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Red Internacional

El sistema educativo mexicano tuvo el reto de continuar con la educación de millones de niños y jóvenes en medio de la pandemia. Los resultados están a la vista.

Sulem Estrada, maestra de secundariaAgrupación Magisterial Nuestra Clase y Pan y Rosas

Miércoles 1ro de septiembre | 21:49

Como en otros países, México se enfrentó al reto de darle continuidad a la educación en medio de una crisis sanitaria de alcance mundial, agravada por una política oficial que privilegió la economía por encima de la salud.

El gobierno de López Obrador, a través de la Secretaría de Educación Pública, en ese momento encabezada por Esteban Moctezuma, definió -sin consultar con las y los docentes- utilizar la televisión como mecanismo para mantener la educación a distancia. Para ello pagó 450 millones de pesos a las televisoras por el programa Aprende en Casa. Los resultados fueron evidentes: aumentó el rezago educativo y la deserción escolar.

Frente al fracaso del Aprende en Casa, las comunidades educativas tomaron las riendas de la situación estableciendo otros mecanismos de educación a distancia sin ningún apoyo gubernamental: clases en línea, cuadernillos, perifoneos y decenas de estrategias fueron utilizadas con recursos propios.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo que implicó sostener la educación a distancia -y de todas las dificultades que conlleva- esta modalidad dejó fuera a millones de estudiantes cuyas familias no pudieron costear lo necesario para sostenerla.

Las maestras y maestros alertaron sobre esta situación, exigiendo al gobierno dotar de recursos tecnológicos a las y los alumnos para evitar el rezago y la deserción, pero fuimos ignorados.

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Del éxito al fracaso: los cambios del discurso en el terreno educativo

Durante meses, el gobierno sostuvo el discurso de que la educación a distancia era un éxito. Entrevistas, videos, conferencias, etc. hacían gala de las nuevas habilidades adquiridas por docentes y alumnos para enfrentar la nueva realidad, mientras ignoraban las consecuencias de la desigualdad que se mostraban cada vez más claramente.

Pronto -mientras empresarios nacionales y extranjeros presionaban por la presencialidad para imponer la “nueva normalidad”-, comenzó a cambiar el discurso para aceptar que la educación a distancia había provocado rezago y había expulsado a millones de estudiantes del sistema educativo.

Pero este rezago y deserción fueron producto, en buena medida, de la falta de inversión pública para dotar de los recursos necesarios a alumnos y docentes con el fin de que pudieran llevar a cabo en mejores condiciones el proceso educativo en esta modalidad.

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Regreso forzado a las aulas, autoritarismo y verticalidad

El rezago y el daño emocional en niñas, niños y adolescentes se convirtió en el argumento principal para la imposición del regreso a clases presenciales en medio del semáforo rojo y con los picos más altos de contagios en toda la pandemia.
Esta decisión generó un fuerte descontento entre el magisterio y las familias, pues la reapertura de las escuelas no partió del “interés superior de la niñez”, como pretendieron hacernos creer, sino de la necesidad de los empresarios para la reactivación económica.

Este descontento provocó qué, a pesar del discurso de AMLO de “nada por la fuerza todo por el convencimiento”, se echara mano de los mismos métodos autoritarios, verticales y amenazadores de siempre para lograr imponer en las escuelas el regreso presencial y someter a los docentes.

Mientras nos exigen adaptarnos a la nueva realidad y asumir compromisos, ni el gobierno ni las autoridades educativas federales y locales asumieron su obligación de dotar a las escuelas de lo necesario para que el regreso fuera seguro.

Todo lo contrario, son las y los docentes y las familias quienes asumirán los costos de la reapertura de las escuelas. Se calcula que el regreso a clases costará al conjunto de las madres y padres de familia cerca de 82 mil millones de pesos en la compra de materiales -escolares y sanitarios-. Justo cuando las consecuencias de la crisis -desempleo, bajos salarios, aumento de precios, etc.-, siguen golpeando duramente la economía familiar.

Ni siquiera establecieron protocolos claros validados por expertos en salud, pero sí establecieron candados legales para evitar que las comunidades priorizaran sus necesidades en los protocolos que ellas mismos tuvieron que elaborar.

La “nueva escuela mexicana” y el sistema educativo obsoleto y conservador

Esta imposición autoritaria develó de manera muy clara que la supuesta revalorización del magisterio y la educación democrática no existen. La realidad es que pretenden hacernos volver a las escuelas repitiendo las mismas prácticas burocráticas ineficientes y verticales que sostienen un sistema educativo obsoleto y conservador. La “nueva escuela mexicana” es más de lo mismo.

Ignorando arbitrariamente todo lo aprendido durante este año y medio de pandemia, pretenden volver al viejo modelo educativo -que les es funcional para formar mano de obra- donde los niños permanecen sentados, callados y con miedo, adaptándose a una realidad brutal que podría ser radicalmente distinta si se garantizaran las condiciones necesarias para que así fuera.

Si se hubieran construido más escuelas en este año y medio de pandemia, los alumnos podrían asistir diariamente a clases en lugar de pretender evitar el hacinamiento haciendo malabares, como dividir grupos saturados en dos o hasta en tres subgrupos que acuden a la escuela un día sí y uno o dos días no.

Si hubieran dotado a las escuelas de los insumos necesarios tendríamos medidores de CO2 en cada salón, sistemas de aire que permitan una adecuada ventilación, médicos en cada escuela, pruebas diagnósticas para descubrir contagios asintomáticos y de forma expedita, investigación en vacunas para niños, niñas y adolescentes, psicólogos para contener a los alumnos y un largo etcétera.

Si hubieran invertido en las escuelas en lugar de dar dinero a la Guardia Nacional o seguir pagando la ilegitima deuda externa, podrían haber dotado de todas las herramientas tecnológicas a docentes y alumnos.

El gobierno y las autoridades educativas insisten en hacernos creer que el virus “llego para quedarse” y que eso significa arriesgarnos al contagio y adaptarnos a la muerte. Las y los maestros nos negamos a adaptarnos a esa siniestra “normalidad”, pues tenemos una obligación ética, profesional y social con nuestros alumnos, que son hijos de trabajadores como nosotros.

Defendemos su derecho a la salud y la vida y su derecho a recibir una educación al servicio de sus necesidades. Por ello es necesario organizarnos escuela por escuela, con las madres y padres de familia, para impulsar un movimiento que busque dejar atrás el modelo educativo conservador, vertical y obsoleto y piense de forma colectiva y democrática cómo transformar la educación, como parte de la lucha para transformar de raíz este sistema.




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