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Red Internacional

En la actualidad el derecho a la salud no es para todas las trabajadoras y trabajadores, no todxs contamos con acceso al servicio médico gratuito y quienes contamos con ello muchas veces debemos recurrir al sector privado debido a sus carencias.

Jueves 14 de julio | 17:59

Son más de dos años que a nivel mundial llevamos viviendo una pandemia histórica. En nuestro país, esta crisis sanitaria ha tenido grandes efectos en la clase trabajadora. Uno de ellos es el costo económico que ha implicado poder atenderse por contagiarse de Covid-19.

Los médicos y enfermerxs que están en la primera línea para combatir esta pandemia han mantenido su servicio con escasos recursos en los hospitales, debido al poco presupuesto destinado al sistema de salud.

La política neoliberal de desmantelamiento del sector salud ha repercutido en millones de vidas de trabajadoras y trabajadoras. La clase trabajadora que no cuenta con servicio médico vive doblemente las consecuencias de la falta de acceso a la salud.

Según el INEGI, 33 millones de personas no cuentan con ninguna afiliación a servicios de salud pública. En el caso de los trabajadores y trabajadoras derechohabientes que pertenecen al IMSS e ISSSTE, enfrentan múltiples dificultades para acceder y conseguir tratamientos médicos cuando padecen enfermedades graves.

La vida es compleja en estos tiempos, lo cual se agudiza aún más con la pandemia, pues por dar prioridad a ésta se dejaron de atender distintos padecimientos en la población, hay falta de continuidad a sus tratamientos, desabasto de medicamentos, insuficiente atención de enfermedades y acceso a especialidades.

Ahora atenderse una enfermedad distinta al covid-19 es complicado y es de mucha espera, aun contando con servicio médico, como en el caso de las y los maestros de escuelas públicas, que contamos con el servicio de salud del ISSSTE.

Otro obstáculo que atravesamos para recibir atención médica en el ISSSTE es la burocratización del servicio, infinidad de trámites que realizamos para conseguir una cita médica, las enormes filas para recibir medicamento y la programación de citas que regularmente se expiden de manera extendida, y cuando es una enfermedad grave que amerita atención oportuna no es fácil conseguirla de manera inmediata.

Además, para poder agilizar los trámites hay que recurrir al sector privado para tener acceso a citas médicas y paralelamente la realización de estudios que se nos solicitan hay que cubrirlos por otras instancias privadas. Todo esto es costeado por el trabajador o trabajadora en medio de la crisis económica que vivimos. Por supuesto, esta política ha favorecido al sector privado y sus ganancias se han incrementado a costa de las y los trabajadores.

En una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el 72% señala que el último año ha tenido que realizar gastos en salud por cuenta propia a pesar de contar con un sistema de salud pública y el 77% señala que estos gastos han afectado su economía.

Esta clase de dificultades y más es a lo que nos enfrentamos miles de maestras y maestros para poder tener acceso a la atención médica.
Este problema se deriva del poco interés que tiene el gobierno en la salud de la clase trabajadora y por lo mismo del bajo presupuesto que se le destina al sistema de salud pública. Lo que ha dejado a los trabajadores con enormes carencias en materia de salud.

Por ejemplo, sin recursos suficientes en las clínicas y hospitales para poder atender nuestras necesidades, los maestros y maestras nos enfrentamos cotidianamente a esta situación. Y por supuesto, también para las y los trabajadores de la salud tiene importantes consecuencias el bajo presupuesto a la salud, que van desde la falta de insumos y medicamentos para atender y tratar a los pacientes, hasta la carencia de equipos de protección personal (como hemos visto durante la pandemia) y el avance de la precarización laboral en el sector.

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Mientras tanto, el gobierno tiene otras prioridades, como son los mega proyectos como el Tren Maya y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Según Forbes, el presupuesto para el Tren Maya fue modificado a 73 mil 372 millones de pesos, un incremento del 16.5% respecto al aprobado por la Cámara de Diputados. Y el presupuesto para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal es de un total de 64 mil 878 millones 449 mil 331 pesos, que principalmente se destinan a la Guardia Nacional. Recursos que bien podrían destinarse a salud, cuyo insuficiente presupuesto para 2022 es de 816.7 mil millones de pesos.

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Por todo esto, para poder lograr mayor presupuesto al sector salud los trabajadores y trabajadoras de la educación, junto con otros sectores debemos exigir la reorientación del presupuesto y otras medidas como el no pago a la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas. Para luchar por ello necesitamos forjar la unidad con los trabajadores y trabajadoras de la salud para poner en pie un gran movimiento en las calles, por el derecho a la salud para todxs.
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