SUPLEMENTO

Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela

Milton D’León

Petróleo, geopolítica y el saqueo en curso en Venezuela

Milton D’León

En medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en medio de todo el proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera. Aunque con sus importantes diferencias, tanto el Gobierno de Maduro como la oposición de derecha se muestran garantes de este retroceso. El Gobierno, de hecho, viene dando serios pasos de avance en la entrega nacional.

Decir colapso es poco sino se dimensiona. Venezuela está en su crisis más profunda en más de un siglo: al terminar 2019 el país acumuló una caída del Producto Interno Bruto (PIB) cercana al 72% en seis años, una verdadera catástrofe económica y social. Es una cifra superior incluso a la caída del PIB de países que han pasado por guerras y las respectivas destrucciones de insfraestructuras, vías, fábricas, muertes de millones de personas y la sustracción de grandes contingentes de trabajadores a la esfera laboral para llevarlos a engrosar los ejércitos. Es la ruina nacional y la quiebra del Estado. No es una crisis más, sino la más importante del país en toda su historia como país petrolero. En esta crisis, la producción de petróleo ha caído a niveles de hace 80 años. [1]

Esta catástrofe económica es vista como la gran oportunidad para el atraco del siglo. Rusos, estadounidenses, chinos, franceses, españoles y de otras latitudes colorean el mapa de los campos petroleros como si se encontrasen en el gran reparto de principios del siglo pasado, abriéndose también una disputa internacional por el control petrolero, por cómo se dividen la expoliación. Una disputa que cruza la gran crisis política nacional en los entreveros más intrincados entre los grandes factores de poder, sea que estén en el Gobierno o en la oposición de derecha, cuya figura más visible en estos momentos es Juan Guaidó.

Tanto el Gobierno como la oposición, de un país quebrado, encuentran como salida a la brutal crisis el despojo nacional, para que los buitres del petróleo se apoderen de los campos con la promesa de la “recuperación” de la industria. Personeros que creen que de la mano de la rapiña internacional el país saldrá del colapso en que está inmerso, con el argumento que traerán las “inversiones” para que nuevamente Venezuela salga de letargo, por lo que ofrecen a transnacionales condiciones inimaginables antes del inicio de la crisis.

En un reciente artículo que publicamos en un número anterior de este Suplemento, a mediados de diciembre pasado, escribíamos que:

“Mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial. De manera ‘silenciosa’, para usar una expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país.” [2]

Venezuela para las transnacionales: un monumental “pozo de petróleo”

Hablar de petróleo en Venezuela son palabras mayores, siendo uno de los países con las más grandes reservas comprobadas de crudo del mundo, superando a países como Arabia Saudita (266.260 millones de barriles), Irán (155.600 millones de barriles) e Irak (147.223 millones de barriles), de acuerdo al boletín de estadísticas de la OPEP para 2017 [3]. Los niveles de reservas probadas de crudo de Venezuela durante el año 2017, se ubicaron en 302.809 millones de barriles. Todos los países OPEP, en cuanto a reservas petroleras comprobadas del mundo, mantienen el 79,4%, mientras que los países NO-OPEP el 20,6%, siendo que de los 14 países de la OPEP Venezuela detenta el 25,5% del total [4]. Ningún país de América Latina se le aproxima a Venezuela en cuanto a reservas petroleras comprobadas actualmente, Brasil apenas reporta 12.634 millones de barriles, México con 6.537 millones de barriles y Argentina en la saga de los 2.162 millones de barriles.

De allí el "juego" geopolítico que orbita alrededor del país y la voracidad de las transnacionales de asegurarse campos de explotación. Con el ojo puesto en una de las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo, los filibusteros internacionales se aprestan al acecho sobre la principal riqueza del país con el acuerdo explícito no solo del Gobierno de Maduro sino también por parte de la oposición lideraba por Juan Guaidó y todos sus aliados.

