CARCELES Y CORONAVIRUS

La situación carcelaria y los derechos humanos de los presos en el Perú

Entrevistamos para La Izquierda Diario al abogado Alex Choquemamani Ccalli, especialista en sistemas penitenciarios y derechos humanos, con él hablamos sobre la situación de los internos en las cárceles del Perú en medio de la pandemia del Covid-19.

Cecilia Quiroz

Estudiante de Historia y militante de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores "CST"

Viernes 22 de mayo | 13:00

Foto: Diario Clarín

Alex Choquemamani es abogado egresado de la Universidad Privada de Tacna, es magíster en “Pensamiento Contemporáneo” por la Universidad Diego Portales (Chile), ha realizado un diplomado en “Sistemas Penitenciarios y Derechos Humanos” en la Universidad de Chile. Ha sido voluntario de la ONG LEASUR, organización dedicada a promover los derechos de los presos y presas.

¿Qué implica estar internado o internada en una cárcel?

Los derechos, según la ley, que se encuentran restringidos a los pesos es la libertad ambulatoria, es decir, la libertad de desplazarse de un lugar a otro, y a eso hay que sumar que los demás derechos se pueden alcanzar dentro de la cárcel, de acuerdo a las condiciones de encierro.

Esto quiere decir que un preso o una presa pueden trabajar, pero, bajo las condiciones del encierro, por ejemplo, si alguien quiere trabajar como ingeniero informático, un profesional que haya sido condenado a pena de prisión, no podría hacerlo en las cárceles de Perú, pero podría trabajar como carpintero u otro oficio similar.

Claro, a eso iba, entonces lo único que queda restringido es el derecho a desplazarse libremente. ¿Cuál es la situación en el acceso al derecho a la salud en las cárceles?

En el caso de nuestro país la situación es muy crítica, hablando del derecho a la salud, tanto física y mentalmente o psicológicamente. Por la información qué he estado revisando, tengo entendido que aplicación de los test para detectar el coronavirus han sido muy limitados porque hay un aspecto importante a tener en cuenta, antes de la pandemia ya las cárceles peruanas estaban en crisis, ya había un problema en cuanto a la salud o había problemas en cuanto al albergue, un problema en cuanto al trabajo y otros derechos humanos, ya que el Perú es uno de los países que incumplen tratados internacionales en materia de derechos humanos en las cárceles.

Entonces, con la llegada del coronavirus esa crisis se agudiza más por la condición de encierro, por el olvido, el descuido de todas nuestras autoridades. La información que yo tengo y está publicado en la página web del INPE (Instituto Nacional Penitenciario de Perú), también lo que ha proporcionado el ministro de Justicia, se tiene la cifra de 132 internos fallecidos.

Hay una respuesta lenta en lo que significa garantizar el derecho a la salud de una persona que está en la cárcel, lo cual lo pone en desventaja en relación a una persona que goza de libertad. La persona libre puede ir al hospital, puede cumplir el aislamiento social en su domicilio, pero en el caso de quien se encuentra privado de libertad no puede acceder, porque está encerrado, entonces, lo que nos dice la ley es que el estado tiene que proveerle un mínimo de asistencia médica, en este caso los test, la hospitalización. En función de eso podemos decir que la respuesta del estado y del gobierno de Martin Vizcarra ha sido muy lenta, en el sentido que han reaccionado bien tarde y eso ha generado los motines que ya todos conocemos.

¿Es muy dura la situación en los penales entonces?

Para hablar de cifras duras, hablando en términos generales, te diré que la población carcelaria en el Perú asciende a noventa y siete mil personas privadas de libertad en todo el país, y de esa cantidad solo se le ha practicado a dos mil quinientos veintisiete el test de covid-19, es decir, eso no cubre ni siquiera la cuarta parte de la población penitenciaria, por eso la gente está muriendo en las cárceles.

Los datos de contagiados y fallecidos que da el INPE son informaciones que hay que tomarlas con pinzas porque la cárcel ya es hermética en sí misma como institución, ahora, súmale una crisis. A mí me da la impresión, espero equivocarme, que la crisis es mucho peor de lo que él ministro de justicia habla, creo que debe haber más fallecidos y contagiados en general, y pienso así por la forma como se está encarando desde el gobierno la crisis provocada por el coronavirus.

