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Red Internacional

El 27 de mayo cientos de personas salieron a las calles para protestar contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 2 de junio | 00:22

La denominada “Ley de Aguas”, fue aprobada el 19 de mayo en el Congreso de la entidad y publicada el 21 de mayo en La Sombra de Arteaga. El Congreso sesionó a pesar de las fuertes manifestaciones afuera de la sede, con mayoría de votos a favor por parte del PAN y 3 votos de Querétaro Independiente. La normativa entrará en vigor el 1 de julio del 2022.

Durante la movilización, se escucharon consignas como: "El agua es un derecho no un privilegio", "no es sequía, es saqueo", "el agua no se vende, el agua se defiende", “Kuri mafioso, no vendas nuestros pozos", culminando frente a la sede del gobierno estatal de Querétaro.

Por su parte, en conferencia de prensa, integrantes otomíes del Consejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán se pronunciaron contra la nueva ley que privatiza el agua en Querétaro y dijeron que combatirán está ley por vía legal y por medio de la resistencia civil, anunciando que la lucha apenas comienza.

El panista Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, declaró que la ley no busca privatizar el agua, sino regular las concesiones, pero la comunidad de Santiago Mexquititlán denunció que está regulación está hecha a la medida de los empresarios, y busca regular el agua que recibe la población y cobrar por el servicio.

Académicos e investigadores se oponen a la “Ley de Aguas”

El 23 de mayo, 13 integrantes del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro (OCPAQ), entregaron un documento para solicitar al gobernador del estado el veto de dicha ley.

Señalaron que es una amalgama entre la propuesta del PAN, Querétaro Independiente y la planteada por el PRI; no garantiza el derecho humano al agua y violenta la Ley de Aguas Nacionales, al dejar en manos de empresas privadas el servicio de distribución de agua, alcantarillado y saneamiento de agua potable, que corresponde al gobierno estatal y municipal cuando se trata de uso público urbano o doméstico. También, que el Estado recupere la administración del vital recurso; pues, en palabras del asesor jurídico del OCPAQ, Enrique Uribarren Castro, “al sector privado no le interesa preservar el ambiente cuando lo que le conviene es que haya mucho consumo de agua para tener ganancias”.

Por su parte, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) envió un documento al gobierno estatal reclamando que el agua y los servicios conexos “no son una mercancía más” y solicitó que exista claridad y supervisión ciudadana en el manejo de la misma, que parta de “diagnósticos y estudios técnicos” que revelen la disposición, consumo y tratamiento del líquido ante el estrés hídrico en el que se encuentra la entidad.

Una historia de acaparamiento

En 26 años, de 1993 a 2019, Querétaro entregó 7 mil 718 permisos de extracción de agua de los que se detectaron únicamente 22 Organismos Operadores de Aguas (OPSA) en los municipios de El Marqués, Corregidora y Querétaro, de los que el 45 % no cuentan con un título de extracción de aguas nacionales emitido por la Conagua y se desconoce la cuenca de donde lo obtienen.

Algunos de los negocios construidos a costa del acaparamiento y el despojo de familias en Querétaro, se han dado a conocer gracias a una investigación colaborativa entre el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), el Laboratorio de Investigación Periodística (LABIP) y Bajo Tierra Museo en Querétaro.

Su investigación reveló que la familia Torres-Landa es dueña del agua de la Presa Juriquilla desde 1965. En las inmediaciones de la presa la familia construyó un complejo denominado “El Querétaro Moderno”, zona turística de hoteles, bares, restaurantes, tiendas departamentales, campos de golf y un parque de esquí acuático. Mientras las comunidades aledañas no pueden ni pagar los costos por servicio de agua potable que ascienden hasta 5 mil pesos por hogar al mes, debido a lo que han tenido que desplazar sus viviendas a las orillas del poblado e idear sistemas de recolección caseros.

Bienes Raíces Juriquilla, S.A. de C.V., firma también de la familia Torres-Landa, contempla 9 concesiones de agua según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). La concesión con más metros cúbicos por año es de 2 millones 18 mil 304 m3; en total, y de los nueve permisos de uso de agua, seis corresponden a la modalidad “descargas” (servicio de alcantarillado de la región) y los tres restantes suman un total de 5 millones 744 mil 808 m3 por año. Siendo que, la firma está registrada ante la Conagua con carácter agrícola.

Al igual que los Torres-Landa, Mario Calzada Mercado –exalcalde electo del municipio El Marqués– y su hermano Miguel, –exdiputado local y expresidente del PRI local-–; son propietarios del OPSA en el mismo estado, correspondiente a la firma Polo y Sky S.A. de C.V., cuyo permiso de uso de agua (concesión) no aparece en el REPDA.

Los académicos de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Samuel Rosado Zaidi y Octavio Rosas Landa, realizaron un análisis de la región observando que algunas concesiones contienen información falsa, pues, aunque las autoridades argumentan que el 70 % del agua la consume la agricultura, en realidad se trata de un registro mal elaborado. Tal es el caso de “El Querétaro Moderno”.

“Con eso culpan al campesinado y comunidades indígenas de que son ellos quienes consumen el agua, cuando lo que nosotros encontramos fue que tan sólo el 10 % de éstos concentran más de la mitad de todos los permisos de agua en el país [...] normalmente son grandes empresas, terratenientes, minería e industria”, mencionaron los académicos.

¿De quién es la responsabilidad?

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en conferencia de prensa el 24 de mayo, que “no es malo que empresas privadas administren la distribución del agua en las entidades federativas, sino que actúen de manera corrupta y en contubernio con gobernantes locales”. También aseguró que: “no podemos intervenir, sólo que corresponda a aguas que tengan que ver con la administración de Conagua”, es decir, que sean federales.

Sin embargo, el asesor jurídico del OCPAQ, Enrique Uribarren Castro, señaló que la Ley de Aguas Nacionales designa a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como responsable de otorgar a los gobiernos los títulos de concesión de determinados pozos para el uso de determinadas cantidades del recurso con el fin de dar el servicio a la población. Pero las autoridades sólo contemplan tres tipos de concesiones de uso de agua por rubro: público urbano, industrial y agrícola. De estas, según datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sólo el 1% están siendo inspeccionadas por la Conagua.

¡No lo permitamos!

Una vez más, los distintos niveles de gobierno y sus instituciones son quienes, en contubernio con las familias más adineradas y dueñas de grandes empresas, ponen en riesgo la vida de la mayoría de la población, que es la clase trabajadora, por sus intereses de enriquecimiento personal. Ya sea mediante las concesiones otorgadas por Conagua como por la falta de regulación de éstas y otras fuentes de suministro no registradas.

Si la llamada “Ley de Aguas” busca legalizar las irregularidades y robos permitidos a los grandes propietarios, y así seguir recargando la crisis de la escasez de agua sobre las espaldas de las mayorías, es crucial que las y los trabajadores junto a las comunidades luchemos unidos por la defensa del vital líquido en todos los estados del país, ya que hoy el problemas de las sequías es de orden nacional, debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación medioambiental provocada por la irracionalidad capitalista.

¡Cambiemos el sistema, no el clima!

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