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Red Internacional

A varios años de concluir la carrera, estudiantes de las Universidades del Bienestar no cuentan con título universitario, a ello se suman mucha más vulneraciones a sus derechos.

Miércoles 4 de mayo | 20:32

El 29 de abril, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que emitió la recomendación 75/2022 a la directora general del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” (UBBJG), Raquel Sosa Elizaga.

Lo anterior, debido a vulneraciones a los derechos a la libertad en el ejercicio de la profesión y a la seguridad jurídica de tres egresados, quienes iniciaron sus estudios en 2016 en la entonces Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), institución privada que en 2019 se convirtió en la sede Cuauhtémoc de las UBBJG, lo cual generó incertidumbre jurídica por la entrada en vigor de un nuevo Reglamento Escolar y procesos de titulación. Una de las víctimas era una persona adulta mayor, a quien se vulneró por su condición de edad.

Además, el Organismo Nacional incurrió en omisiones -tales como omitir información, dar respuestas incompletas o confusas y no implementar medidas cautelares-, que continúan afectando a las víctimas quienes no pueden ejercer la profesión que concluyeron en el 2019.

Frente a tales hechos, la CNDH recomendó a la directora general del Organismo Coordinador de las UBBJG que se otorgue a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación integral del daño, incluida una compensación justa, y se tramite la inscripción de las víctimas en el Registro Nacional correspondiente, según se establece en la Ley General de Víctimas.

La Comisión Nacional solicitó se envíen los títulos profesionales de las víctimas en forma electrónica a la Dirección General de Profesiones de la SEP, para el registro, conclusión y entrega. Pide el diseño de un protocolo de titulación e impartir un curso de capacitación en derechos humanos.

Vulneraciones sistemáticas en la administración de Sosa

Sosa rechazó la recomendación, porque argumenta que es “mentira” y niega a los quejosos que ingresen a la Comisión de Víctimas. Esto sucede debido a que las recomendaciones no son vinculatorias, es decir, no hay alguna medida que obligue a las autoridades a implementarlas.

Acorde a la Ley de la CNDH, lo conducente sería solicitar que Raquel Sosa comparezca ante el Senado para explicar su negativa, sin embargo, tampoco sería obligatorio para las autoridades del Organismo entregar los títulos y reparar los daños. Por ello, para garantizar los derechos de las alumnas y alumnos vulnerados, no basta con seguir la ruta legal, pues ante el límite de las instituciones, y el rol nefasto que vienen jugando en los últimos años, como en el caso de la CNDH para el cumplimiento de la recomendación, es importante retomar lecciones y los métodos de lucha surgidos en otros procesos en las diversas sedes de las UBBJG, como de la EDPA, donde docentes, estudiantes y trabajadores mediante la movilización y asambleas tripartitas exigieron mejores condiciones, que pueden replicarse entre las comunidades universitarias para discutir las problemáticas y oponer una salida para rebasar la imposición de la titular de Organismo, pues solo de esa forma se garantizaría la reparación y plenos derechos.

Es importante recordar que, durante la administración de Sosa, estás vulneraciones han sido una constante. Basta recordar que, en 2019, en la misma sede la comunidad estudiantil y trabajadora entró en paro debido a las mismas problemáticas manifestadas en la recomendación señalada, despidos injustificados de trabajadoras, además durante este periodo se criminalizó fuertemente a la comunidad estudiantil que encabezó la lucha y finalmente se despidió a todo el personal docente como forma de represión por participar en el movimiento.

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Cada vez se han ido acumulando más atropellos en primera instancia, el desconocimiento de la relación laboral y con ello la negativa de derechos laborales. Luego, en plena pandemia sin seguridad social se les expuso a un riesgo de salud importante. Asimismo, desde 2020 una ola de despidos a nivel nacional dentro de las UBBJG, han originado una serie de demandas laborales ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En este contexto, varias maestras han padecido acoso laboral, además de ser reprimidas por organizarse en fechas como el 8 de marzo, vulnerando su derecho a una vida libre de violencia.

Todo esto hace visible que esta vulneración sistemática, generalizada de derechos humanos y laborales, es producto de una situación estructural cuya columna es la precarización laboral como política aplicada, llevada a cabo por las y los funcionarios de la Cuarta Transformación.

Defensa de derechos por las comunidades universitarias

La política de precarización laboral y estudiantil se reproduce en el resto de las universidades como en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la UNAM, el Instituto Rosario Castellanos, la UAM, la ENAH, entre otras. De fondo, se cruzan el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello es importante la organización dentro y fuera de las universidades para defender los derechos humanos estudiantiles y laborales.

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