La entrega nacional en marcha y a pasos redoblados

Durante cinco años le hemos seguido el curso a todo este proceso de “apertura”, tanto en el sector petrolero como gasífero y petroquímico, las áreas más sensibles de la economía nacional y base central de la Venezuela rentista. Uno de los primeros movimientos fue en el sector petroquímico, modificando la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas en el año 2015, donde se estableció que “el Presidente o Presidenta de la República podrá autorizar una participación estatal en las Empresas Mixtas Petroquímicas menor al cincuenta por ciento (50%) del respectivo capital social…”, tal como fue publicado en la Gaceta Oficial No. 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015, cuando antes se establecía, de acuerdo a la Ley original, que la participación estatal no podía ser menor del 50%. Poco se divulgó en aquel entonces el contenido de tal modificación, que abría las compuertas a procesos de privatización en este sector clave.

Pocos meses después, para mediados de 2016, el Gobierno empezó a tomar medidas también en el área directamente petrolera. Eulogio Del Pino, el entonces ministro de Petróleo y Minería, hacía públicos los nuevos rumbos durante un encuentro en la 38va Asamblea de la Cámara Petrolera de Venezuela realizada en Caracas. En la misma declaraba que “Debemos ir a nuevo modelo con mayoría del sector privado y eso pasa por un reconocimiento de errores (…)”, enfatizando que: “En la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con 20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y PDVSA 20%. ¿Qué significa ese 20%? Primero, permite una lista prioritaria de pagos; y segundo, le da seguridad desde el punto de vista de impuestos y permisología. Nuestra participación accionaria es para dar confianza”. Con total claridad, el gobierno dejaba claro que el objetivo de la participación estatal era brindar confianza a ese capital privado y asegurarle privilegios en materias de impuestos, pagos y permisos.

Aunque esta propuesta, de acuerdo a lo que interpretaron analistas en su momento, “se refiere sólo a empresas de servicios contratadas por PDVSA o sus socios, sin que ello implique que este esquema sea adoptado por las empresas mixtas”, para lo que se hacía necesario la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, no se quedó realmente allí sino que, efectivamente, ha venido avanzando más globalmente.

El Gobierno se encontrará con que, para avanzar en acuerdos para la constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realizaciónde las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la AsambleaNacional, de acuerdo a como lo establece el Artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos vigente: “La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República (…)”. Pero se trataba ya de una Asamblea Nacional controlada enteramente por la oposición luego de las parlamentarias del 2015.

El Gobierno de Maduro precisaba establecer nuevos acuerdos con Rusia y China para que sus capitales pudieran tomar mayor participación en las empresas mixtas Petromonagas y Petrosinovensa, respectivamente, incluyendo el control operativo de las mismas. Se trataba de una exigencia de los propios rusos y chinos que tal decisión tuviera soporte legal e institucional para, jurídicamente, tener garantizados sus intereses. Una decisión que, sin embargo, con seguridad estaría llena de dificultades para su aprobación, no por algún improbable “nacionalismo” de la oposición o porque no estuvieran abiertos a la apertura petrolera, sino por la doble razón de que se trataba de Rusia y China, aliados políticos del Gobierno, y de que esta es una oposición subordinada a los intereses geopolíticos estadounidenses.

A lo que se agregaba la disputa y aguda crisis política: el Ejecutivo, al perder las parlamentarias, usó su mayoría caduca en la AN –vigente por algunas semanas antes de la asunción de la nueva Asamblea–, para modificar la composición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), garantizando uno más alineado, que le sirviera de contrapeso al parlamento opositor. En efecto, apenas asumió la Asamblea, el TSJ la declaró “en desacato” por insistir esta en juramentar a tres diputados sobre los que el Gobierno denunció irregularidades en su elección. Esos tres diputados completaban el número que necesitaba la derecha para tener mayoría calificada, lo que la habilitaría a decisiones trascendentales para la permanencia o no del Gobierno.

