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Red Internacional

Sudeste asiático.Myanmar: a seis meses del golpe de Estado, los militares disponen elecciones para el 2023

El pueblo trabajador de Myanmar atraviesa una grave crisis económica, social y sanitaria. El General Min Aung Hlaing, máximo responsable de la junta militar que gobierna el país desde el 1° de febrero de este año, ahora asumió el cargo de primer ministro y anunció que recién cuando finalice el "estado de emergencia" decretado por el ejército, se podrán realizar elecciones libres.

Mirta Pacheco@mirtapacheco1

Domingo 8 de agosto | Edición del día
Foto: Reuters

El Tatmadaw -así se denomina al ejército de la ex Birmania- está sumiendo a este país del sudeste asiático en una profunda crisis, agravada por el salto en los casos de covid-19, con una alta circulación de la variante Delta. Hay un total registrado -al 4 de agosto- de 319.250 casos y el número de fallecidos asciende a 10.988, esto según lo reportado por la propia junta militar, pero se estima que el número de casos es bastante mayor. Solo el 2,83% de la población está vacunada con ambas dosis (poco más de 1,5 millones de personas). Además el sistema de salud controlado por los militares, carece de insumos básicos como el oxígeno y sus trabajadores denuncian que está colapsado.

Apenas sucedido el golpe, las trabajadoras y trabajadores de la salud fueron uno de los sectores que salieron a enfrentarlo.

La pésima gestión de la pandemia por parte de la junta castrense que dirige Hlaing se combina con una crisis económica que está afectando fuertemente a las mayorías populares. Según el "Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo" mas de la mitad de los 55 millones de habitantes de Myanmar estarán sumidos en la pobreza al comienzo del próximo año y ya hoy hay 3,5 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria, es decir que no pueden acceder a un mínimo de alimentos nutritivos para un desarrollo y crecimiento normal. Estimaciones del Banco Mundial calculan que la economía se reducirá en un 18% este año

Esta situación es la desencadenante de una crisis social donde por la desocupación, el alza de los alimentos y combustibles, sumados a la merma en el envío de remesas (que afecta a muchas familias que por la situación de pandemia, la fuerte represión en los barrios populares, y el manejo de la economía, se ven obligados a desplazarse).

Resistencia obrera y popular al golpe

Desde que los militares tomaron el poder del Estado para evitar que asumiera el partido ganador de las elecciones (las segundas desde 2011), en un país con regímenes dictatoriales desde 1962, la Liga Nacional por la Democracia (LND) cuya histórica líder es Aung San Suu Kyi (con arresto domiciliario desde el golpe), se desató en el país del sudeste asiático una oleada de movilizaciones con grandes sectores de la clase trabajadora poniéndose al frente. Sobre todo de la rama de los talleres textiles, mujeres en su gran mayoría, que incluyó una huelga general en los primeros días del golpe. La organización previa que se venia gestando desde años anteriores obligó a las direcciones sindicales a llamarla.

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La LND con una orientación neoliberal y abiertamente pro imperialista, también participó de las movilizaciones que partieron exigiendo que se respete el voto popular y abajo la dictadura, pero con el correr de las semanas, por la decisión que mostraban amplios sectores de trabajadoras y trabajadores de la ex Birmania, esos justos y básicos reclamos democráticos amenazaban con convertirse en demandas más profundas en el camino de transformarse en reclamos anticapitalistas.

La política de la Liga Nacional Democrática y su dirigente Suu Kyi, por su propia orientación nunca se planteó ir más allá de recuperar la institucionalidad del Estado.

Pero dado el control que los militares ejercen sobre los recursos naturales y las grandes empresas capitalistas era necesario avanzar en la autoorganización obrera y popular que pelee por demandas que apuntaran contra el robo de esos recursos y la brutal explotación que los empresarios ejercen sobre la clase trabajadora, como por ejemplo la toma de fábricas, el control obrero en áreas estratégicas, que junto con la necesaria organización independiente de la autodefensa obrera y popular, podían poner en jaque el dominio militar, sobrepasando a la dirección encarnada en Aung San Suu Kyi. Pero tanto las direcciones sindicales como, por supuesto, la LDN son enemigas de esa perspectiva y tratando de pacificar la resistencia -a pesar de la cruenta represión desatada- impidieron que se concretara y generalizara.

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Ahora lo que comienza a crecer es la resistencia armada, tanto urbana como en zonas rurales, con una política que coincide en dejar las demandas en las puertas de la vuelta a la democracia burguesa.

Hasta el 7 de agosto los militares ya asesinaron a casi 1.000 personas, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos (organización de DDHH con sede en Mae Sot, Tailandia), mientras 5512 permanecen presos.

En estas condiciones, a fuerza de esa salvaje represión y asesinatos, es que el General Min Aung Hlaing se declaró a sí mismo primer ministro bajo el "estado de emergencia" que él mismo decretó cuando comandó el golpe. En un mensaje televisivo dijo que “tenemos que hacer preparativos. Prometo celebrar las elecciones generales multipartidistas sin falta". Elecciones que pospuso para el 2023.

Mientras tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas, dirigida por los principales países imperialistas, a mediados de junio votó una resolución para que los Estados miembros impidan la venta de armas a Myanmar, algo que al día de hoy continúa siendo testimonial. Además de pedir la libertad de los presos y el cese de la represión. En el Consejo de Seguridad de ese organismo tanto China como Rusia se abstuvieron en la votación.

La base de esa resolución fue un texto consensuado entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que estaba negociando ser mediador entre los militares de Myanmar y el LDN, pero dicha negociación -por desacuerdos entre los mismos Estados miembros de la ASEAN- se encuentra estancada.

De todos modos, en las últimas semanas se pudieron ver manifestaciones en Mandalay (la segunda ciudad más grande del país) donde, sobre todo la juventud universitaria, llevaba carteles que se oponían a negociar con el ejército: "no hay negociaciones en una disputa con sangre". Mientras organizaciones como Human Right Watch acusó a los militares de crímenes de lesa humanidad, denunciando además de la represión y asesinatos, torturas a los detenidos.

Es necesaria la más amplia movilización de los pueblos asiáticos pero también de los trabajadores de los países imperialistas para condenar el golpe y exigir su caída, aportando a la enorme lucha y valentía del pueblo trabajador de Myanmar.




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