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Red Internacional

Crisis climática. "Ley Kuri” avance en la privatización del agua en Querétaro

La “Ley Kuri” en Querétaro permite la privatización del agua y demuestra cómo para las empresas los recursos de la tierra, que son indispensables para nosotrxs, no importan; por el contrario sólo significan ganancias acumuladas para las y los empresarios. Conoce cómo se está legalizando la privatización del agua en Querétaro y porqué debemos, urgentemente, combatirla.

Martes 26 de julio | 19:28

La Ley de Aguas en Querétaro o popularmente conocida como “Ley Kuri” —pues fue aprobada por Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro— entrega a particulares los organismos operadores del servicio de agua potable y legaliza el proceso de privatización del recurso hídrico permitiendo a dichos organismos suministrar y cobrar por éste desde el pasado 19 de mayo del 2022.

Ley de Aguas de Querétaro o “Ley Kuri”

La legislación “Kuri” posibilita a los municipios y a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) otorgar concesiones a la iniciativa privada para brindar al servicio de agua potable a través de licitaciones o adjudicaciones directas.

De esta forma los operadores para la prestación de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento ahora tienen derecho para:

  • Realizar el cobro directo a personas y usuarios
  • Expedir certificados de conexión
  • Otorgar facilidades y precios por el uso de infraestructura
  • Promover el establecimiento de centros de población nuevos con esta infraestructura
  • Cabe mencionar que 20 de estos operadores dominan el mercado de agua de esta entidad.

Con esto, el Estado otorga concesiones de más de veinte años para la explotación de dicho recurso, algo completamente irresponsable pues como comenta Pedro Moctezuma Barragán, doctor en planeación y desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra: “... cuando el horizonte hídrico en nuestro país no se puede prever más allá de 5 o 7 años. Además, es un horizonte que exige medidas de regulación, de control y de garantía para el derecho humano al agua y para el consumo humano de agua de calidad y no un lasser fair que es totalmente irresponsable”.

Mercantilización de un derecho por la complicidad entre gobierno y las inmobiliarias

Así mismo, Pedro Moctezuma Barragán también menciona que dicha ley está hecha en colusión del gobierno con las principales empresas inmobiliarias.

No es para nada apresurada dicha afirmación, ya que del estudio “Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común”, elaborado por el equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, así como del Laboratorio de Investigación Periodística de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) arrojó que en la región hay 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua, todas asociadas a compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son beneficiarios exclusivos.

En ese mismo sentido Claudia Romero Herrera, coordinadora del Área De Incidencias Ciudadana de Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro, indica que el acaparamiento integral del agua está “… articulado por un sector que es una élite político económica y que se mueve a través del mercado inmobiliario”. El estudio de Tsunami Inmobiliario menciona que:

“más de 32 desarrollos habitacionales extendidos sobre una superficie territorial de más de 13 mil 462.09 hectáreas cuentan con autorización para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, ocho de ellas vinculadas a una sola élite. Las operadoras cuentan con 28 millones 186 mil 434 metros cúbicos de agua anuales, mientras que empresas inmobiliarias controlan directamente más de 36 millones 272 mil 442 metros cúbicos del vital líquido al año, además de las aguas de uso industrial otorgadas por sus otras ramas productivas”.

La coordinadora advierte que “no solamente hay vivienda ahí, sino que también hay comercio e incluso en algunas partes meten un espacio industrial, tienen todo este espacio de lucro a través de la venta de la tierra y la comercialización, pero la concesión de agua es una pieza clave de ese mercado, se vuelve un insumo necesario para generar esa producción y tiene poco que ver con una lógica de abastecer a la gente”.

En este contexto, 30 organizaciones ambientales firmaron un documento dirigido a Javier Rascado Pérez, presidente de la defensoría de Derechos Humanos para que se promueva una declaración de inconstitucionalidad de dicha ley.

En este documento se advierte la omisión de garantizar el derecho a la participación por parte de la población general así como la omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

¿Cómo enfrentar al saqueo de recursos naturales?

Para frenar la concesión de recursos naturales a empresas privadas, además de contemplar el marco legal es necesario fortalecer y nutrir la organización más amplia para echar atrás la “Ley Kuri”. Para que el uso y distribución del agua realmente beneficie a las mayorías, y no a los intereses de las empresas privadas, se hace urgente la estatización de este servicio bajo control de sus trabajadores, para que la distribución de la misma sea una decisión de las y los trabajadores, así como los usuarios.

Planteándose a largo plazo destruir este sistema de carroña donde se explota no sólo el trabajo de las masas sino también nuestro hábitat natural en pos de los intereses de los partidos políticos de la burguesía y sus representantes como Mauricio Kuri y todos los empresarios. De esta manera distribuir la riqueza en manos de quienes la producen priorizando el bienestar humano y construir una relación armónica con la naturaleza donde la utilización de recursos sea planificada para satisfacer nuestras necesidades.




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