Por tal razón se emitirá la sentencia N° 156 del 29 de marzo de 2017, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que dará una nueva interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que, bajo el alegato de que la Asamblea Nacional estaba en desacato, dictaminará: “Sobre la base de la omisión inconstitucional declarada, esta Sala Constitucional resuelve que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República (…)”.

En tal sentido, el Tribunal Supremo pasaba a atribuirse para sí, e incluso para el Ejecutivo, las competencias legislativas de la Asamblea Nacional para dar el visto bueno a que el Gobierno nacional avanzase en los acuerdos con Rusia y China. Indicaba: “Resolviendo la interpretación solicitada del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, la Sala decide que la Asamblea Nacional, actuando de facto, no podrá modificar las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones”. Y por tanto “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”. Se tratará de una decisión que irá a desencadenar una nueva crisis política nacional con movilizaciones de la oposición para buena parte de 2017.

Pero para avanzar en este camino de apertura se hacía necesario en el establecimiento de nuevas leyes, que ahora pasarán previamente a ser aprobada por esa suerte de parlamento ad hoc de que se dotó el Gobierno, una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), electa y conformada a su imagen y semejanza, en otras palabras, en un instrumento más de las camarillas bonapartistas.

Así, el 28 de diciembre del 2017 se aprobará en dicha ANC la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, registrada en la Gaceta Oficial N° 41.310, del 29/12/2017. Era la aprobación de una Ley que recordaba claramente aspectos de la “apertura” neoliberal, que se regó como una plaga en toda América Latina en los 90’s, época en que los gobiernos de las burguesías criollas ponían a nuestros países a competir entre sí por ver cuál le ofrecía mejores condiciones de entrega a los capitales imperialistas para “atraer las inversiones”. Se vendrá a establecer que “Los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remesar al país de origen, total o parcialmente, los ingresos monetarios que obtengan producto de la venta dentro del territorio nacional de sus acciones o inversión, así como los montos provenientes de la reducción de capital (…) En el caso de liquidación de la empresa se podrá remesar al extranjero íntegramente el monto liquidado de la inversión extranjera”. El artículo 22 hablará de las extremas “condiciones favorables” y el 23 especifica los tipos de las mismas, a saber: 1. Desgravámenes. 2. Amortización acelerada. 3. Compra de la producción por parte de los órganos y entes del sector público. 4. Bonificación en impuestos. 5. Exenciones arancelarias. 6. Exenciones tributarias. 7. Condiciones crediticias especiales. 8. Tarifas especiales en servicios públicos. 9. Acceso preferencial a insumos y/o materias primas administradas por el Estado. 10. Plazo de duración de la estabilidad tributaria. 11. Cualquier otro dispuesto por el Presidente de la República”.

Y esto sin hablar de lo aberrante que ya venía haciendo desde finales de 2016 en el Arco Minero del Orinoco o en las llamadas Zonas Especiales Económicas, verdaderos paraísos neoliberales para el gran capital extranjero.

Establecida esta nueva ley de inversiones extranjeras, desde el Gobierno Nacional se dictaminará el Decreto Nº 3.368 de fecha 12 de abril de 2018, mediante el cual se establece un régimen especial y transitorio para la gestión operativa y administrativa de la Industria Petrolera Nacional, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.376 de la misma fecha, y reimpreso en la Gaceta Oficial N° 41.390 de fecha 4 de mayo de 2018. Se trataba de otorgar al ministro de Petróleo y presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, “poderes extraordinarios” para elaborar y aprobar contratos petroleros. El Decreto 3.368 se transformó de inmediato en una cesión de activos de PDVSA a los privados. El propio Quevedo sostendrá un día después, 13 de abril, una reunión con sus “socios internacionales” para exponer el alcance del Decreto, y en la que estuvieron presentes autoridades de las compañías Total, Statoil, Chevron, Rosneft y CNPC, entre otras. El 1 de agosto de 2018 Maduro decreta la “exención de impuestos petroleros a las empresas que operan en el país”, una medida abiertamente lesiva al más elemental interés nacional, que no había tomado ningún gobierno anterior, ni siquiera los más proimperialistas que hubo.

