Participación de Mariana Morales en la mesa Movimientos obreros, sociales y ambientales en el México reciente de las Jornadas Marxismo 2023.

Para comprender la situación de los movimientos obreros, así como su relación con los movimientos sociales, de mujeres, estudiantiles y en defensa del territorio, por mencionar algunos de los más importantes de este siglo, es fundamental tener en cuenta desde una visión marxista las condiciones subjetivas de la clase, el estado de sus organizaciones y las luchas que se vienen gestando. A su vez estas condiciones están intrínsecamente relacionadas con los efectos de la política de las direcciones sindicales, las mediaciones estatales o institucionales y del Estado mismo, de conjunto marcan la dinámica de la lucha de clases.

En mi participación, quiero analizar estas claves a partir de las implicaciones de la política laboral de la 4T sobre las relaciones obrero-patronal y su peso específico en el movimiento de maestros universitarios, para concluir con algunas reflexiones necesarias sobre el desarrollo de la autoorganización, como palanca de freno ante la situación de crisis actual.

Política laboral de la 4T y las relaciones obrero patronales

Entre una elección histórica y el alcance de un proyecto político hay más de un camino que pueda tomarse. La agitación en el discurso presidencial sobre los alcances del gobierno de la autonombrada cuarta transformación y también autoreferida como posneoliberal, son elementos retóricos más que una realidad. Y veremos por qué.

En primer lugar, habría que señalar que el proyecto político de AMLO desde su inicio, careció de medidas estructurales para cambiar el modelo de acumulación, incluso haciendo una comparación histórica con los primeros gobiernos progresistas impulsó medidas más conservadoras, tales como profundizar la militarización, la política migratoria y criminalizar la protesta de mujeres, así como ampliar la precarización laboral. Sobre este último aspecto nos centraremos más adelante.

En el concierto internacional, en segundo lugar, su emergencia se da en el marco de una crisis económica profundizada por la pandemia por lo que las bases materiales están fuertemente limitadas, o dicho de otro modo, los recursos económicos imponen límites estrictos a su proyecto al mantenerse la alianza interclasista, es decir, al mantener la relación con el empresariado y el imperialismo.

Una de las reformas que presentó Andrés Manuel como moneda de cambio ante los reclamos de justicia e igualdad social, fue la reforma laboral. Esta reforma fue presentada con bombo y platillo como paladín de la democracia sindical y justicia laboral. Reforma que esencialmente se centró en los procesos de legitimación de los CCT y en el traslado de los conflictos laborales al ámbito judicial. ¿Cuál fue el resultado?

Legitimación de CCT

La Reforma Laboral y la nueva Ley Federal del Trabajo (LFT) de la 4T implementada en 2019, indican que el proceso de legitimación ha concluido en mayo del presente año.

El “sí” significaba que el CCT y su aplicación o validación quedaría tal como se encuentra actualmente. Aquí, es importante apuntar que, según lo que señala la Ley Federal de Trabajo, aunque gane el “No” se supone que los derechos que tenía el CCT no se pierden, porque se conservarían en lo individual, pero se abría la posibilidad de negociar un nuevo CCT. Una situación que tendría varias cuestiones tras de sí, pues más allá de la formalidad, es decir, lo que está establecido en la ley, habría que observar, en los hechos, lo que ocurrió con los derechos de las y los trabajadores.

Si bien dicho proceso merece una revisión más amplia y exhaustiva, podemos destacar algunas conclusiones con los datos globales y sus alcances:

En total en México había 139 mil CCTs, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El proceso de legitimación implicó una disminución de los mismos quedando solo 17 mil contratos vigentes. Esto dio como resultado que 78.5% de los CCT perdieran su vigencia, es decir, aquellos trabajadores que no legitimaron el contrato ahora tiene una contratación individual, lo que implica una indefensión frente a abusos patronales, vulneraciones a derechos laborales y despidos.

Ligado a lo anterior uno de los principales objetivos de la reforma para el gobierno era acabar con los contratos de protección patronal, sin embargo esto no ocurrió ya que en el 99% de los casos se mantuvieron sus contratos y a las mismas direcciones sindicales. Esto quiere decir que se mantiene el fuerte corporativismo en los sindicatos y el rol que históricamente han jugado las direcciones charras de la CTM y la CROM, así como de los sindicatos blancos. Entonces la democracia sindical de la que habla el gobierno quedó como retórica y sigue siendo una tarea pendiente.

En un país donde la tasa de sindicalización es muy baja producto de años de neoliberalismo, al no tener una política de sindicalización, la reforma laboral se torna una medida de administración estatal pues 54 millones no estuvieron contemplados para esta reforma ni tampoco cambiaron sus condiciones estructurales. Al revisar las cifras de quienes participaron en los procesos de legitimación fueron poco más de 4 millones, cifra que también es muy similar al total de sindicalizados en México.

