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Red Internacional

En los últimos días la Coparmex y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) pidieron a los legisladores extender los plazos para la regularización de las empresas de outsourcing, ahora denominadas compañías prestadoras de servicios, prevista para este primero de agosto.

Jueves 29 de julio | 19:43

Los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de aplazar la fecha límite para la regularización de las empresas, que originalmente era para este 1 de agosto, sin embargo tienen desacuerdo sobre cuántos meses debe prolongarse, Morena sostiene que debe ser hasta 1 de septiembre, mientras que el PAN plantea que hasta el 1 de enero.

El Consejo Técnico del IMSS se pronunció también por posponer hasta el 1 de septiembre la fecha límite para la regularización, pues considera que “Es innegable los beneficios que la reforma ha generado a los trabajadores y que la voluntad de cumplimiento de las empresas existe; sin embargo, el tiempo para la adecuación de los esquemas de trabajo ha resultado insuficiente,”

El líder de la Canaco dijo que menos del 30% de las empresas han podido regularizarse según la nueva reforma del outsourcing por falta de recursas y según el IMSS, para el 25 de julio, 2.3 millones de trabajadores pasaron de estar contratados por outsourcing a tener un patrón real de los 4.7 millones que de acuerdo a la Confederación Mundial de empleadores hay en México. Es decir que aún falta un largo camino por recorrer.

¿Por qué las empresas alegan que necesitan más tiempo?

Esto se debe a que al registrarse en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), las empresas deberán comenzar a pagar los impuestos que durante mucho tiempo no pagaron al no reconocer la relación laboral con los trabajadores. Esto a su vez aumentará el costo de contratación y son esos recursos los que las empresas dicen no tener.

Pero en realidad, todas esas ganancias que producto de la reforma laboral de Peña Nieto se ahorraron al no tener que pagar impuestos, se suman a todos los salarios y prestaciones que no han tenido que pagar a sus trabajadores durante años.

Quienes en todo caso podrían alegar no tener suficientes recursos son las pequeñas y medianas empresas, pero aquellas, raramente ocupan servicios de outsourcing.

Son los bancos, las empresas de internet y telefonía entre otras grandes empresas las que hoy chantajean con que tendrán que cerrar y despedir a sus trabajadores, sino se retrasa la fecha límite para el registro en el REPSE.

¿Qué opciones tienen las empresas para cumplir con la reforma al outsourcing?

La primera opción es, como ya mencionamos, registrarse en el REPSE, como empresa prestadora de servicios, lo cual termina siendo más que insuficiente para acabar con la contratación precaria, pues el outsourcing, ahora con otro nombre, sigue siendo legal siempre y cuando preste servicios especializados, esto es que realicen labores de una razón social a la mayoritaria en la empresa que contrata dichos servicios.

Así, los trabajadores por ejemplo de intendencia que laboran en el sector pública continuarán con las mismas condiciones de precariedad.

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Otra opción es la de subcontratación de servicios compartidos, lo cual implica que las empresas crean sus propias empresas de outsorcing, como fue el caso de Banamex que desde diciembre hizo este cambio y como explicamos en esta nota, ahora “el personal que se encarga de esta labor no es contratado por la sucursal donde trabaja, sino por un tercero, en este caso por Planeación de Recursos Humanos, S.A de C.V., empresa filial también de Banamex.”

La otra posibilidad que tienen las empresas es la de hacer una sustitución patronal, lo que implica que pasen a contratar directamente a los trabajadores sin ningún intermediario o reubicarlos en otra empresa que “cumpla con la norma”.

Pero por lo que una gran cantidad de empresas como Telcel están optando, es la contratación de prestación de labor profesional, esto es ocupado comúnmente cuando se contrata a un albañil para construir alguna obra, pero este no tiene horarios laborales ni una relación patrón-trabajador, por lo que quien contrata el servicio no debe pagar impuestos.

Sin embargo, en el caso de estas empresas contratan a trabajadores con horarios fijos y con trabajo en oficina como si fueran persona física con actividad profesional y así mantienen la evasión de impuestos además del reconocimiento de la relación laboral y por esta vía mantienen y profundizan la precariedad.

En resumen, la principal preocupación del ejecutivo que motorizó esta reforma, es la evasión fiscal más no la precariedad laboral la falta de prestaciones laborales tan básicas como seguro médico, vacaciones pagadas o derecho a generar antigüedad, pues el propio gobierno tiene a miles de trabajadores en estas condiciones.

Los empresarios tan acostumbrados a beneficiarse de la falta de derechos laborales, los bajos salarios y la evasión de impuestos legalizada, se han opuesto en distintos momentos y de distintas formas a una reforma como esta que apenas y toca sus intereses y sus ganancias con el total aval de las burocracias sindicales que firmaron esta reforma sin consultar a las bases de la clase trabajadora que será la principal afectada.

El outsourcing debe prohibirse en todas sus formas así como cualquier modo de precarización laboral y esto será posible únicamente con la movilización de las y los trabajadores precarios junto a los sindicalizados.

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