En el marco de este nuevo régimen especial, para agosto de ese mismo año se llevó a cabo la firma de los “Contratos de Servicios”, una verdadera vuelta a la figura de los “convenios operativos” impulsados por los gobiernos neoliberales de los 90’s, en la lógica de la “apertura” y la “globalización”: bajo la modalidad de que Pdvsa contrataba los servicios de empresas privadas extranjeras (y también nacionales), en realidad el Estado le entregaba a estas las actividades de exploración y producción, actividades que desde la “nacionalización petrolera” de los 70’s le estaban reservadas a empresas públicas. Este esquema, cuestionado por Chávez y sustituido por la figura de las empresas mixtas –las empresas dejaban de ser prestadoras de servicios y pasaban a ser socias de Pdvsa, aunque en minoría accionaria con relación a esta–, es el que ahora retomaba Maduro.

Maduro afirmaba que “esta nueva forma de producción supone una oportunidad de negocios tremenda para las empresas nacionales e internacionales (…) creo verdaderamente que hemos llegado a la fórmula perfecta”, en el evento transmitido en la televisión estatal, en el que se informó que en una primera fase 14 empresas operarán bajo ese esquema, siendo que antes había dicho también: “Venezuela es el paraíso para la inversión en petróleo, en gas”. Se trató de 14 “contratos de servicios” con siete compañías tales como Well Services Cavallino C.A (para operar el campo Arecuna); PetroKariña C.A. (el campo SanviGuere); Helios Petroleum Services C.A. (el campo Orocual); Shandong Kerui Group (el campo Dación); Consorcio Rinoca Centauro Karina (el campo Jusepín); Consorcio Petrolero Tomoporo (el campo Franquera-Moporo) y Venenca (el campo Carito–Pirital), con el fin, de acuerdo a las declaraciones del ministro, de “incrementar en 167% su producción en 14 pozos” ubicados en los campos antes señalados a cada empresa. A través de estos convenios, Pdvsa entregó dos campos operados en el pasado por la italiana Eni y la francesa Total. Entre estas empresas, no todas son extranjeras, sino que figuran varias compañías locales virtualmente desconocidas.

Para enero del 2019 avanzarán firmas con otras empresas extranjeras bajo el esquema de “contratos de servicios”, entre ellas EreplaServices LLC para la operación de los campos petroleros Tía Juana Lago y Rosa Mediano, en la región occidental del lago Maracaibo, y en el bloque Ayacucho 5, en la Faja del Orinoco. Una compañía donde uno de los propietarios es Harry Sargeant III, quien se desempeñó como presidente de finanzas del Partido Republicano de la Florida y actualmente dirige la empresa de comercio y transporte de asfalto GlobalOil Management Group, y que según trascendió, Erepla, de acuerdo a los registros del estado de Delaware, se había registrado apenas dos meses antes de firmar los acuerdos. Para esa misma fecha, la francesa Maurel&Prom pasó a integrar la empresa Petroregional del Lago (que opera el campo Urdaneta Oeste en el lago Maracaibo), sustituyendo a la anglo-holandesa Royal Dutch Shell.

Desde la Asamblea Constituyente se publicará en la Gaceta Oficial Nro. 41748 un decreto para el 29 de octubre del 2019 en el que se aprueba el Protocolo Modificatorio del Convenio entre la República de Venezuela y la Federación de Rusia, sobre proyectos estratégicos, mediante el cual se modificaba dicho acuerdo para incluir “incentivos” para que la petrolera Rosneft avance en el desarrollo dos campos de gas en alta mar. Sin embargo, en dicha Gaceta no publican los detalles de las modificaciones. El objetivo es crear condiciones favorables para la ejecución de proyectos de desarrollo en los campos de Patao y Mejillones, dos concesiones de gas en la costa este de Venezuela otorgadas a la empresa estatal rusa en años anteriores. “Con la nueva modificación publicada en la Gaceta Oficial, los incentivos incluyen una exención para el impuesto al valor agregado y los impuestos a la importación para el desarrollo de Rosneft de los dos campos”, según lo que declaraba en su momento Jesús Farías, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Rosneft tendrá derecho a vender toda la producción de los campos para la exportación, incluso en forma de gas natural licuado, según el comunicado de la empresa en su momento.

