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Red Internacional

El pasado 23 de junio entró en vigor la recién aprobada Ley Agnes en el estado de Puebla, pero se mantienen la prohibición del aborto y el feminicidio.

Yara VillaseñorSocióloga - Militante del MTS @konvulsa

Jueves 24 de junio | 16:51

El pasado 23 de junio entró en vigor la recién aprobada Ley Agnes en el estado de Puebla. Avalando el cambio de identidad de género que posibilita la documentación requerida para ser sujeto de derechos, la Ley Agnes implica un sustancial avance en el acceso a derechos elementales para las personas trans.

Muchísimas son las historias sobre la discriminación y violencia que han enfrentado personas tras al no contar con una credencial de elector que coincida con su forma de vestir o su identidad de género. Imposibilitadas de conseguir un trabajo digno como consecuencia del odio LGBT+ y el rancio conservadurismo de la sociedad mexicana, exacerbada en entidades como Puebla, Jalisco o Guanajuato, muchas se ven obligadas al trabajo sexual como única opción para no renunciar a su sexualidad e identidad de género en el trabajo.

Tan solo en Puebla, al calor de la entrada en vigor de la Ley Agnes, las personas gestantes siguen sin poder decidir sobre sus cuerpos, sufriendo la criminalización y la persecución de la ley tan solo por interrumpir sus embarazos aun espontáneamente en aras de “proteger la vida desde la concepción” como se expresó en el Parlamento abierto sobre el Aborto. Ni qué decir del aumento del 21% del feminicidio tan solo durante los meses de confinamiento en dicha entidad.

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No obstante, es necesario recordar que mientras en algunas entidades los gobiernos locales aprueban derechos elementales como la Ley Agnes o el matrimonio Igualitario (recién aprobado en Sinaloa), el gobierno federal pacta con las Iglesias y saluda al Vaticano, como vimos con AMLO y Beatriz Müller frente al Papa Francisco, o con las alianzas electorales del Morena con el reaccionario y clerical Partido Encuentro Social (luego renombrado Solidario).

Esta tensión entre las promesas del oficialismo con la derecha y las expectativas democráticas de un sector de su militancia y simpatizantes, están flanqueadas por un creciente movimiento de mujeres y LGBTs (como se vio en la reciente Marcha Lencha en la CDMX) que está harto de esperar la benevolencia del gobierno que “da atole con el dedo” y con promesas de otorgar el aborto legal.

No sorprende, cuando vimos a AMLO en múltiples ocasiones despreciar las demandas de las mujeres y LGBT+s, incluso declarando que frente a la honestidad y el combate a la corrupción no le parecían temas “tan importantes”. Además, hay una evidente contradicción entre las declaraciones de las principales figuras de la 4T en torno a estos temas “polémicos”, con posiciones provida que han significado el rechazo a iniciativas por la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario.

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Por abajo, además, el gobierno no pierde oportunidad de fortalecerse retomando dichas demandas y llenándose la boca de promesas que no queda claro por qué con la mayoría en las cámaras desde el 2018 no se han hecho carne.

Pero el problema no es solamente la falta de voluntad política para concretar las promesas de campaña, la gran mayoría rotas durante los primeros tres años de gestión, o los pactos electorales para mantener el avance de los últimos años para el partido del gobierno. Hace falta reconocer que la lucha por una vida digna y libre de violencia para las mujeres y las personas LGBT+ (sin feminicidios, sin crímenes de odio, con plenos derechos y sin discriminación) empieza por arrancar con la movilización independiente estas elementales demandas por la vida, pero requiere cuestionar profundamente este sistema de opresión y explotación que preserva los prejuicios patriarcales y el racismo para obtener mayores ganancias de nuestro trabajo y mercantilizar nuestros cuerpos hasta la muerte.

Ésta es precisamente la perspectiva de la que carecen el Morena y todos los partidos del Congreso, que a pesar de hablar de su preocupación por las grandes mayorías pobres y trabajadoras, siguen respondiendo a los intereses de los grandes empresarios legales e ilegales.

En este mes del PRIDE, hace falta un levantar las banderas del orgullo anticapitalista y socialista y la perspectiva de la construcción revolucionaria de la sociedad para acabar con todo tipo de violencia y miseria.

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