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Red Internacional

El pasado lunes 5 de septiembre se llevó a cabo una mesa carcelaria por la liberación de presos políticos en todo el país. Desde Eloxochitlán hasta los Yaquis defensores del territorio y el medio ambiente, todos exigen esclarecimiento y agilidad en los procesos de liberación que prometió la 4T. Llaman a formar parte de la Caravana “Haz valer mi libertad”, que será el siguiente 12 de septiembre de la glorieta de los desaparecidos a la suprema corte de justicia de la nación.

Jueves 8 de septiembre | 19:21

Cada representante, luchadorxs por la liberación, dio un informe de su compeñerx presx. Eloxochitlán, que en su gran mayoría son mujeres mazatecas familiares de los 7 presos, denuncian la negligencia y complicidad del partido de MORENA, por tener en sus filas a una de las responsables del encarcelamiento de los integrantes de la asamblea del pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda Lagunas. Además, las mismas tensiones políticas entre los partidos PRI y MORENA de Oaxaca, frenan la lucha de los familiares.

A parte de los 7 presos de Eloxochitlán, alguien también perteneciente a la comunidad y a la asamblea Ricardo Flores Magón, Miguel Peralta, estudiante y activista de la ENAH que ya había sido encarcelado injustamente 4 años por ser parte de la organización del pueblo, fue reaprendido con una condena de 50 años. La represión y persecución política contra las comunidades organizadas continúa a pesar de una cuarta transformación que se dice respaldar a los pueblos indígenas, pero que de fonde sigue replicando los mismos métodos que los gobiernos anteriores para terminar con la lucha por la autodeterminación de las comunidades.

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Otra ponente fue una familiar de Fidencio Aldama, líder Yaqui, que está preso desde el 27 de octubre del 2016 por defender la tierra contra los megaproyectos capitalistas que despojan de recursos a las poblaciones cercanas, además de sus altos niveles de contaminación. Menciona que el actual gobierno tiene intereses por agradar a la población y eso lo consigue por medio de los grandes proyectos como la termoeléctrica o el “tren Maya”, pero en los hechos estos sólo están cargados de persecución política contra los opositores. Además, la familiar hizo una denuncia contra la Guardia Nacional, uno de los proyectos prioritarios de AMLO, que ahora forma parte de la SEDENA, porque son los cuerpos armados los que ejercen la violencia y represión.

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Por otro lado, también estuvo presente el colectivo de “Presas políticas del EDOMEX”, quienes exigen la liberación de Carla y Magda. La primera es una fotógrafa y diseñadora autogestiva que ha apoyado en distintos movimientos sociales, principalmente de la mujer. La denuncia principal es contra las condiciones de vida que atraviesan en el penal de “Santa Marta”. Por un lado, la prisión no dota de los servicios básicos a las presas, como es el agua, comida, ropa; todo lo tiene que costear la familia. Por otro lado, la violencia que sufren por parte de las autoridades y que todo el tiempo queda impune. Además, estas no tienen juicio ni sentencia, pues están bajo prisión preventiva, demostrando así que esta es la mejor forma de mantener presos políticos sin que haya procesos de liberación. Así, el estado reprime de una forma implacable por medio de su refinando sistema jurídico.

Aún sin sentencias, la situación se vuelve compleja tanto para lxs presxs, como para lxs luchadorxs que exigen su liberación.

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También estuvo presente la “Coordinadora Nacional en solidaridad y por la libertad de presos políticos”. Al final, concluyeron que todxs lxs presxs son políticos por el sistema en que vivimos. Las cárceles sólo están diseñadas para reprimir y contener la lucha de la clase trabajadora, para lxs defensorxs del territorio, para las mujeres doblemente oprimidas, para las comunidades indígenas en lucha. Son instituciones que forman parte del aparato represivo del Estado.

Desde la AJA nos sumamos a las exigencias de liberación, y desde Pan y Rosas también denunciamos que muchas mujeres hoy están injustamente encarceladas por abortar, y que, por trabas legales, son sentenciadas con prisión de hasta 30 años.




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