En el sector gasífero, a diferencia del sector petrolero, los negocios para las grandes empresas son redondos y menos sometidas a la Ley de Hidrocarburos existente, ya que desde tiempos de Chávez incluso, se pueden constituir empresas donde una multinacional puede tener una participación accionaria mayoritaria, incluso de hasta el 100% si así lo desea. Es decir, todo un camino abierto para lucrativos negocios.

Par el día 17 de diciembre se filtra en las agencias internacionales de noticias que Maduro estaría presentando una propuesta a acreedores financieros estadounidenses, mediante la cual se crearía una filial petrolera internacional, apalancada en yacimientos de potencial alto rendimiento, para emitir nuevos bonos y así renegociar más de 60.000 millones de dólares que actualmente se encuentran en default. Se señala que “El plan es ofrecer miles de millones de barriles de petróleo para pagar a estos acreedores, un grupo que incluye algunos de los nombres más importantes en las finanzas de los Estados Unidos: Goldman Sachs, Pimco y T Rowe Price”. Se propone entonces un acuerdo de petróleo por deuda, cediendo el petróleo de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Para finales de enero del 2020, desde el portal digital Blombergse decía que enfrentando el colapso económico y las penosas sanciones, el gobierno de Maduro propuso otorgar acciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las grandes corporaciones internacionales, una medida que abandonaría décadas de monopolio estatal, haciendo público que “Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft PJSC, Repsol SA de España y EniSpA de Italia. La idea es permitirles hacerse cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio de activos (…).” Este portal financiero se “olvidó” mencionar a la estadounidense Chevron y otras de menor envergadura, pero de igual importancia.

Para que se tenga una mirada general, la empresa rusa Rosneft participa en Venezuela en los proyectos Petromonagas (40 %), Petromiranda (32 %), Petroperijá (40 %), Boquerón (26,67 %) y Petrovictoria (40 %). La petrolera rusa posee también, como lo hemos mencionado, el 100 % del proyecto gasífero de exploración de los yacimientos Mejillones y Patao, el 100 % de la empresa de servicios petroleros PrecisionDrilling y el 51 % de la empresa Perforosven. Por su parte la transnacional Chevron tiene participación en las Empresas Mixtas Petroboscán (39,2%) y Petroindependencia (25,2%) en el occidente del país. En la Faja Petrolífera del Orinoco Chevron participa en los proyectos de crudo extrapesado Petropiar (30%) y Petroindependencia (34%). En las operaciones de gas costa afuera, la compañía participa en los Bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana, además del 100% de Cardón 3 del Proyecto “Rafael Urdaneta”. Aunque China participa con diversas empresas en el sector de hidrocarburos, una de las más importantes es la China National Petroleum Corporation (CNPC), con la empresa mixta Petrolera Sinovensa explotando el llamado bloque Carabobo, una de las mayores zonas de extracción de la Faja del Orinoco, también opera junto a Pdvsa los campos maduros Zumano con Petrozumano, y los campos Caracoles e Intercampo Norte, el bloque Junín 4 en la Faja del Orinoco (Petrourica), entre otros.

