×
×
Red Internacional

Precarización y periodismo. La seguridad social para periodistas independientes, ¿es una medida eficaz?

¿Cómo será la cobertura social para periodistas independientes?

Lunes 13 de junio | 16:58

El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció desde hace algunos días, en la conferencia diaria del presidente López Obrador, que el gobierno federal implementará un plan para dotar de seguridad social a periodistas independientes en México. La idea surgió a causa de los cuestionamientos que el ejecutivo federal ha recibido a causa de la violencia contra periodistas y la precarización laboral en el gremio. De esta forma, el pasado 18 de febrero, apenas un mes después de los asesinatos del fotorreportero Margarito Martínez y de la periodista Lourdes Mendoza en Tijuana, nació dicha iniciativa.

Pero fue el seis de abril que el jefe del ejecutivo adelantó la propuesta, la cual expresó de la siguiente forma: “Ya tomamos la decisión y que el 25 por ciento de todo el recurso destinado a la publicidad del gobierno va a orientarse a que haya seguridad social para los periodistas que no tienen ningún tipo de apoyo; con ese 25 por ciento vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia”.

Según lo anunciado por la 4T, la cobertura ofrecida incluirá seguro de enfermedades y maternidad, por riesgos de trabajo e incapacidad, de invalidez, de vida y un retiro para la vejez, lo que suena muy bien, pero tiene grandes inconvenientes, los cuales hay que analizar con cuidado.

Precarización laboral en el gremio periodístico

Primero sería necesario explicar el contexto de la precarización laboral para entender los alcances de esta iniciativa, y es que según cifras tomadas del Inegi, en México hay unas 41 mil personas que se identifican como periodistas, de las cuales un 15 por ciento (cerca de 6 mil) trabajan por cuenta propia y no tienen cobertura social. Por otro lado, hay que considerar que del resto, que son 35 mil, no está claro cuántos están contratados vía outsourcing, es decir, que formalmente trabajan en una empresa pero bajo esquemas que les niegan los derechos laborales.

Además hay que considerar el contexto nacional, donde el gobierno de Morena ha sido un gran impulsor de la precarización laboral, iniciada por los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación para Adultos (SNTEA) ha denunciado lo que estaba ocurriendo dentro de sus centros de trabajo: ellos manifiestan que, desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, sus condiciones no han mejorado. Lo cual ocurre no sólo ahí, sino en múltiples instituciones gubernamentales, de las cuales las más visibles han sido las que tienen que ver con la educación y la cultura.

Esto también se ha manifestado en múltiples protestas en universidades como la UACM (en el 2019), del STUACh (2020), en el #UNAMNoPaga (2021), en las universidades UBBJG de la 4T (2021), del Siintracatedras (2021), en el Instituto Rosario Castellanos (2021), en la huelga del STAUAEM en este mismo año, por un aumento salarial superior al 2.5%. Principalmente llevadas a cabo por trabajadores precarizados, como los profesores de asignatura. De hecho, en las UBBJ y el IRC la 4T ha sido la responsable de aplicar los esquemas de precarización laboral. A esto se suma la actual huelga del SUTIEMS por aumento salarial por arriba de la inflación, entre sus principales demandas.

Te puede interesar: La situación que enfrentan los trabajadores del INEA en tiempos de la 4T

Las limitaciones del programa

Viendo este contexto se observan grandes limitaciones en la medida, ya que por un lado tenemos lo que declaró Ramírez Cuevas al respecto: “Quienes sean candidatos o quieran ser beneficiarios de este programa no deben contar con un contrato o ser parte de una empresa o ser subordinados laborales en un periódico, en un medio de información”. Es decir, esta seguridad social no cubre a los que estén trabajando ya en una empresa, sin importar que su contrato implique precarización laboral (y tampoco hay una exigencia a las patronales del periodismo para que dejen de aplicar estos mecanismos contra los trabajadores).

Por el otro lado, en cuanto a los 6 mil periodistas sin contrato, la medida exige que las solicitudes sean analizadas por un consejo consultivo conformado por cinco periodistas que trabajarán de forma voluntaria y sin remuneración. El consejo está integrado por el periodista José Reveles, que tiene más de 50 años de experiencia en medios impresos y es autor de varios libros; Fernanda Tapia, locutora con más de 40 años de experiencia; Nancy Flores, reportera del sitio de noticias Contralínea; el columnista de La Jornada Enrique Galván Ochoa y el corresponsal del mismo medio en Ciudad Juárez, Rubén Villalpando. Pero, ¿es posible que un consejo integrado por cinco personas pueda atender de forma eficaz a 6 mil?

Además, en la mañanera, la institución presidencial reconoció que esta no es una propuesta de política pública, sino un programa esporádico cuya continuidad no está garantizada más allá de este sexenio. Por otro lado, colectivos de periodistas criticaron el programa porque induce a que algunas empresas busquen una manera de que el gobierno se haga cargo de las cuotas de seguridad social que ellas no pagan.

Finalmente, el programa intentaría tapar la situación real de las y los periodistas, gremio al que, como muestra el ejemplo del SutNotimex en huelga desde hace más de dos años, se da una negativa a resolver las demandas laborales. Ante ello es necesaria la organización y unidad de este sector, así como con el conjunto de sindicalizados y precarizados, para pelear por la victoria de las huelgas del SutNotimex y el SUTIEMS, contra la precarización laboral y los despidos, así como por la conquista de plenos derechos laborales para todas y todos.




Comentarios

DEJAR COMENTARIO


Destacados del día

Últimas noticias