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Red Internacional

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue un enorme fraude donde los dueños de bancos, aseguradoras y fondos de inversión “quebraron” y fueron rescatados por el Estado mexicano.

Martes 15 de diciembre de 2020 | 20:36

El gobierno de Ernesto Zedillo, del PRI en el apogeo neoliberal, endeudó al pueblo trabajador mexicano con una cantidad enorme que, se calcula, terminaría de ser pagada en 2070, una estafa cuyo volumen no deja de aumentar en el mercado y por la cual ya se pagó más por los intereses que por el monto inicial de dicha deuda.

Hasta el día de hoy, los trabajadores mexicanos seguimos pagando más de 43,000 millones de pesos al año en una deuda que se generó hace más de dos décadas. Los bancos y empresas privadas que “fueron a la quiebra”, lo hicieron justamente a partir de cobrarse los montos que se habían prestado entre ellos mismos, violando leyes y regulaciones, ganando millonarios intereses.

El Fobaproa al rescate de los ricos

El Fobaproa se creó originalmente en 1990. Es un esquema diseñado para funcionar como un seguro para los depósitos bancarios de los ahorradores.

No obstante, tras el “error de diciembre” de 1994, fue utilizado por el gobierno, entonces encabezado por Zedillo, para devolverle solvencia a los bancos y de esta forma proteger el ahorro de los clientes -cuando estos clientes eran precisamente otros bancos y fondos de inversión-. Al ver la posibilidad de tan suculento negocio diversas instituciones financieras se declararon en quiebra.

Al implementarse el rescate se descubrió que algunos de los bancos que se verían beneficiados por el Fobaproa estaban involucrados en casos de fraude, evasión fiscal y malas prácticas bancarias por parte de empresarios.

Entre los casos más sonados estuvieron los de Carlos Cabal Peniche, propietario de Banca Cremi y Banco Unión (hoy es inversionista de Interjet); el fallecido Jorge Lankenau, dueño de Banca Confía y Ángel Rodríguez “El Divino”, propietario de Banpaís.

En la crisis de 1994, el Fobaproa terminó absorbiendo la cartera vencida de los bancos privados en los siguientes años, hasta acumular una deuda de 552,300 millones de pesos, equivalentes al 11 % del tamaño de toda la economía mexicana de ese entonces, por lo cual se convirtió en deuda pública en 1999.

El Fobaproa rescató a una banca que, luego de haberse privatizado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, había hecho jugosos negocios. Una banca que, por otro lado, había sido nacionalizada en 1982 por el gobierno de José López Portillo con fuertes indemnizaciones que terminaron de pagarse hasta 1985 por el gobierno de Miguel de la Madrid, es decir que la banca primero fue “comprada” por el Estado, luego privatizada por decreto de Salinas de Gortari en 1990 y finalmente rescatada por Zedillo.

Así, ante cada crisis estructural y financiera provocada por el capital extranjero, los diferentes gobiernos tomaron diversas decisiones para sostener a los banqueros mexicanos y a los industriales fianciados por ellos.

Una frase común entre capitalistas y patrones es que “cada crisis representa una gran ventana de oportunidad” y sí, en cada una de ellas las medidas gubernamentales los dejó más llenos de billetes a costa del endeudamiento del Estado y las carencias económicas de los trabajadores.

¿A cuánto asciende hoy la deuda del Fobaproa?

En pesos actuales, ajustada al efecto de la inflación, el Fobaproa equivale a más de 1.8 billones de pesos en 2020, el 10 % de la economía actual -el Producto Interno Bruto (PIB), que superó los 18 billones de pesos el año pasado-. Actualmente restan por pagar 890,356 millones de pesos, poco más del 4 % del PIB. Para dimensionar esta cantidad, se debe todavía casi tres veces el gasto en Educación Pública que realizó el gobierno en 2019.

El pago anual de esta deuda que hacemos con nuestros impuestos será de 43 mil millones de pesos en 2020, de acuerdo con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la cual heredó la deuda del Fobaproa en 1999.

La banca fue devuelta a los banqueros entre 1991 y 1992, pero se le dejó operar libremente, sin supervisión ni regulación, por lo que las instituciones financieras otorgaron créditos de forma excesiva, inundando el mercado con financiamientos que no estaban sustentados en la capacidad de pago de sus clientes.

La crisis “del tequila”

Cuando estalla el llamado en 1994 “error de diciembre” -término acuñado por Salinas de Gortari para lavarse las manos de las causas de la crisis y echarle toda la culpa a su sucesor, Zedillo-, el capital golondrino (inversión financiera especulativa) huye del país, se aumenta súbitamente la tasa de interés para detener la devaluación del peso.

