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Red Internacional

El presidente fue increpado por periodistas en la mañanera por lo que está sucediendo en la UNAM. Su respuesta fue de deslinde mientras que su gobierno no ha beneficiado a la educación pública superior, por el contrario, la ha afectado.

Miércoles 23 de noviembre | 16:49

En la conferencia mañanera del 22 de noviembre, periodistas le plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que existe persecución contra profesores de asignatura de la UNAM que luchan contra la precarización laboral y la violencia de todo tipo en la institución; se expresó que en la Universidad existen privilegios, cacicazgos y autoritarismo semejante al existente en el INE. A esto el titular del ejecutivo respondió que: “hiciste tu exposición porque no quiero entrar en esa polémica, no quiero participar en eso para que acatemos todos la autonomía de la UNAM y de otras universidades y sean los propios universitarios, maestros, académicos y directivos los que atiendan este asunto”.

Pero, ¿qué quiere decir el presidente con eso? Más allá del discurso progresista, lo que expresa es la política que ha impulsado la 4T, donde claramente no se contempla a los estudiantes ni al grueso de los trabajadores, como se ve con su política de la Ley General de Educación Superior (LGES). La cual fue señalada por federaciones y sindicatos universitarios por considerar que, entre otras cosas, se degrada el derecho a la educación superior y se limitan las iniciativas de cambios democráticos de las leyes orgánicas de las instituciones autónomas.

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Persecución y ataque a las universidades

La persecución a la que hacía referencia el periodista que increpó al presidente, es la perpetrada por las autoridades de la UNAM ligadas al priismo contra los profesores Efraín Vega y Juan Manuel Buchanan, maestros de la Facultad de Ciencias, quienes fueron despedidos injustamente por su participación en el movimiento #UNAMnoPaga. Con el pretexto de una supuesta violencia de género, donde les rescindieron el contrato por una "falta de probidad u honradez", sin que existiera un proceso administrativo o judicial de por medio que demostrara la responsabilidad de los docentes en esos hechos, violando el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso.

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Si bien la represión fue aplicada por las autoridades de la UNAM, ligadas al PRI, argumento con el que AMLO intenta deslindarse de los hechos, lo cierto es que esto va en concordancia con la política del régimen de conjunto, ya que en instituciones como la UACM, dominada por Morena, ocurre lo mismo, se persigue a los profesores y trabajadores por luchar, por exigir condiciones dignas de trabajo. Como les sucedió a los profesores de asignatura que se organizaron por la basificación y dignificación del trabajo, quienes terminaron siendo despedidos con la no contratación bajo el pretexto ridículo de que no eran idóneos, cuando estuvieron años dando clases, demostrando cada semestre que estaban calificados para ese trabajo.

La exigencia de los profesores por basificarse y terminar con la precarización laboral va de la mano de exigir más presupuesto para las universidades públicas. En ese contexto, el presidente ha presumido que con su gobierno los presupuestos para las universidades públicas han crecido “como no se veía en otros tiempos”. Sin embargo, las cifras oficiales expresan todo lo contrario. Según un reportaje de Animal Político, el presupuesto público entregado en 2021 para Educación Superior y Posgrado sí es mayor al de 2017 y 2018, pero 6% menor al de 2015, según los datos de la Cuenta Pública.

Para el próximo 2023 se aprobaron 162 mil millones para la subfunción de Educación Superior y Posgrado, 0.4% más de lo aprobado este año, pero 18% menos que 2015. Por ejemplo, los 47 mil 659 millones aprobados para la UNAM en 2023, son 7% inferiores a lo que le aprobaron en 2015, y 4% menores a los de 2019, en términos reales. Al IPN le ocurrió lo mismo, ya que su presupuesto aprobado para 2022 fue 13% menor al que le destinaron en 2015. En el caso de la UAM, los 8,138 millones de pesos que le aprobaron de gasto este año están 14% por debajo de la cifra de 2015, en términos reales. En el Colmex, el presupuesto de 2019 a 2021 fue inferior al monto que alcanzó en 2015, y lo que le aprobaron en 2022 está 20% debajo de lo que le autorizaron ese año.

En el Conacyt ocurre lo mismo, en 2019 el presupuesto fue de 23,688 millones de pesos; en 2020, 23,082 millones; en 2021, 21,276 millones; para 2022, el presupuesto es de 21,369 millones y para el próximo año el presupuesto para el Conacyt será de 21,822 millones. En pocas palabras, redujo en términos reales lo que recibe este organismo si consideramos factores como la inflación.

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Todo esto mientras que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 contempla recursos millonarios para la Sedena, ya que no sólo se le asignan 112 mil millones de pesos, sino que, con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría, también le corresponderá a ésta el presupuesto destinado a dicha corporación, que asciende a 67 mil 826 millones de pesos.

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Frente a los ataques

Frente a los ataques y la represión consideramos importante que los profesores de la UNAM puedan vincularse con trabajadores de la misma institución afiliados al STUNAM, para formar una sola fuerza, pero también puedan hacerlo con profesores y trabajadores de otras universidades y de otros gremios de asalariados. Por lo que sería importante que los despedidos por luchar pudieran converger, dialogar y realizar acciones en común (marchas, concentraciones, foros) con estudiantes, quienes también se ven afectados por los recortes presupuestales y el despido de sus docentes, uniéndose en grandes asambleas y en las calles.


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