en los sectores esenciales, la patronal -sea el sector privado o el Estado- debe garantizar que todas y todos los trabajadores cuenten con los equipos de protección personal que requieran y tests masivos y periódicos para evitar una mayor propagación de la covid-19.

El gobierno debe dejar de solapar a los empresarios como Salinas Pliego, y establecer que todas las empresas paguen los salarios al 100% a todas y todos los trabajadores del sector privado. Es necesario que el gobierno garantice licencias al 100% a todas las personas que laboran en el sector público y pensiones para todos los adultos mayores que cubran sus necesidades básicas, como vivienda, vestido, calzado, alimentación, esparcimiento y servicios de salud de calidad.

Para garantizar fondos suficientes para todo esto y reforzar el presupuesto del sector salud, es necesario que el gobierno establezca impuestos especiales a los magnates como Carlos Slim y Germán Larrea, que deje de pagar la fraudulenta deuda externa y reasigne las partidas presupuestaria del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para combatir la pandemia.

Todas estas medidas son parte de un programa anticapitalista y antiimperialista para que la clase trabajadora y los sectores populares no paguemos la crisis, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias.

Diez medidas a favor de los trabajadores para enfrentar la crisis del COVID-19



[1Enrique Cárdenas Sánchez, El largo curso de la economía mexicana, Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México, Ciudad de México, 2015, p. 688.





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