El contenido de la reforma laboral derivado del T-MEC no derogó los años de política neoliberal, como hemos señalado. Pese a ello, hubo algunos procesos de organización en sectores de trabajadores, sobre todo industriales y algunos estatales y sólo en contadas empresas llegó a sacudirse a la vieja burocracia priista, dando lugar al surgimiento de nuevos sindicatos que se autoproclamaron como independientes, y también tuvo efectos en el reacomodo de nuevas direcciones sindicales como la CATEM y la CIT, afines al gobierno.

Desde la década de los setentas, de la mano de las nuevas tecnologías, el capital reestructuró sus procesos de trabajo y con ello se modificó la división social del trabajo a nivel internacional, lo que produjo una nueva morfología del trabajo.

La aparición de esta nueva morfología responde en gran parte a la crisis del capital que, en su búsqueda por contrarrestar la caída histórica de su tasa de ganancia, recurre a diversos mecanismos por un lado de explotación laboral que supone la disminución del pago que se hace al trabajador y, en consecuencia, el aumento de plusvalía) que se apropia la burguesía para sumarlo a sus ganancias. Esto lo puede conseguir de varias maneras por separado o combinadas: incrementando la productividad, extendiendo la jornada laboral, bajando el costo de la fuerza de trabajo, etc. A su vez, lo combina con las relaciones de opresión de raza, género, etnia que impone para mantener la dominación.

Este tipo de trabajo modificó las formas contractuales entre capital y trabajo, es así que se masificaron los de honorarios, servicios profesionales, outsourcing, a destajo, por horas, etc., es decir el precariado. Millones que trabajamos con contratos que legalizan y normalizan la ausencia o disminución de derechos laborales que el capital expropia para sumarlos a sus ganancias: jubilaciones, prestaciones, seguridad social, reparto de utilidades, etc.

Analicemos la política salarial en lo que va del sexenio para verificar si estamos ante cambios en beneficio de los trabajadores y la contratación que prioriza la 4T.

Como hemos visto anunciada en spots televisivos, radiofónicos y en reiteradas mañaneras, así como en los diarios, también la política salarial ha cruzado el sexenio destacando el aumento del salario mínimo nominal en un 134% para el país y en 263% para la zona fronteriza; ahora si lo vemos en términos del poder adquisitivo con el aumento es comparable al de que tenia en 1972 de acuerdo a algunos especialistas.

Vayamos a los datos. En julio de 2018 la Población Económicamente Ocupada era de 55 millones 600 mil y estaba concentrada más de la mitad en el sector terciario (63%) sobre todo en el comercio, 13.8 millones en la industria (25.6% ) destacando la manufactura y 12.5% en el sector primario. 30 millones, es decir, el 56% estaba en situación de informalidad y solo 20 millones de estos trabajadores contaban con servicio de salud y un contrato por escrito.

Tras 5 años de gobierno, en mayo de 2023, se encuentran ocupadas 58 millones 200 mil. La estructura laboral se mantiene, sin embargo, la industria presenta un crecimiento a 14 millones 500 mil y el sector primario se redujo a la mitad a 6 millones 500 mil. En comparación con el inicio del sexenio hay 3 millones de nuevos empleos, pero también hay cerca de 3 millones de nuevos trabajadores informales que suman 32.1 millones y las mujeres ocupan el mayor porcentaje. El 71 % de la población trabaja entre 35 y 48 horas. Asimismo el 69% percibe entre 1 y 2 salarios mínimos.

Maestros universitarios

La precariedad laboral en México es una política de Estado por lo menos desde hace 37 años, dictada desde los grandes organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, por poner solamente dos ejemplos.

La ofensiva contra las universidades fue uno de los grandes proyectos del neoliberalismo, querían convertirlas en un gran negocio al servicio de los empresarios y los políticos, permitiendo su quiebra como lo hicieron con otros servicios públicos. Esta ofensiva desató grandes luchas por la defensa de la educación pública como la huelga de la UNAM de 1999, entre otras. Sin embargo, en muchos casos las pretensiones privatizadoras triunfaron e impusieron el cobro de cuotas, como ya ocurrió en las universidades estatales.

Dicha condición implica, entre otras cosas: bajos salarios, pocas o nulas prestaciones, inestabilidad en el empleo, etc. El objetivo de esta política es reportar ahorros a las grandes empresas o a los gobiernos que las aplican, poniendo sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis del sistema. Como ocurre con las 11 universidades en quiebra.

Es de resaltar que el gobierno de la 4T no ha modificado esta situación, por el contrario, la ha profundizado con figuras que legalizan y regulan la precarización, negando las relaciones laborales, el estatus de trabajador y buscando beneficiar a las patronales nacionales y extranjeras en aras del esperado crecimiento económico, cómo con los programa sociales que en estatales suplieron al personal despedido por decenas de miles en dependencias públicas donde el gobierno es el patrón; también convirtiendo a los trabajadores en beneficiarios o becarios con ocurre con uno de sus programas estrella Jóvenes Construyendo el Futuro o en el caso de la Universidad del Bienestar o en la Universidad Rosario Castellanos, a quienes no se les reconoce la relación laboral. De conjunto esta política permite bajar salarios e imponer inestabilidad laboral como forma de contratación del gobierno.