No son suficientes 2500 exámenes, y frente al exceso de población carcelaria se hace muy poco. Recordemos que hay un hacinamiento tremendo ya que tenemos 97 mil personas privadas de su libertad, pero la capacidad de albergue de las cáceles es solamente para 40 mil, por tanto, hay un excedente de 50 mil personas privadas de libertad que viven en condiciones de hacinamiento en los penales.

¿Qué opinas de la actuación del estado peruano frente a los casos de contagio en las cárceles?

Los funcionarios del estado, del gobierno, el congreso y las autoridades judiciales, tienen un paradigma que es el de la seguridad ciudadana qué significa “que mientras yo combato el crimen, voy a ganar popularidad”, entonces, se centran en hacer reformas o cambios mínimos para que la comunidad internacional no los critique, eso, por un lado.

Por otro lado, consideramos que para tratar el problema de los penales debería tenerse un enfoque basado en los derechos humanos, es decir, que el estado hoy más que nunca debe dejar de discriminar a la hora de atender a este sector vulnerable, por qué lo que estamos viendo ahora es que este sector sigue siendo la última rueda al momento de atender los contagios.

El estado peruano tuvo la oportunidad de tomar medidas a tiempo, pero no lo hizo, entonces ahí hay un punto criticable, y yo creo que eso obedece a un asunto de popularidad, de cuidar su imagen, hablar de la cárcel, de los delincuentes ya sea hablar de procesados o condenados no es popular. No rinde voto, entonces, esa ideología es muy fuerte en nuestro país, y bueno, yo creo que el primer paso sería reconocer que son personas como nosotros.

Hablar porque la mayoría de esas personas hoy están presas da para otra conversación, lo que si nos queda claro ahora es que muchas personas que comenten delitos serios contra la vida como los que contaminan el ambiente, no van a la cárcel, o personajes como Keiko Fujimori a quien rápidamente liberaron apenas se dio lo del Covid-19. Así también tenemos a los que están involucrados en el caso Odebrecht, ellos tienen un bufete de abogados para interponer recursos, sin embargo, el grueso de la población penal es gente pobre, muchos de ellos no han podido salir de prisión porque no tienen plata para contratar un abogado.

¿Qué papel juegan entonces las cárceles en sociedades como la nuestra y que queda por hacer frente a este problema?

En nuestro país se ha hablado muy bonito en los últimos años, el crecimiento económico, que el Perú tiene una alta tasa de PBI, pero paralelamente no se ha ido resolviendo temas como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, y se ha ido endureciendo la penas, es decir, la pobreza se está encerrando en las cárceles.
Esto no es nuevo, como lo evidencian los datos empíricos aquí en EE. UU y en Inglaterra, por eso desde la sociología, desde el derecho, se da cuenta que la cárcel solo sirve para encerrar a la pobreza, mientras tanto el Estado no resuelve los problemas de la educación, del trabajo, por eso el grueso de la población carcelaria está por delitos patrimoniales o por motivos de índole económico.

A esto se suma el hecho que ya mencionamos antes y que tiene que ver con que en el Perú es muy impopular hablar de los derechos de los encarcelados, por eso se hace muy poco por mejorar la situación ya descrita y eso nos lleva a que muchos de los presos que salen de prisión vuelven nuevamente a las cárceles, lo cual se convierte en un círculo vicioso.

Así tenemos que la gente que sale de la cárcel, sale peor. Si entro por un robo de un celular, esta persona cuando salga no va a encontrar trabajo, no encuentra acceso a salud, acceso a alimentos, entonces, cuando salga volverá a delinquir, pero, probablemente será por un delito más grave que puede ser un homicidio, un secuestro, etc. Entonces, estamos ante un problema bien grande, que los gobiernos o no lo encaran o lo encaran parcialmente, por ejemplo, adoptando medidas como los indultos y gracias presidenciales qué está haciendo el gobierno luego de que han muerto nueve internos en el penal Castro Castro. Esto se convierte en una medida insuficiente si solo sirve para beneficiar a una minoría, dentro de la cual tenemos a personajes como Susana Villarán o Keiko Fujimori.

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