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Red Internacional

Narcotráfico. La violencia en Zacatecas persiste, comunidades enteras huyen de ola de violencia

El secretario de la Defensa Nacional señaló que los operativos para contener la violencia del crimen organizado en Zacatecas y Michoacán han fracasado
[Descripción rápida] En lo que va de 2022, se han registrado 222 homicidios dolosos en Zacatecas, de acuerdo al informe diario de seguridad del SESNSP.

Jueves 3 de marzo | 18:50

A mediados de febrero, en Zacatecas aumentaron los índices de violencia y crímenes propiciados por el asentamiento de grupos delictivos que permanecen en constante conflicto entre ellos y con la Guardia Nacional y el Ejército. Debido a la decisión de los estados que comparten frontera con Zacatecas, de cerrar el paso en la periferia de cada entidad, se ha reforzado con elementos militares los puntos más importantes de acceso con la intención de contener la expansión de grupos delictivos en más zonas del norte del país.

La situación escaló de tal forma que comunidades enteras se han visto forzadas a escapar de sus hogares, huyendo de la violencia que viene no sólo del narcotráfico sino también de la intervención de los cuerpos represivos del estado, como lo son la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y diferentes fuerzas que, en los últimos meses, bajo el discurso de la “lucha contra el narco” han dejado decenas de muertos y desaparecidos, sin distinción en ocupación, edad o género.

Como prueba de esto, en el municipio de Nieves en Zacatecas, hace poco se dio a conocer el asesinato de 5 jóvenes estudiantes que causó conmoción. Tras salir una noche, fueron desaparecidos y luego hallados sin vida unos días después a las afueras del municipio.

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Todo el estado de Zacatecas ha sido tomado por diferentes cárteles, lo que han orillado al gobernador del estado, Juan Manuel Flores Femat y funcionarios del gobierno, a cambiar su residencia a Aguascalientes, al igual que con los empresarios que desde hace un tiempo, veían como el ascenso del crimen organizado dificultaba las operaciones financieras en el estado, afectado a negocios y empresas. Los más afectados por el aumento de la violencia han sido sin duda, las familias pobres y trabajadoras.

La lucha contra la militarización

No es casualidad que los altos índices de violencia que ocurren, no solo en Zacatecas sino en todo el país, tengan repercusiones sociales. Después del inicio de la Guerra contra el Narco en 2007, surgieron organizaciones como la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización (Comecom) en 2011, en respuesta a la situación que comenzaba a desarrollarse y que impulsó a una diversidad de agrupaciones juveniles, culturales y políticas que tuvieron un papel protagónico en el movimiento en Ciudad Juárez y otras ciudades.

Después vino la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia tras el asesinato de su hijo que, pese a las masivas movilizaciones en todo el país y la justa demanda por el regreso de los militares a sus cuarteles, terminó siendo desviado por un acuerdo firmado por Sicilia y el entonces presidente, Felipe Calderón.

Años después en 2014, vino la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo que provocó un gran movimiento nacional e internacional que denunció que #FueElEstado, el responsable de la desaparición de los normalistas en complicidad con grupos del narcotráfico y partidos del régimen.

Si este enorme movimiento no avanzó en sus demandas, no fue por falta de fuerza o convicción, sino por el rol de las direcciones de los grandes sindicatos y de las direcciones populistas que, en los momentos más álgidos de la lucha, se negaron a movilizar a los batallones de la clase obrera para unirse a la lucha.

A 8 años de la desaparición los 43 normalistas de Ayotzinapa y de un movimiento democrático que puso en jaque a las instituciones del régimen, el actual gobierno no ha cumplido con la promesa de verdad y justicia para los familiares de normalistas, mucho menos en continuar la investigación a miembros del Ejército Mexicano involucrados en el crimen, y tampoco el juicio político al priista Enrique Peña Nieto.

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¿Qué hacer para enfrentar la violencia del narco y el Estado?

Tan solo en 2021 la asignación del presupuesto para las fuerzas armadas creció casi un 100%, alrededor de 148 mil millones de pesos, sumado a la promesa presidencial de otorgar 50 mil millones extras a la Guardia Nacional. Su despliegue en todo Zacatecas y los estados del norte es parte de una serie de políticas dictadas desde la Casa Blanca.

Los gobiernos de Estados Unidos han utilizado al actual gobierno y los anteriores, como border patrol para frenar las oleadas de migrantes centroamericanos y de otros países en su paso por México, así como cualquier estallido social que pudiera poner en peligro los intereses de las empresas trasnacionales. Cabe señalar que dicho despliegue militar ha significado el aumento en el número de feminicidios, juvenicidios y desapariciones a nivel nacional. Cifras que también han incrementado en la entidad Zacatecana, ya que aumentó el número de desapariciones de mujeres, según datos de la Fiscalía General del Estado, los casos se han triplicado respecto al año pasado registrando 200 mujeres desaparecidas.

Para resolver de raíz el conflicto del crimen organizado, es necesario recuperar las mejores lecciones de los anteriores movimientos contra la militarización y violencia del narco. Tras años de Guerra contra el Narco en el país, ha quedado demostrado que las políticas que abordan el problema de las drogas como un problema de seguridad pública, han fracasado. Para darle un golpe rotundo a los cárteles de la droga hay que pelear por la legalización de todas las drogas, a la par de implementar un enfoque que resuelva la problemática de la adicción a las drogas, como una cuestión de salud pública y no de seguridad nacional.

Junto con esto, es necesario reconstruir un gran movimiento por la desmilitarización del país, que exija disolución de la Guardia Nacional y el juicio y castigo a los responsables de las desapariciones, asesinatos y demás violaciones a los derechos humanos.




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