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Red Internacional

TRIBUNA ABIERTA.Procuraduría Social CDMX, reciente mudanza entre acusaciones de corrupción

Mientras las autoridades de la Procuraduría Social atropellan los derechos de los trabajadores, al mismo tiempo se privilegian “al margen de la Ley” a distintos funcionarios del “círculo” del Coordinador Administrativo, Antonio Pérez Claudin.

Sábado 13 de febrero | 00:34

El principal malestar de las y los trabajadores de la Procuraduría Social (PROSOC) reside en el rechazo de las autoridades a cubrir y pagar la totalidad de las prestaciones de Ley de los trabajadores de base de la Procuraduría Social afiliados al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social (SDTPS), como así lo sostiene el documento que le enviaron a la Jefa de Gobierno en enero de 2021.

Cabe resaltar que el documento citado expone que ha sido “desde antes de la presente pandemia, más aún durante la pandemia” y en medio del “complicado escenario de nueva normalidad” que las autoridades han “pisoteado los derechos de los trabajadores”, (negativa a pagar prestaciones, acoso laboral, despidos, etc.) al mismo tiempo que han privilegiado al margen de la Ley a distintos funcionarios, como es el caso de los allegados al supuesto “ingeniero” Antonio Pérez Claudin, Coordinador Administrativo y principal responsable en el rechazo a pagar la totalidad de las prestaciones laborales.

Son varios funcionarios los implicados en esta red de corrupción, entre ellos Verónica Adriana Vélez Rosas y su hermana Paola Vélez Rosas, concubina de Edson Ayuso Rul. De estos resalta el papel de Tonatiuh Fidel Vargas San Vicente y Javier Ricardo Sotres Palero.

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Vargas San Vicente, según testimonios de los trabajadores, cobra sin trabajar y ha sido encargado de las mudanzas de la PROSOC, que acusan que son alquiladas a un sobreprecio. La primera mudanza se realizó entre 2019-2020 de la calle de Jalapa, Núm. 15, Col. Roma Norte, a la calle de Puebla 182, esto es, a una sola cuadra de distancia; y la reciente, de esta última dirección a la calle de Mitla, esquina con Eje 05 Sur, Col. Narvarte.

Fidel Vargas es hermano del Alfredo Vargas San Vicente, exdirector de área del INAH en el año 2016, quien también mantiene una “amistad” con Pérez Claudin, quien laboró en ese mismo organismo con ayuda de Alfredo Vargas, por lo que refieren los trabajadores, “se están pagando favores a costos muy altos para la PROSOC”.

Mientras que el trabajo que realiza Javier Ricardo Sotres Palero, es intrascendente, ya que se limita a entregar recibos de pago a los compañeros, cada quince días. Según refieren distintos trabajadores consultados, en estos cambios de domicilio, su trabajo consiste en otorgar trabajos de acondicionamiento de las nuevas oficinas a sobreprecios, por lo que, al decir de las denuncias de los trabajadores de la PROSOC, es evidente que mientras por un lado se atropellan los derechos laborales, por el otro los funcionarios hacen jugosos negocios con los cambios de las rentas y de los inmuebles.

Cabe señalar las precisiones que en el documento sindical refiere sobre la mudanza actual que ocupa la Institución, la cual guarda “muchas contradicciones que no pueden solventarse” y choca con esa “supuesta restricción económica” pugnada por el gobierno de la “austeridad”, ya que el nuevo edificio es mayor al que se desocupa (se pasa de un edificio de 4 pisos a uno de 10 pisos), al tiempo que se le ha invertido dinero “para la instalación de un rack para todo el edificio con todo los gastos que ello implica, sumando los gastos de la mudanza en sí misma y la variación de la renta”.

Además de ello, y según refieren distintos trabajadores entrevistados, estos gastos superfluos y a sobreprecios son utilizados para contribuir a la campaña electoral de Dorisol González Cuenca, quien realiza funciones de Secretaria en la PROSOC y cobra como Subprocuradora, quien tiene aspiraciones político-electorales. Para ello, en la PROSOC se “pide” el respectivo “diezmo” a través del “recolector” Antonio Pérez Claudin, que va de Jefe de Unidad Departamental en adelante y es de quinientos a dos mil pesos quincenales, independientemente del “apoyo” que fue solicitado para los médicos de la CDMX.

Ahora bien, una de las molestias que más apremian a los trabajadores, son las omisiones del titular del Órgano Interno de Control, Francisco José García Navarro, ante tantas irregularidades cometidas, a lo que no encuentran otra explicación sino a través de la “amistad” que éste tiene con el supuesto ingeniero Antonio Pérez Claudin.

Según el documento sindical citado, y las denuncias de los trabajadores, las principales Áreas de agravios y corrupción reside en la Coordinación General Administrativa, por los excesos en las violaciones laborales que han tenido con los compañeros agremiados, áreas en las que refieren que “todas tienen injerencia en los malos manejos” (Subdirección de Administración y Finanzas, Jefatura de Unidad Departamental de Contabilidad y Registro, de Administración de Capital Humano, de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios, de Presupuesto, Finanzas).

A ello refieren los trabajadores una carga más como la Subdirección de Administración y Finanzas, que cobra por hacer nada, y sobretodo el prestador de servicios con folio equivalente a Jefe de Unidad Departamental, Ariel Alejandro Ramón Gallegos, que realiza la “nómina” de honorarios, que “oculta y conoce muy bien los que cobran sin trabajar” (aviadores), por lo que está sobre pagado por Antonio Pérez Claudin.

Por último, fuentes consultadas refieren que Pérez Claudin no ha cumplido con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CDMX de manera cabal con lo que respecta con el Art. 121 en todas sus fracciones, pues tiene más de cinco trimestres que no se actualiza el portal de Transparencia de la PROSOC, lo que sin duda y bajo lo ya señalado, da lugar a más opacidad y corrupción.

Los trabajadores exigen al gobierno de la CDMX tomar cartas en el asunto, pues de lo contrario pronto asistiremos a otro tipo de paralizaciones en la PROSOC con efectos nocivos en los servicios a la ciudadanía y el agravamiento de la crisis de la institución.




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