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Red Internacional

A pocos días de la reapertura de las escuelas, las autoridades educativas han endurecido su política de regreso a la presencialidad al coartar la posibilidad de que las maestras y maestros atendamos al alumnado de forma virtual.

Sulem Estrada, maestra de secundariaAgrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Jueves 26 de agosto | 16:45

Desde que el gobierno federal anunció el regreso a clases presenciales, las autoridades educativas mantuvieron a las maestras y los maestros en la incertidumbre y la confusión.

Cambiaron varias veces las guías de orientación para el regreso a clases, así como las del Consejo Técnico Escolar y, además, cada estado de la república emitió sus propias recomendaciones.

Primó el caos en los Talleres de Capacitación Docente de la semana pasada y fue hasta el viernes, 20 de agosto, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 23/08/21, en el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022.

Este acuerdo plantea las disposiciones generales para la reapertura de las escuelas. No especifica un protocolo ni considera los insumos que se requieren para reabrir de forma segura, por lo que tampoco obliga a las autoridades a dotar a las escuelas de los mismos. Asimismo, no proporciona seguridad ni claridad sobre cómo garantizar que los espacios sean seguros.

Esta confusión e incertidumbre en que la Secretaría de Educación Pública mantuvo a los maestros y maestras no es casual. En cada estado de la república, la información sobre el regreso a clases y los protocolos son distintos. Estados como Nuevo León y Michoacán seguirán con la modalidad de clases a distancia y en algunos otros aún se mantiene indefinido.

Aun en la misma entidad, bajo la premisa de que “llueve, truene o relampaguee se reabrirán las escuelas”, cada una tuvo que definir sus propios protocolos y formas de atención dependiendo de su realidad, pero sin una orientación clara al respecto ni una especificación de las condiciones mínimas necesarias para que la reapertura sea segura. Así, hay escuelas que definen colocar 20 o 25 alumnos en cada salón -sin respetar la sana distancia- pues tienen matriculas de hasta 40 o 50 alumnos por grupo, y otras reabrirán sin contar con termómetros, gel antibacterial o incluso insumos básicos como agua potable.

Esta decisión apresurada e irresponsable responde a la presión del empresariado y de los organismos financieros internacionales que priorizan la reactivación económica, para lo cual es clave la reapertura de las escuelas como parte de la imposición de la “nueva normalidad”.

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A esto hay que añadir que la autoridad ha buscado en todo momento lavarse las manos frente a cualquier tragedia venidera, responsabilizando a las y los docentes, así como a las madres y padres de familia, de los contagios que posiblemente comenzarán a presentarse.

También ha buscado mantener a los docentes divididos y a la expectativa de lo que pueda suceder, tratando de evitar a toda costa que nos organicemos unitariamente y que mostremos nuestro descontento de manera más activa.

¿Y la voluntariedad?

El presidente y la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, han insistido en que el regreso a clases presenciales es voluntario para los alumnos y docentes. Asimismo, han planteado que la prioridad de la reapertura de las escuelas es abatir el rezago educativo. Sin embargo, en los documentos emitidos por la autoridad educativa no solo no se establece la voluntariedad para los docentes, sino que presiona a los padres a volver a la presencialidad al no darles opciones para continuar a distancia.

Así, en los Consejos Técnicos Escolares la mayoría de los directivos no permitieron a las y los docentes organizar ninguna otra modalidad para continuar con las clases, excepto la presencial, de forma que, si las madres y padres definen que sus hijas o hijos no asistan, estos no podrán tener comunicación directa y constante con las maestras y maestros.

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Lo cual se convierte en una presión para que las madres y padres de familia envíen a sus hijas e hijos a las escuelas, dado que aquellxs que, conscientes de la situación de riesgo que existe, prioricen su salud y su vida, no podrán contar con la atención educativa de manera continua, por lo que los estudiantes que no acudan no podrán ejercer su derecho a la educación.

El lema “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” que la Nueva Escuela Mexicana (el proyecto educativo del gobierno de la 4T) decía defender, parece no aplicar cuando se trata de imponer la presencialidad. Esto deja claro que la prioridad de este gobierno no es el interés superior de la niñez, ni abatir el rezago educativo.

Exigimos condiciones seguras

Para Delfina Gómez y López Obrador, la medida no tiene reversa. Sin embargo, el magisterio y las madres y padres de familia comienzan a convertir el miedo y la incertidumbre en organización y han empezado a salir a las calles con la exigencia de condiciones seguras para el regreso.

Así lo hicieron padres de familia en Cuajimalpa, que bloquearon la carretera México-Toluca para denunciar la falta de condiciones para el regreso a clases y exigir presupuesto y mantenimiento para la escuela. También lo hicieron las maestras de las guarderías comunitarias que se movilizaron para exigir presupuesto para cubrir las exigencias que les hacen para reabrir. Lo mismo los maestros y trabajadores del Sutiems, quienes además están sufriendo un ataque por parte de la autoridad del IEMS que se niega a reconocer al actual comité sindical.

Desde la Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase, junto con otras organizaciones, estamos impulsando comités en diversos estados, instituciones y niveles educativos por un regreso realmente seguro, en defensa del derecho a la educación y a la salud.

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El regreso a clases presenciales que nos quieren imponer no es ordenado, responsable ni seguro. La unidad, la organización y la movilización independiente, a lo largo y ancho del país, sin confianza en el gobierno -que ya nos demostró que defiende los intereses de los empresarios-, será la única forma en que podamos detener esta imposición irresponsable, que atenta contra la salud y la vida del pueblo trabajador.




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