Pero no solo empresas extranjeras tienen el ojo puesto en las privatizaciones, los hay grupos locales de peso, como se constata en que el propietario del 40% de PetroDelta es CT Energy, cuyos altos ejecutivos son el magnate venezolano de telecomunicaciones Oswaldo Cisneros y el presidente de Element Capital Advisors con sede en Panamá, Francisco D’Agostino, también venezolano (y cuñado de Henry Ramos Allup, líder de uno de los principales partidos opositores, Acción Democrática). PetroDelta abarca seis campos maduros en los estados de Monagas y Delta Amacuro. A fines de 2012, los campos tenían reservas probadas de 107,8 millones de barriles de crudo mayormente pesado que oscilaban entre 12 ° y 22 ° API, más gas asociado, según el Ministerio de Petróleo.

La oposición es parte de la ruta entreguista, en una variante directamente recolonizadora

Pero en todas estas políticas de avanzar en la entrega del petróleo también es parte la oposición que se aglutina alrededor de Juan Guaidó y aliados. Desde mediados de junio del 2019 en la Comisión de energía y petróleo de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, se ha discutido un proyecto de Ley de hidrocarburos que apunta a la privatización del petróleo venezolano, que contempla la participación de empresas de exclusivo capital privado en la explotación de crudo, es decir, revertir el esquema previo en que el Estado a través de PDVSA se asociaba en mayoría accionaria con el capital privado, que es precisamente el esquema que de a poco viene desmontando el propio Maduro. Pero es un proyecto de ley que permitiría incluso a privados explotar petróleo sin ninguna participación del Estado.

En su momento el diputado Luis Stefanelli de Voluntad Popular declaraba: “Estamos en la búsqueda de inversión del sector privado puesto que Venezuela no va a contar con recursos oficiales para reactivar su industria, depende básicamente de la inversión nacional e internacional del sector privado”. Remarcando al mismo tiempo que “un nuevo marco legal” (privatización) permitiría hacer del petróleo, nuevamente, “la palanca de desarrollo para el futuro de todos los venezolanos”.

Para los primeros días de diciembre del 2019 salió a la luz pública que diputados del Gobierno y de la oposición discutieron la posibilidad de permitir que compañías privadas que participan en empresas mixtas con Pdvsa asuman el control de los campos petroleros pese a no ser socios mayoritarios. Tal cuestión se estaría discutiendo para que Chevron, Rosneft y la estatal china CNPC, pasen a controlar los mayores campos de Venezuela. Las corporaciones internacionales a la caza del botín. Un negocio donde hay también grandes empresarios locales, como el citado Oswaldo Cisneros, para solo poner un ejemplo, y quien según sus palabras, evalúa firmar con Pdvsa “un contrato donde nos entregan la producción a nosotros (...) nos subcontratan la operación del campo”.

La pelea por el control de la Asamblea Nacional que se desató en los primeros días de enero está cruzada por esta cuestión, en la medida que muchos países exigen que los acuerdos que se están llevando adelante sean aprobados por el poder Legislativo. Una de las razones por la que Maduro buscó hacerse del control llegando a acuerdos con el impresentable Luis Parra van en este sentido, sobre todo por las conversaciones con Rusia y otros países, y poder pasar el negocio petrolero a las transnacionales. Como dijimos entonces, la entrega del país y la repartija requieren un mínimo de estabilidad y coherencia institucional, la diferencia estriba en que “la casta cívico-militar que representa al chavismo gobernante quiere hacerlo de manera controlada, sin ser desplazada y de la mano de sus aliados de “Oriente”; la derecha quiero hacerlo en clave de recolonización, con un gobierno obediente a Washington”.

Es así que la oposición no solo contempla también entre sus objetivos un proceso entreguista de la industria petrolera, sino más abrasivo aún, con mucha más celeridad que el iniciado por Maduro, abarcando además el conjunto de empresas estatales, incluidos los servicios: un plan masivo de privatizaciones, tal como lo contemplan en el llamado “Plan País”. Todo esto poniendo al país bajo los dictados del FMI y con un gobierno totalmente subordinado a los intereses de los Estados Unidos. Una perspectiva abiertamente recolonizadora.

