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Red Internacional

Este lunes 30 de mayo, el Juzgado Primero del Distrito de Yucatán declaró la suspensión indefinida del tramos 5 del Tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum por un amparo interpuesto por la organización civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

Martes 31 de mayo | 15:15

En la conferencia matutina de hoy, López Obrador aseguró que quienes se oponen a la construcción del Tren Maya están financiados por EEUU o por Claudio X González y garantizó que se llevará a cabo la construcción de este proyecto, pues acudirán a otras instancias.

En el mismo sentido que el presidente, el Fondo Nacional para el Turismo (Fonatur), encargado de la obra del Tren y que había emitido el 18 de mayo el Manifestación de Impacto Ambiental en Modalidad Regional (MIA-R), sacó un comunicado este mismo lunes en el que declara que “Fonatur considera que existen suficientes elementos para que la MIA sobre el Tramo 5 Sur sea autorizada, lo cual en su momento permitirá superar la suspensión ‘definitiva’ otorgada por el Juez Primero de Distrito en Yucatán”

Acá te contamos de qué va el MIA-R del 18 de mayo

¿Por qué la suspensión del tramo 5 del Tren Maya?

El primer argumento del Juez Primero del Distrito Primero de Yucatán, fue reconocer la legitimidad de los buzos y espeleólogos que conforman la organización DMAS e interpusieron la demanda para defender el ecosistema de las zonas por donde pasaría el quinto tramo.

En segundo lugar, recalcó que el Fonatur y Fonatur Tren Maya no han cumplido con el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, pues el MIA presentado a mediados de mayo, fue entregado dos meses y medio después de lo estipulado, ya que dicho Manifiesto debe ser emitido antes de que se comiencen las obras.

A esto se suma que a pesar de que en este documento el Fonatur declara que la construcción implicaría riesgos severos para la fauna y flora protegida así como un daño crítico a casi 500 hectáreas de selva, es “ambientalmente viable” continuar con la construcción del tramo 5.

El tercer argumento es que aunque el Fonatur y Fonatur Tren Maya presentaron la solicitud para el MIA, este es tan solo el inicio del procedimiento. Por último, hizo referencia a los daños inminentes e irreversibles para el medio ambiente.

La resolución del juez fue que se “suspenda o paralice cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya, de modo que no se permita la ejecución de obras relacionadas con su construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material”.

Mientras tanto el Fonatur alegó a través de un comunicado titulado como “Continuará obra de Tren Maya para orgullo del pueblo de México”, alegó que el MIA laborado es un “sólido documento que contempla posibles impactos, pero que también prevé abundantes acciones de mitigación en favor del medio ambiente”.

Estas acciones de mitigación se refieren en particular al programa Sembrando Vida, con el cual pretenden reforestar 450 mil hectáreas a lo largo del Tren Maya. Lo que ni el Fonatur ni el gobierno dicen, es que este programa es aplicado a campesinos sin reconocimiento laboral ni derechos laborales, además de que ellos tienen que hacerse de los insumos y herramientas para realizar su trabajo, pues el gobierno tampoco se hace cargo de esto.

Por otro lado, contrario a sus supuestos objetivos, Sembrando Vida ha sido un factor para la deforestación de amplias zonas, como explicamos en esta nota, “tan solo en 2019 fue la causa de una pérdida de coberturas forestales de 72.830 hectáreas.”

López Obrador ha argumentado en diversas ocasiones que el proyecto del Tren Maya busca revertir el abandono de los anteriores gobiernos neoliberales del sur del país, pues estos se centraron únicamente en desarrollar la industria en el centro y el norte. Bajo su lógica, este proyecto llevará desarrollo, trabajo y mayor facilidad de intercambio comercial al sureste mexicano.

Lo que no dice, es que en realidad el desarrollo de megaproyectos como el ahora llamado Corredor Transístmico, fue el sueño de todos los gobiernos anteriores para poder articular el comercio entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, pero no para el beneficio de los pueblos originarios, comunidades, campesinos y trabajadores que habitan el sureste mexicano, sino del empresariado imperialista y nacional.

Lejos del discurso presidencial de beneficiar a la región sureste con esta obra se está beneficiando al sector empresarial, tanto extranjero, como nacional, como el caso de Grupo México, perteneciente a Germán Larrea, mismo que fue beneficiado y obtuvo privilegios de todo tipo durante sexenios pasados, tanto con Felipe Calderón, como con Enrique Peña Nieto.

La 4T viene continuando el modelo extractivista, heredado de hace más de treinta años, donde no solo se despoja a las comunidades originarias, sino también la depredación del medio ambiente. Para frenar de tajo estas políticas, es vital que las y los trabajadores tomen en sus manos la lucha por el medio ambiente y el territorio, en alianza con los pueblos indígenas, científicos y ambientalistas, quienes son los que pueden decidir qué proyectos aplicar de acuerdo con las necesidades de la población sin destruir a los ecosistemas.




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