PRECARIZACIÓN LABORAL

Outsourcing en México una realidad para trabajadoras y trabajadores

En el país el outsourcing sigue siendo una realidad para millones de mujeres. Dentro de las cifras oficiales esta modalidad alcanza a 4,685,356 trabajadores de las cuales el 38% son mujeres.

Lunes 23 de noviembre de 2020 | 23:56

De acuerdo con el censo económico de 2019 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), un total de 4,685,356 trabajadores son subcontratados.

Sin embargo, apenas hace unos días, Ignacio Mier Velasco, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, reconoció que esta cifra puede ser hasta 7 veces mayor por mecanismos que quedan fuera del alcance de las cifras oficiales, como la contratación por terceros.

Esto es lo que se conoce como outsourcing, es decir, son trabajadoras y trabajadores que, a pesar de prestar un servicio o cumplir una función, laboran sin prestaciones laborales de ningún tipo, no cuentan con seguro médico, antigüedad o vacaciones y en muchos casos la empresa para la que laboran ni siquiera tiene responsabilidades directas sobre sus empleados.

Esta cifra representa el 17.3 % de los empleados, de los cuales 1.8 millones, el 38 %, son mujeres trabajadoras.

Dentro de las actividades económicas con mayor presencia de trabajadores subcontratados, en donde las mujeres predominan se encuentran las actividades de salud y asistencia social. En este rubro el 64 % de las contrataciones por outsourcing, es decir 2 de cada 3 empleados subcontratados son mujeres.

Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, que las condiciones laborales de un sector que se ha vuelto no sólo esencial, sino fundamental en el combate a la pandemia de coronavirus, deje tanto que desear permite entender que apenas dos meses atrás nuestro país encabezó las cifras de defunciones y contagios por covid-19 en personal de salud.

Dentro de estos casos, las mujeres también éramos mayoría. Nada nuevo.
En otros rubros donde destacan este tipo de contrataciones se encuentra el sector docente, el sector financiero y de seguros, así como las ventas al por menor, en donde el 48 % de las contrataciones por outsourcing son mujeres. En cuanto a los servicios de alojamiento y alimentación, las mujeres ocupan el 42 % del personal subcontratado.

AMLO: Nunca más outsourcing… sólo si hace falta

Este jueves se votará en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la iniciativa para regular la subcontratación laboral promovida por Andrés Manuel López Obrador. Esto para que...

“No se abuse de la subcontratación, que se especifique en qué condiciones se puede llevar a cabo, en actividades que lo requieran”

Eso declaró el ejecutivo, el 12 de noviembre pasado, cuando presentó la iniciativa.
Respecto a esto, el presidente se ha declarado también a favor de otorgar el beneficio de la duda a los empresarios para tomar en cuenta su opinión en esta reforma a una de las leyes aprobadas en el paquete de reformas estructurales promovidas en 2012.

Sin embargo, esta práctica anquilosada incluso dentro de dependencias estatales que contratan empresas privadas para conseguir personal, se repite esta práctica. Este es el caso de secretarías como la secretaría de Economía, Relaciones Exteriores, y la Secretaría de Hacienda.

Otro ejemplo, es el Banco de Bienestar, el cual tiene un contrato de cerca de 463 millones de pesos, vigente hasta 2021 con terceros, para la contratación de 1,263 trabajadores que empleará hasta enero de 2021 y con los cuales duplicó su plantilla de 1,511 trabajadores.

Más allá de lo prometedor que suena esta iniciativa, los beneficios que la subcontratación -uno de los mecanismos más comunes de precariedad laboral- permite a empresas y dependencias pone muchos intereses en juego.

Queda claro que el interés del gobierno federal no es erradicar el outsourcing, sino adecuarlo a los tiempos que corren, permitiendo, como ya lo declaró, preservar los intereses y las ganancias de los empresarios.

Lo que realmente necesitamos las trabajadoras y trabajadores mexicanos es la completa ilegalización de esta práctica para poder garantizar salarios dignos, derecho a la antigüedad, así como seguro médico, que en estos tiempos se vuelve tan urgente, para los empleados y sus familias.






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