Política México

OPINIÓN

¿Qué expresa el motín de la policía federal en la militarización de la 4T?

A todos sorprendió el motín de la policía Federal en el Centro de Mando de Iztapalapa para negociar sus demandas ante el gobierno de la 4-T, manteniendo como rehén a su ex jefa, bloqueando carreteras y vialidades y convocando un paro nacional de policías. Sobre este hecho se han planteado distintas apreciaciones.

Lunes 8 de julio | 13:47

Cuando parecía que el proyecto la Guardia Nacional había sorteado todas las dificultades, e incluso, nombrar –sobre el Congreso- un mando militar, la Policía Federal reaccionó a su integración a la nueva corporación, pues la consideró una imposición del secretario de seguridad y una violación a sus derechos y privilegios. Sobre todo, se opone a la intromisión de los militares en la autonomía que está corporación ha adquirido en los últimos años.

La Policía Federal concentra fuerzas operativas, de inteligencia, comandos especiales, y armamento sofisticado que la hacen una fuerza letal especial del Estado (en el supuesto combate al crimen organizado), que bajo la Cuarta Transformación requiere de un mayor control y centralización. Sin embargo, la forma en que fue tratada por el gobierno y los militares (que implicaban también la pérdida de comisiones económicas), llevó a que el viejo roce que existe entre la Policía Federal y el Ejército fuera más allá de una simple inconformidad.

La protesta policial y López Obrador

Abrió una crisis en el marco constitucional de la 4-T, que no solamente cuestiona las formas impositivas con que gobierna López Obrador, sino la importancia de grietas en los cuerpos represivos del Estado. Esto, en plena estrategia de estabilización política, basada fundamentalmente en la militarización del país, junto con el despliegue de planes sociales como becas para los jóvenes o ayudas económicas para adultos mayores.

No es lo mismo que el Ejército desaloje una huelga de obreros en las fábricas o de una carretera, a que desaloje de sus instalaciones a un cuerpo armado especial como la Policía Federal. En el primer caso, son los recursos “naturales” del Estado a través de sus “destacamentos especiales de hombres armados”; en el segundo, es un enfrentamiento entre esos destacamentos del Estado.

Es decir, así sea una crisis de muy corta duración (ningún federal tenía en mente levantar las armas contra el Ejército), cobra mayor relevancia porque muestra los riesgos que enfrentan los cambios para arribar a un “nuevo régimen” en la visión del presidente de desmantelar las instituciones. Y es significativo porque el motín policial surge en el contexto de un gobierno con mucha legitimidad.

Las limitaciones objetivas de los amotinados y los elementos de crisis planteados

Si bien las exigencias de la Policía Federal causaron preocupación por los métodos utilizados, era poco probable que la sangre llegara al río. Ni los federales -que no expresaron una inconformidad generalizada- tenían los medios para enfrentar al Ejército (mayoritario en la Guardia Nacional) ni el gobierno pensaba profundizar esta crisis con una intervención militar.

Todo lo contrario, AMLO busca estabilizar, en mayor medida recurriendo a la política dado el consenso popular con que cuenta. De ahí la posición de fuerza del gobierno ante los federales inconformes, conocidos como violadores de los derechos humanos.

Y es que la Policía Federal es señalada por masacres como la de Apatzingán en enero del 2015; en Tanhuato, Michoacán en ese mismo año y en Nochixtlán, en 2016. Anteriormente, como Policía Federal Preventiva, esta corporación perpetró la asesina represión en Atenco en 2006, violando además mujeres detenidas. Es también conocida su complicidad con el narcotráfico, por lo que ha creado feudos de mando en esta fuerza.

La inconformidad en la Policía Federal es por su subordinación al Ejército, pues implica perder los feudos de poder logrados estos años. Son intereses materiales que no tienen nada que ver con la política.

La Federal no cuestiona el rol represor del ejército, ni su tarea de contender la migración en las frontera sur y norte de México (patrullando estados, apresando emigrantes, recluyéndolos en centros de detención y deportándolos).

Es una medida de presión para negociar mejores tratos una vez integrados a la Guardia Nacional, pero hoy no obedece a una conspiración política de la oposición burguesa, más allá de la mención a Calderón como instigador de esta insubordinación. A la oposición partidaria no le conviene un marco de inestabilidad política. Todo lo contrario, necesitan de la 4-T para intentar recomponerse en los procesos electorales de su debilidad.

Por su desprestigio ante la población, son los menos interesados en aparecer como instigadores de una crisis política. Esto no quiere decir que no enfrentarán erosionar la legitimidad del gobierno en la medida de sus posibilidades, toda vez que el gobierno atraviesa dificultades en distintas áreas.

Lo que sí quedó mostrado son las contradicciones que enfrenta imponer la militarización al convertirla en Guardia Nacional. Es falso que López Obrador pretenda desaparecer al Ejército, pues es la institución central sobre la que basará su gobierno para imponer estabilidad.

A la que se suma la solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos -con acciones de inconstitucionalidad- sobre la nulidad de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Nacional de uso de la Fuerza Pública, y la Ley Nacional de Registro de Detenciones publicadas el 27 de mayo, lo que dejaría a la Guardia Nacional sin fundamento jurídico para su actuación. Son elementos importantes que plantean un problema para el gobierno en el marco de la legalidad que dice respetar.

No a la militarización, ni Guardia Nacional ni Policía Federal

De acuerdo con Karl Marx, los destacamentos permanentes especiales de hombres armados surgen con el Estado, cuando éste aparece como producto de carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. Antes, al no existir la propiedad privada, no eran necesarios ni el ejército ni la policía.

Engels en 1884 señala cómo desde entonces, la fuerza pública ya no es la población armada, su “organización armada espontánea”, sino “destacamentos especiales de hombres armados” que expresan el monopolio de las armas del Estado y sus intereses de clase.

Vemos así que la militarización no cumple funciones de “seguridad pública”, sino están al servicio de los intereses del Estado capitalista. Y en este caso, resalta la función de la Guardia Nacional como contención de los inmigrantes, al servicio de las órdenes del imperialista Trump.

La clase trabajadora y sus aliados tienen el derecho a la autodefensa en milicias elegidas democráticamente, en los sindicatos, el campo las escuelas y los barrios.






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