Además de que los créditos se volvieron impagables, se puso en riesgo el dinero de los ahorradores mexicanos con la quiebra de algunos bancos. Al reventarse esta burbuja de créditos bancarios, se destaparon malas prácticas bancarias y el desvío de recursos de algunos empresarios dueños de los bancos ¡los cuales ahora sería rescatados!

Aunque entre 1995 y 1998, el Fobaproa intervino a 14 de 18 bancos, no pasaron a ser propiedad del Estado, solo se les rescató apelando a salvar a los ahorristas, cuando en realidad se estaba rescatando a especuladores. Sólo sobrevivieron a la crisis Bancomer, Banamex, Bital y Banorte, los tres primeros posteriormente han sido comprados por el capital transnacional (BBVA, Citibank y HSBC, respectivamente).

En 1998, el gobierno de Zedillo propuso que el Fobaproa se convirtiera en deuda pública, lo cual fue aprobado por el Congreso e instauró el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario) que heredó la deuda bancaria, la cual se seguiría pagando en las próximas décadas.

Otros dos fraudes muy sonados de los años siguientes fueron el rescate carretero en 1997 que costó 165 mil mdp, más de 600 mil mdp actuales ya que el peso de ese momento vale 3.6 veces más que el actual; y el que cometió Vicente Fox, con el PAN en el gobierno -del cual el PRD, su “gran” aliado, fue crítico- entregó un regalo a los empresarios de 27 grandes ingenios al comprárselos por más de 30 mil mdp (110 mil mdp actuales).

La deuda, la banca y el interés popular

Los pueblos latinoamericanos compartimos históricamente una fuerte dependencia de la expasión del capital financiero trasnacional principalmente estadounidense, el cual para enfrentar sus propias crisis no tiene mejor fórmula que ofrecer la “salida mágica” de endeudar más y más a los países de su “patio trasero” latinoamericano.

Esto repercute en nuestro país en el debilitamiento de la estructura productiva -condenada a pequeños nichos de exportación maquilera y la entrega al capital extranjero de las industrias extractivas-, se pauperiza del trabajo y crece la dependencia del conjunto de la economía en la inversión extranjera y el endeudamiento externo. Así, son las grandes transnacionales financieras y sus agentes, las calificadoras de riesgo, como Moody’s, Fitch, HR Ratings, las que empujan para que el gobierno asuma tal o cual política.

La banca “nacional”, dominada por corporaciones bancarias transnacionales, sólo es un apéndice de la extracción de capital basado en la usura que se reparten entre corporaciones, españolas, estadounidenses e inglesas, como en los tiempos de Porfirio Díaz. Una de las principales vetas de la usura bancaria es la mano de obra asalariada, utilizada incluso para soportar a las empresas capitalistas, por la vía de inversiones o la participación en las cotizaciones de la Bolsa de Valores. Nos referimos al negocio de las Afores.

Otra veta es el exacerbado empuje al consumismo a través de las tarjetas de crédito y ventas a plazos con pagos “chiquitos”. Son medidas que nos reducen el margen para solventar las necesidades diarias mínimas y nos convierten en deudores de por vida.

Una banca totalmente diferente

Lo que se necesita es voltear de cabeza el aparato bancario para crear un sistema único de inversión y de créditos que se corresponda con los intereses de las grandes mayorías de la nación. Esto requiere de la unificación del sistema bancario en una Banca Nacional, unificada y nacionalizada.

Sólo la expropiación de los bancos privados y la concentración en manos del Estado, bajo control de las y los trabajadores, hará que el sistema de créditos proporcione los medios necesarios, en moneda firme, y no ficticia: sin depender de los movimientos de las tasas del tesoro estadounidense como ocurre ahora, para la organización de la economía.

Una economía orientada a cubrir las nacesidades de los trabajadores y del desarrollo productivo, en la que la banca jugará un rol fundamental, donde los pequeños depositantes perciban condiciones mucho más favorables que en la banca privada. Una banca estatal que, a diferencia de la de los años 80’s que mencionamos más arriba, pueda establecer condiciones de crédito privilegiado a los sectores campesino, pequeños productores, artesanos y pequeños comerciantes, es decir, crédito accesible y barato.

Sin embargo, unas medidas como estas no estarán dispuestos a implementarlas los viejos políticos de los partidos electoreros que ya conocemos. El PRI y PAN ya lo han demostrado históricamente, los de Morena, aunque critican el Fopabroa y se dicen “antineoliberales” no parecen cambiar de rumbo. Sólo un gobierno de las y los trabajadores, de los que mueven los hilos de la maquinaria productiva de este país podría llegar a esta solución. Pues son los únicos interesados en acabar con la usura bancaria nacional e internacional.




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