Esta forma de contratación no respeta la antigüedad de los maestros, quienes pueden estar en la misma situación de inestabilidad 20 o 30 años, sin que puedan basificarse, ni mejoren sus condiciones de vida. Igualmente su condición de precariedad los somete a ser despedidos si así lo deciden las autoridades. Por ejemplo, si llegasen a tener un conflicto de tipo académico con los coordinadores, estos últimos pueden tranquilamente dejar fuera a un opositor. Así un profesor, por cualquier tipo de desacuerdo, puede quedar fuera.

Este problema se agudizó todavía más con la pandemia, con la carga de trabajo, los despidos y muchos quedaron sin seguridad social. En el caso de las docentes es crítico, pues debido al teletrabajo se les obliga a cubrir dobles o triples jornadas, contemplando el trabajo doméstico.

Con datos del 2019 son unos 161 mil de asignatura, temporales, por horas, honorarios, etc. contemplando que el total de maestros universitarios son 230 mil, es decir, el 70 %. Y que el promedio del salario es difícil por la diversidad de tipos de contratación pero que es entre 150 y 170 pesos por hora promedio.

En ese sentido podemos tomar de ejemplo las condiciones laborales de profesores de asignatura en universidades como en la UACM, la UNAM, el IPN, la UAM y en todas las universidades estatales, donde hoy son atacados los derechos laborales, incrementado la precarización. No obstante, la ofensiva no se detiene contra los no sindicalizados, por el contrario, avanza también sobre los sindicalizados para terminar con sus conquistas.

Romper la fragmentación para luchar contra la explotación y la precarización

El gobierno de la llamada 4T prometió una transformación histórica del país a favor del pueblo mexicano. El amplio respaldo popular que lo llevó al poder mediante el voto al Morena y sus aliados en las pasadas elecciones presidenciales, se basaba en las expectativas de cambio y un gran hartazgo de la mayoría de la población con los partidos del Pacto por México, responsables de la imposición de las “reformas estructurales” neoliberales en nuestro país durante las últimas décadas.

Sin embargo, en vez de promover la abrogación inmediata de las reformas estructurales (energética, educativa, laboral, agraria, pensionaria, etc.), en interés de la mayoría obrera y popular, el gobierno federal y su partido mantiene lo esencial de las mismas, con el pretexto de que “no se puede cambiar todo de la noche a la mañana”.

Lo que hemos tratado de argumentar es que la política laboral del gobierno tanto en los procesos de legitimación como en sus medidas laborales no cambió las condiciones para los trabajadores sindicalizados, ni mucho menos para millones de trabajadores informales y trabajadores precarios.

Y ante estas condiciones, durante el sexenio trabajadores estatales, de la salud y trabajadores universitarios han sido de los sectores más dinámicos en procesos de lucha y reorganización. Han realizado protestas denunciando la precarización y los despidos, así como exigir derechos laborales planos. Tomemos como ejemplo la “UNAM no paga” y recientemente el “No a la legitimación de la AAPAUNAM” en los que participamos, que denunció el rol de sindicato blanco y sus consultas de legitimación fraudulentas, evidenció que mientras las autoridades tienen salarios más altos que el presidente, las profesoras y profesores de asignatura en los que recaen principalmente las labores de enseñanza de la universidad no podemos llegar a fin de mes con los 400 pesos que recibimos por hora clase combinado con la pérdida del poder adquisitivo del salario que en más de 20 años el aumento no han sido del más del 3%. Los estudiantes también se han solidarizado con los docentes al mismo tiempo que plantean demandas de becas universales, comedores y transporte subsidiado, porque para ellos y para la mayoría tras la pandemia las condiciones de vida no volvieron a ser las mismas.

Tras las experiencias de luchas actuales, para acabar con la precarización y la explotación laboral y que las luchas no sean derrotadas pensamos que las bases tenemos la tarea de arrebatarle el control de la dirección a las burocracias sindicales y poner a éstas organizaciones al servicio de la lucha de los trabajadores, abrazando las demandas de los sectores no sindicalizados y precarios y de los movimientos sociales, de mujeres, y estudiantiles. Esto en el movimiento de maestros universitarios debe ser parte de una alianza en primer lugar la interior de las universidad, con el sector educativo en su conjunto y otros sectores de trabajadores.

Para impulsar esa perspectiva, consideramos que es fundamental la independencia de clase respecto al gobierno, los empresarios y la derecha.

El problema del poder de la clase obrera, en tiempos de crisis, cruza la autoorganización y recuperar los métodos de la lucha de la clase como pilar fundamental para el desarrollo de un programa propio para la acción, del precariado, los desposeídos, las mujeres, la juventud y los sectores indígenas.