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Red Internacional

El caso Lozoya ha abierto un debate en torno al combate a la corrupción. Mientras tanto altos funcionarios de administraciones anteriores y la actual así como el ejército son claros implicados en la privatización de los recursos energéticos estratégicos del país.

Lunes 27 de julio de 2020 | 18:09

El pasado viernes Emilio Lozoya Austin dio a conocer que como director de petróleos mexicanos (PEMEX), repartió sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN para que aprobaran las reformas estructurales de la mano del llamado “Pacto por México”.

Rosario Brindis y Froylán Galicia, con aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, se hicieron cargo de entregar las maletas con dinero a legisladores y funcionarios para que se aprobara la reforma energética.

Entre los funcionarios que se encuentran implicados en este escándalo de corrupción están los ex miembros de la junta directiva de Pemex, incluido el ex secretario de energía Pedro Joaquín Coldwell, el ex secretario de finanzas Luis Videgaray y el ex secretario de economía Ildefonso Guajardo.

Y aunque este caso podría alcanzar al expresidente Enrique Peña Nieto, el actual mandatario Andrés Manuel López obrador ha descartado la idea de llegar hasta allá.

De este caso se ha hablado mucho en las últimas semanas, sin que se cuestione de fondo a los funcionarios implicados o al régimen que hoy sigue intacto.

Si la aprobación de las reformas estructurales, implicó un ataque a las condiciones laborales de los trabajadores, incluidos los de la educación, que hoy sigue operando por la vía de atacar las condiciones laborales más elementales.

Y en el caso de la reforma energética implicó la entrada del capital privado a la industria energética posibilitando con ello el desmantelamiento de una la empresas estatales más importantes a nivel nacional, PEMEX.

En su momento trajo un cuestionamiento profundo a los tres partidos que conformaban el pacto por México ( PRI, PAN y PRD) quienes aprobaron dichas reformas y que sumado a la desaparición de los 43 normalistas de ayotzinapa, metió en una crisis política al conjunto de los partidos, el Estado y a sus instituciones.

Por eso, como se resuelva este caso va depender de cómo el actual gobierno que quiera actuar contra oposición política (PRI, PAN). Lo cierto es que este gobierno, más allá de venir a resolver los casos de corrupción, vino a recomponer esas instituciones que fueron cuestionadas 6 años atrás y para eso tiene que pensar dos veces contra quienes dirigir sus cartas.

Una salida a estos casos de corrupción sería en primer lugar enjuiciar a todos los funcionarios que estuvieron implicados en estos casos de corrupción, para que se aprobaran las reformas estructurales.

Además es importante echar abajo estas reformas que solo benefician a los grandes empresarios. En específico a la industria energética no solo basta con la propuesta que hizo Ricardo Monreal de echar atrás la reforma energética. Es necesario la renacionalización de los recursos energéticos bajo el control de los trabajadores y usuarios, para que se decida qué hacer con estos recursos.




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