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Red Internacional

Denuncian que fueron criminalizadas en su ámbito de trabajo. En el lugar la policía controla el ingreso. Las trabajadoras fueron sumariadas y atacados sus salarios por solidarizarse con censistas que aún no han recibido el pago de su trabajo.

Martes 5 de julio | Edición del día

En el operativo del Censo 2022 en la provincia de Neuquén participaron 16.000 personas según indican los propios censistas, quienes ayer realizaron una reunión en las puertas de la municipalidad para lograr instancias de coordinación.

La situación en la Dirección de Estadística y Censos es de persecusión, señalaron a este medio varias trabajadoras que temen dar sus nombres por miedo a las represalias. Las dos trabajadoras sumariadas, Soledad Arrieta y Daniela González impulsaron una campaña de solidaridad contra este ataque persecutorio. La asamblea de trabajadores viene denunciando la intervención política y técnica del organismo desde el inicio del 2020. Indican que la calidad de la información que se brinda a la comunidad a través del vaciamiento de puestos de personas con perfiles técnicos especializados que son reemplazados por plantas políticas afines a la gestión.

Señalan que la terciarización de indicadores sumamente sensibles como el IPC y la censura de publicaciones se dan en el marco de una permanente violencia laboral. Esta semana desde la Dirección Provincial de Estadística y Censos solicitaron que se descuente un 25% del salario a quienes participaron de medidas de fuerza y que se evaluen mayores sanciones, como causas judiciales a 13 trabajadoras y trabajadores.

Ayer lunes la Dirección dispuso que solo pueden ingresar personas que estén en un listado que maneja la policía provincial. Se acercaron al lugar para llevar su solidaridad a las y los trabajadores perseguidos los diputados Andrés Blanco del PTS-FIT y Soledad Salaburu del Frente de Todos.

Las trabajadoras perseguidas lanzaron una campaña en la que exigen el cese de la persecución, no a los sumarios, a las causas judiciales y descuentos. Hoy llevarán su reclamo a la Legislatura provincial.




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