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Red Internacional

Derechos de lxs trabajadores. Posible reforma laboral para trabajadorxs estatales

¿Cuál es la alternativa para lxs trabajadorxs estatales frente a posible reforma lesiva de derechos?

Lunes 25 de julio | 14:37

Durante la reunión que sostuvo con la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el magistrado Plácido Morales, pidió actualizar el marco laboral que rige a los trabajadores al servicio del Estado, porque según él es necesario agilizar la solución y conciliación de conflictos laborales, para que el pasivo laboral (al que señala como causa de que haya municipios en quiebra) no ponga en riesgo las finanzas de los entes de gobierno.

El magistrado se pronunció por modificar los artículos 115 y 123, apartado B, de la Constitución. Desde su punto de vista, urge que la justicia laboral sea “pronta y expedita”, donde se privilegie la conciliación y que el tribunal tenga medidas de apremio cuando se trate de pasivo laboral, con lo que se evitará que los salarios caídos se acumulen hasta lo infinito. Frente a estas declaraciones, ¿qué es el pasivo laboral y por qué le magistrado dice que es una urgencia eliminarlo?

El pasivo laboral y los derechos de los trabajadores

Primero aclaremos la definición de pasivo laboral, el cual se refiere a la deuda implícita que se genera durante los años producto de que un trabajador presta sus servicios a un patrón hasta que se termina la relación laboral. En en el caso de los asalariados a los que se hace mención aquí, el patrón es el Estado. El pasivo laboral al que se refiere el magistrado específicamente cubre los beneficios que marca la Constitución, tales como indemnización por despido y prima de antigüedad, lo cual representa una conquista y un derecho de los trabajadores estatales.

El magistrado culpa a lxs trabajadores que tienen derechos laborales de dejar sin dinero al erario público, nada más absurdo.

Es decir, según Morales, estos derechos son los que provocan la quiebra de instituciones de gobierno, pero ¿quién es este magistrado y por qué hace semejantes afirmaciones? Plácido Morales ha vivido del erario público, pues ha ocupado diversos cargos políticos y administrativos en el gobierno de Chiapas, entre ellos: secretario del Trabajo y Previsión Social, secretario de Pesca y Acuacultura, representante del Gobierno del Estado de México y coordinador en jefe del Gabinete del Gobierno.

En el ámbito federal, ha sido delegado de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el Estado de Chiapas y delegado federal de la Sedesol en el Estado de Zacatecas. En la Ciudad de México, subdelegado en las delegaciones Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Fue nombrado vocal de organización del IFE para su integración e instalación en la Ciudad de México en 1991. En la Secretaría de Gobernación fue director de Coordinación Política.

Hoy se desempeña como el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde percibe un sueldo de $145,328.00 brutos y $102,006.00 pesos netos, ingresos muy por encima del promedio de los trabajadores. Además, en su trayectoria como alto funcionario es claro que a él nunca le han adeudado dinero, ni lo han despedido ni la ha pasado mal.

En resumen, atribuye la quiebra de instituciones a los trabajadores, que ganan en promedio sueldos de 6 mil y 8 mil pesos, pero pasa completamente por alto los onerosos sueldos de altos funcionarios como él, cuyas condiciones de vida en nada se comparan con las de las y los trabajadores, quienes además de vivir la pandemia padecemos la negación de toda condición digna de vida, como un sueldo justo y el desempleo, entre otras problemáticas.

Más información: Personal del Estado: ¿en qué condiciones regresan al trabajo?

En defensa de los derechos de los trabajadores

La solicitud de reforma de Morales no se centra en la garantía de derechos, sino en preservar las finanzas públicas. Similar a la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que regula el artículo constitucional 123, apartado A, disfrazan la necesidad de la reforma con una aparente consigna de justicia pronta y expedita, pero que no garantiza de fondo los intereses de las y los trabajadores, ni mucho menos que se les resuelva favorablemente. Por lo que probablemente se asome una reforma discursivamente progresista, pero lesiva contra los trabajadores, apuntando a la posibilidad de poner límites a la indemnización que le corresponde al trabajador despedido injustificadamente y mientras dura el juicio, que puede tardar hasta décadas en resolverse.

Además, la realidad de muchos trabajadores estatales es la precarización laboral, pues la mayoría se enfrenta a la negativa de derechos o a las contrataciones simuladas, como con el outsourcing, los beneficiarios de programas sociales y los de servicios profesionales. Es decir, el Estado es el principal vulnerador de derechos humanos laborales, actualmente bajo el discurso de “austeridad republicana”.

Frente a los ataques de la patronal y sus representantes, como Plácido Morales, es necesario levantar como consigna que todo funcionario gane lo mismo que una maestra, ya que los privilegios de la casta política la ponen del lado de la patronal y dañan el erario público.

Por otra parte, los sindicatos de lxs trabajadorxs al servicio del Estado actualmente se encuentran en manos de la burocracia, que solo pacta con las autoridades y no mueve ni un dedo por mejorar las condiciones de vida de sus agremiados. Para acabar con eso es necesaria la organización y la lucha desde las bases contra el charrismo, para recuperar los sindicatos, conquistar su independencia política respecto al Estado, democratizarlos y transformarlos en herramientas efectivas de lucha en defensa de las y los trabajadores.




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