Desde que en las primeras décadas del siglo XX Estados Unidos fue conquistando su predominio sobre el control del petróleo venezolano, había convertido al país en un surtidor seguro de petróleo barato, así como fuente de ingentes negocios para sus transnacionales del ramo. Su hostilidad al chavismo y sus intentos reaccionarios por derrocarlo en sus primeros años de gobierno, llevaron a Chávez a apoyarse en otras potencias capitalistas, como Rusia y China, quienes a la par de estas relaciones fueron ganando terreno y pisando firme en uno de los países claves de lo que los yanquis han considerado siempre su “patrio trasero”.

La reciente gira realizada por Guaidó a nivel internacional con encuentros con importantes representantes de Europa, incluyendo al primer ministro de Inglaterra Boris Johnson y el presidente de Francia Emanuel Macrón, además de representantes de la Comunidad Europea, y que culminara con reuniones con altos representantes de instituciones financieras en Estados Unidos, pero sobre todo con Donald Trump en la Casa Blanca, no se habría limitado solamente al apoyo político al autoproclamado “presidente encargado”. De lo conversado en todas estas reuniones nunca se supo mucho, pero sería totalmente ingenuo descartar que en los “intercambios” sobre los intereses de estas potencias en Venezuela, ante una eventual llegada al gobierno de la oposición –con la figura de Guaidó u otra–, no se haya charlado sobre todas las facilidades que se les brindarían en el área petrolera, a cambio de apoyo a la “causa opositora”.

No es la “democracia” lo que mueve a las potencias imperialistas, son los intereses de los grandes capitales financieros y económicos imperialistas que siempre han estado al acecho en cuanto saqueo se les presente.

Enfrentar este saqueo es una de las grandes tareas de la clase trabajadora y el pueblo

Como señalamos a propósito de la disputa por la directiva del parlamento:

“El colapso del capitalismo venezolano en manos del chavismo ha dejado al país más expuesto que nunca a las apetencias del capital imperialista y las diversas potencias. Bajo el chavismo se profundizaron el rentismo y la dependencia característicos de esta economía, y ahora ante el escenario de un país arruinado, con un endeudamiento externo enorme y su industria petrolera en un estado de casi desmantelamiento, todas las fracciones ‘nacionales’ proponen una ‘recuperación’ o ‘reconstrucción’ –según el bando que lo enuncie– basada en profundizar la entrega de los recursos y empresas del país a capitales imperialistas, así como redoblar las cadenas de la deuda externa (…) En juego con estas fracciones ‘nacionales’ se mueven las respectivas potencias capitalistas con ‘inversiones territoriales’ aquí y con intereses en la redefinición del futuro nacional, un futuro que, de seguir avanzado así, augura profundizar la condición semicolonial del país”.

Es que toda esta situación del colapso económico del país es aprovechada por las grandes transnacionales, teniendo el respaldo y la política activa de sus países de origen, para hacerse de su parte en lo que es llamado como la “joya de la corona”, el petróleo venezolano. Se trata de un gran pillaje que implicará un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Estados Unidos, históricamente el país que más ha saqueado el petróleo venezolano, hasta Rusia, China y diversos pulpos petroleros europeos. Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo que se avecina, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.

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NOTAS AL PIE

[1Para una mayor comprensión de la importancia del petróleo en los últimos 100 años del país recomendamos la serie de trabajos escritos por Ángel Arias titulados “El cuento de nunca acabar (o ¿quién puede sacarnos del atraso y la dependencia?)” que pueden leerse aquí, aquí y aquí.
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Milton D’León

Caracas @MiltonDLeon
Editor de La Izquierda Diario (Venezuela) y miembro del Consejo Editorial de la Revista Estrategia Internacional. Autor de múltiples artículos y ensayos sobre política, economía, luchas sociales de América Latina y otras regiones desde la teoría marxista. Actualmente reside en Venezuela.
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