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Red Internacional

La crisis de sequía en Nuevo León derivó en medidas drásticas de la administración del servicio hacia la población trabajadora, mayor recorte de horarios para recibir agua, sanciones por su desperdicio y disminución del horario escolar; sin embargo, se sigue permitiendo la sobreexplotación de las grandes empresas.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 8 de junio | 23:52

Así lo denunció Juan Carlos Armadillo, líder del colectivo “Encabronados.com”, quienes se manifestaron junto con la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos de Nuevo León y habitantes de los municipios Ciénega de Flores y Zuazua, el sábado 4 de junio.

Bloquearon durante unas 7 horas la carretera a Nuevo Laredo -a la altura del entronque a General Zuazua-, en demanda del restablecimiento del servicio, debido a que llevaban de 6 y hasta 15 días sin agua.

Esto, luego de la entrada en vigor del nuevo horario de suministro de agua en el área metropolitana de Monterrey y periferia, que se redujo de las 4am a las 10 de la mañana debido a la dura escasez que presenta la entidad.

Sin embargo, usuarios de distintos rumbos de la zona metropolitana, afirmaron que no se cumplió el nuevo programa de racionalización del suministro, pues no todos los hogares han sido abastecidos a diario, como lo había anunciado el titular de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal.
Durante la protesta exigieron la renuncia del mandatario por favorecer los intereses de las grandes empresas que acaparan el agua en perjuicio de los consumidores domésticos.

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Son más de cinco millones de habitantes en la zona metropolitana de Monterrey que han carecido del suministro diario de agua desde el pasado mes de marzo.

Al respecto, Armadillo afirmó la necesidad de que las autoridades destinen los pozos y manantiales que explotan los fabricantes de la industria del metal, cerveza y refrescos, así como embotelladores de agua potable, entre otros, para el abasto doméstico, a fin de garantizar este derecho humano fundamental.

Denunció que estos industriales “acaparan y despojan el recurso hídrico de la ciudad mediante el pago de $3000 por las concesiones que les otorgan las autoridades estatales, con las que extraen miles de millones de litros de agua que convierten en productos chatarra que exportan a múltiples países” .

Además, continuó denunciando que, “la afectación es por partida doble [ya que], por los altos costos y elevadas concentraciones de edulcorantes y otras sustancias empleadas en la elaboración de bebidas, estos empresarios empobrecen y enferman a la población, pues muchas familias influenciadas por la publicidad o por la escasez de agua potable, son grandes consumidores de refrescos”.

“Nos quieren hacer creer que los usuarios domésticos dependemos solamente del agua de las presas, cuando en realidad el 50 % se obtiene del subsuelo, de los campos Mina, Santiago, La Estanzuela; pero mucha de esa agua la tienen concesionada las grandes empresas".

De no ser por eso, afirmó “habría suficiente recurso hídrico para brindar suministro por lo menos 18 o 16 horas al día, por lo que se trata de un plan macabro, maquiavélico y criminal cortar el agua como se ha venido haciendo desde el 22 de marzo, y más ahora en que todos los días sólo habrá suministro de cuatro a diez de la mañana, afectando a los niños y adultos mayores, además de hospitales, y escuelas que han tenido que suspender clases presenciales”.

Sobre las medidas punitivas al uso indebido de agua

En redes sociales circulan denuncias por la desigualdad de la repartición del agua, como este tweet que denuncia los recortes del horario escolar, la necesidad de las personas que las lleva consumir agua contaminada mientras la esposa del gobernador de Nuevo León, -la influencer Mariana Rodríguez-, postea fotos en su alberca…

Parece burla o represalia hacia la población que, después de que se difundieran las fotos de “Mariana” en su alberca, el 6 de junio se publicó en el periódico Oficial del Estado de Nuevo León un acuerdo que señala que se aplicarán multas de entre 8 a 10 cuotas, es decir de 769.76 a 962.2 pesos, para usos no autorizados como el riego de jardines o el lavado de automóviles, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el estado de Nuevo León.

Ésta, junto con la Ley de Protección Civil del Estado, da facultad a Protección Civil “para que, en coordinación la Secretaría de Medio Ambiente y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y cualquier otra entidad, dependencia, o Secretaria de la Administración Pública Estatal, lleven a cabo labores de vigilancia, verificación e inspección sobre el uso permitido del agua potable”, asimismo el “levantamiento de actas, evidencias y sanciones a quien desperdicie agua potable”, control que se desarrolla exclusivamente sobre la población.

A los problemas de suministro del vital líquido se sumaron las compras masivas de agua embotellada, lo que ocasionó desabasto y los mercados aprovecharon para establecer un alza en los precios. El costo del garrafón grande aumentó de 43 a 50 pesos mostrando claramente cómo se aprovecha también esta situación para seguir lucrando por parte de las empresas.

La solución debe ser de raíz

Como es costumbre, las salidas que ofrece la administración pública, en el mejor de los casos son a corto plazo y no para resolver el problema de raíz, por un lado, la Comisión Nacional del Agua prometió llevar pipas de otras entidades para que puedan operar en Nuevo León, y por el otro, preparan un bombardeo de nubes con yoduro de plata con un avión del gobierno del Estado en el municipio de Apodaca, para incentivar la lluvia.

El mandatario Barragán Villarreal, por su parte, afirmó que “para llenar las presas es necesario un huracán o una tormenta tropical”, dirigiendo el caso a un fenómeno natural que se puede predecir. Y si bien podría utilizarse este método, la mayoría de las alertas de huracanes que dan los servicios de monitoreo nacionales, son ignoradas por las autoridades hasta que es tarde.

Sin embargo, lo que sí podríamos controlar es la administración de los mantos freáticos, los cuales podrían brindar suficiente agua a las poblaciones que hoy se ven privadas de ella.

Creemos que, lo que queda claro ante esta situación acuciante, es que el abuso y la sobreexplotación del vital líquido no va a solucionarse con el cambio de autoridad al frente de Servicios de Agua y Drenaje en Monterrey, ni en cualquier otra entidad, pues a lo largo de las últimas décadas todos los partidos en el poder, han demostrado que el beneficio de sus gestiones es para los empresarios y poderosos.

Por ello, lo que necesitamos las y los mexicanos, es poner los recursos naturales en manos de las comunidades trabajadoras, los sectores empobrecidos y los pueblos originarios que, como en el caso de Puebla, vienen denunciando el despojo del recurso por parte de empresas cómo Bonafont; para que puedan estar realmente al servicio de satisfacer las necesidades humanas, y ya no para beneficio y lucro de unos cuantos multimillonarios.




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