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Red Internacional

El camino de migrantes gestantes y con bebés hacia el sueño americano resulta muy peligroso, por lo que es necesario que las políticas migratorias, a un lado y otro de la frontera, realmente garanticen sus derechos plenos.

Diana Bruja PalaciosMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Lunes 19 de julio | 20:06

Apenas en mayo, organizaciones defensoras de DDHH realizaron denuncias contra la administración estadounidense de Biden sobre la deportación de recién nacidos con madres inmigrantes bajo el Título 42, política implementada durante la era trumpista en el marco de la pandemia Covid-19, hacia las ciudades mexicanas como Tijuana, impidiendo que los nacidos en Estados Unidos obtengan su acta de nacimiento que compruebe su ciudadanía, permaneciendo como indocumentados en México.

Las mujeres migrantes no sólo se enfrentan a una violencia extrema en su andar, desde violaciones sexuales, tráfico de personas y órganos, el narcotráfico, la persecución de la policía migratoria, desapariciones, etc. —delitos que quedan en completa impunidad, puesto que las mismas políticas antimigrantes permiten viles atropellos e inauditos vejámenes— sino que, también, han enfrentado la separación de sus hijos recién nacidos y, ahora, la deportación sin posibilidad de presentar sus casos de asilo en Estados Unidos.

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Con esto, el gobierno de Biden recurre, bajo un doble discurso pintado de “progresismo”, a la política xenófoba de la era trumpista, donde las personas inmigrantes se vieron amenazadas cuando el expresidente desencadenó una serie de políticas racistas y persecutorias en su contra; por lo que se vieron en la imperiosa necesidad de borrar las huellas de su existencia con la finalidad de no ser detenidas y deportadas, entre éstas las mujeres embarazadas y con bebés, exponiéndolas a graves daños en su salud.

En este sentido, las migrantes embarazadas debieron renunciar a los programas de protección social, ya que, hacerlo, representaba una amenaza menos para que el gobierno de Trump las identificara y fuera por ellas, separándolas posiblemente de sus bebés, en el mejor de los casos; no querían acudir al servicio médico –el cual costeaban con la ayuda de dichos programas sociales– ocultándose para evitar su detención y deportación, exponiéndolas a complicaciones durante el embarazo y parto.

Fueron las y los trabajadores obstetras quienes organizaron unidades clínicas móviles para que las embarazadas acudieran a sus citas médicas, sometiéndose a tratamientos gratuitos o con descuentos significativos, demostrando una vez más que, la potencialidad de nuestra clase, es enorme cuando se trata de defender nuestros intereses, que poco tienen que ver con los de la s clases dominantes.

“Según doctores y funcionarios sector de salud pública, (a) muchas mujeres […] les preocupa que los agentes de inmigración, que a menudo se ven en los hospitales a lo largo de la frontera, puedan considerarlas como susceptibles de deportación”. The New York Times (nov., 2020)

Esto derivó en un aumento de morbilidad y mortalidad materna, azuzado por un bombardeo de noticias tendenciosas en medios de comunicación y redes sociales, que advertían a las mujeres indocumentadas, ya dentro o en camino al territorio estadounidense, que se mantuvieran a resguardo de estos.

Llegada del gobierno Biden, ¿un cambio favorable para las migrantes?

Biden ordenó, mediante un mandato ejecutivo o presidencial, que está prohibido detener a las migrantes embarazadas, madres lactantes o en periodo posparto; además, agregó que esta medida es neutra en género, ya que los hombres transexuales también pueden parir, dado que son cuerpos gestantes. Cabe destacar, que el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) reconoció que los datos desglosados por sexo para identificar y analizar vulnerabilidades son insuficientes, pero necesarios para identificar las diversas formas en que son expuestos los hombres, las y los niños, las mujeres, y las personas LGBTI+, durante los diferentes procesos migratorios.

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Se sabe que, aunque las autoridades fronterizas federales no han publicado las cifras oficiales de detenciones, en el año fiscal se habla de un millón de detenidxs desde octubre a junio. En junio, han sido más de 6 mil 300 personas, en promedio, las que cruzaron la frontera a diario, y la mayoría fueron deportadas por el Título 42; al respecto, Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad en EE. UU., defiende las deportaciones hacia México señalando que es una cuestión de salud pública.

Si bien, el nuevo proceso para no detener a las migrantes embarazadas, puede ser en alguna medida favorable en estos casos, sigue pendiendo sobre estas vidas la amenaza, ya que no resuelve el problema de raíz, pues no garantiza derechos plenos derechos a la libre vida y tránsito, y dicho mandato no va más allá del posparto ni resuelve la condición de “no-ciudadanos” en los recién nacidos.

Hoy, nuevamente, se utiliza a las mujeres migrantes como botín de guerra para pintarse de progresistas, con una política muy insuficiente para combatir los brutales flagelos que enfrentan las y los migrantes; pues, al no hacerla efectiva con leyes específicas por el congreso estadounidense, resulta sólo en un paliativo momentáneo. Incluso si fuera aprobada mediante una ley, la realidad es que poco se hace para garantizar los derechos plenos para todas las personas migrantes, como consecuencia, tanto de las políticas que tiene el país imperialista hacia los países subordinados, como por la opresión en su propio país de origen.

Estamos viendo cómo estos gobiernos se montan en nuestras demandas, como derechos plenos hacia la comunidad LGBTI+ y la profunda cuestión de género, para vestirse de “progresistas” y con ella, intentar desactivar el profundo rechazo que ocasionan.

¡Fronteras abiertas y derechos plenos para todas las migrantes!

El nuevo proceso para no detener a las migrantes embarazadas no resuelve el problema de raíz, ya que no garantiza derechos plenos y dicho mandato no va más allá del posparto ni resuelve la condición de “no-ciudadanos” en los recién nacidos e, incluso, no garantiza que, las y los menores no sean separados de sus madres y/o tutores ni se reúnan con sus familiares. A la par, no garantiza la eliminación de la legislación vigente de la supresión trans; además, este mecanismo de Biden resulta insuficiente porque estos mandatos pueden revocarse en el cambio de administración, como ha sucedido hasta ahora.

Por lo que es indispensable construir la unidad más amplia de la clase trabajadora a ambos lados de las fronteras, luchando codo a codo en las calles contra el crecimiento de políticas reaccionarias en contra de las personas migrantes.

Construyamos un movimiento contra todas las formas de opresión y explotación desde las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y de mujeres, que se reivindiquen como verdaderamente democráticas por las libertades para la comunidad trans, de las y los migrantes, con el fin de garantizar una vida digna, por un mundo donde ya no exista gente de primera y de segunda basado en el beneficio de unos cuantos y la miseria de muchos.

¡Ese mundo es posible si luchamos en unidad!




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