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Red Internacional

Sin dotar de las herramientas y materiales necesarios para su aplicación, Mejoredu impone un examen diagnóstico y amenaza con sanciones a docentes que no lo apliquen.

Miércoles 14 de septiembre | 21:51

En este regreso a clases se anunció la colaboración de la Comisión Nacional para la mejora Continua de la Educación (Mejoredu) -institución que sustituyó al repudiado INEE- con la SEP, en el diseño de una nueva evaluación diagnóstica, para evaluar a más de 21 millones de niños, niñas y adolescentes, desde segundo de primaria hasta tercero de secundaria. Este instrumento ha sido aplicado tanto en escuelas públicas como privadas. El examen solo evaluará las asignaturas de Lectura, Matemáticas y Formación Cívica y Ética.

Mejoredu mencionó que este examen mostrará los resultados a las escuelas y esta información pretende “dar una guía que oriente la planificación didáctica y contribuya a reforzar la práctica pedagógica de las y los docentes”. ¿Cómo podría ser así cuando las maestras y maestros no participan en su elaboración?

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Evaluación estandarizada = Simulación

Desde sexenios pasados se ha impuesto el discurso de la importancia de la evaluación por parte de instituciones como la OCDE. “Evaluar para mejorar” fue la premisa bajo la cual impusieron la reforma educativa peñista y las evaluaciones punitivas para las y los docentes en 2013. A nuestros estudiantes se les obligaba hacer el famoso examen de “Enlace” y algunos otros como el de “Pisa” y “Planea” para medir su rendimiento escolar.

Estos exámenes fueron duramente cuestionados por especialistas en educación, pues al ser estandarizados, los resultados que arrojan resultan muy sesgados. No toma en consideración las necesidades ni las diferencias entre los alumnos y alumnas ni tampoco atiende las barreras de aprendizaje ni las discapacidades.

A de que el gobierno prometió acabar con las evaluaciones estandarizadas en realidad continúan aplicándose, tanto para los maestros como para los alumnos. En el caso de los docentes, ahora están ligadas al salario a través de la “promoción horizontal” que lleva a cabo la USICAM. En el caso de los alumnos y alumnas, este examen “diagnostico” utiliza un instrumento sumamente parecido al de la supuestamente extinta prueba Planea.

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No más simulación

En redes sociales se ha manifestado el descontento de las y los maestros, así como de los padres y madres de familia con respecto a este examen de Mejoredu, ya que toda la logística, desde registrar a cada alumno en línea con una plataforma que no tenía capacidad, hasta proporcionar el material del examen -pues no se les dio en físico por lo que había que sacar más de 50 copias para cada alumno recayó sobre las comunidades educativas. Otro de los cuestionamientos fue que el examen carecía de adecuaciones para los alumnos con alguna discapacidad o una barrera de aprendizaje.

Los maestros y maestras debemos de exigir que se acabe esta simulación. Nuevamente -igual que en el regreso inseguro a clases presenciales- se utiliza la excusa del rezago educativo para cometer arbitrariedades contra las comunidades educativas.

Ningún gobierno, incluyendo al actual, ha elaborado un plan serio para abatir el rezago educativo que hoy es más grave que nunca producto de la política educativa fallida que se aplicó durante la pandemia con el programa “Aprende en casa”. El presupuesto educativo sigue siendo insuficiente para mejorar las condiciones de las escuelas, así como para dotar de todo lo necesario a las niñas, niños y adolescentes para que puedan ejercer su derecho a la educación.

Además, las maestras y maestros trabajamos en condiciones antipedagógicas: con salones hacinados con más de 35 alumnos, las escuelas no tienen servicios básicos (agua, luz, internet, etc.), ni siquiera equipos de tecnologías o aulas adaptadas para los alumnos con alguna discapacidad.

Para poder acabar con el rezago se debe de aumentar el presupuesto educativo para mejorar las escuelas, para convertirlas en espacios que se adapten a las necesidades de los estudiantes, además de exigir una mayor contratación de maestros con plenos derechos laborales, así como la construcción de escuelas para que los grupos sean de máximo 14 alumnos -que es el mínimo que recomienda la OCDE, de la mano de exigir un mejor salario que aumente a la par de la inflación para que los y las maestras no nos veamos obligados a tener un segundo empleo en detrimento de la atención educativa a nuestros estudiantes. Urge que nos organicemos escuela por escuela y zona por zona para recuperar nuestros derechos y defender la educación pública sin simulaciones.




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