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Red Internacional

Coronavirus. La mitad de Italia entró en "zona amarilla" por el avance de Ómicron

Once de las veinte regiones italianas quedan desde hoy catalogadas como "zona amarilla" o de riesgo medio ante el avance de la variante Ómicron de coronavirus en el país, y tendrán distintas restricciones.

Lunes 3 de enero | Edición del día

Más de la mitad de Italia se encuentra desde este lunes en "zona amarilla", con once regiones y el 63 % de los italianos en el segundo nivel del sistema de restricciones instaurado por la pandemia, después de que la rápida difusión de la variante Ómicron haya llevado al país a superar el récord de contagios diarios en los últimos días.

Los 37 millones de habitantes de las regiones de Lombardía, Lacio, Piamonte, Sicilia, Liguria, Marcas, Veneto, Friuli-Venecia Giulia, Calabria y las provincias autónomas de Trento y Bolzano, según cálculos de la asociación italiana Coldiretti, pasan al segundo nivel de limitaciones.

El uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y la limitación de cuatro comensales en bares, restaurantes y fiestas, que son las principales restricciones de la "zona amarilla", ya habían sido decretadas en las últimas semanas por el Ejecutivo debido a la rapidez de contagios de ómicron y a las celebraciones navideñas. La definición abre la posibilidad de más restricciones diferenciadas para las zonas de riesgo que aún no han sido definidas. Una de las principales preocupaciones está en la reapertura de escuelas que estaba estipulada para esta semana.

Italia alcanzó su récord oficial de contagios durante la pandemia el pasado viernes, cuando las autoridades comunicaron 144.243 nuevos casos de coronavirus en las 24 horas anteriores y más de un millón de positivos.

La amplia difusión de Ómicron ha dejado desfasado el sistema de cuatro colores utilizado desde el comienzo de la pandemia, que va del "blanco", que solo obliga a llevar la mascarilla en los espacios cerrados, al "rojo", que conlleva el confinamiento blando, pasando por el "amarillo" y el "naranja".

Al segundo nivel se accede tras acumular una incidencia de más de 150 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y una ocupación de más del 10 % para cuidados intensivos y del 15 % para salas ordinarias.

Según los últimos datos semanales del Instituto Superior de Sanidad (ISS), publicados el pasado viernes, en la semana de Navidad la incidencia en el país fue de 783 casos por cada 100.000 habitantes respecto a los 351 alcanzados en la anterior, mientras que el índice de transmisibilidad Rt subió hasta el 1,18, por encima del umbral epidémico.

También aumentó la tasa de ocupación de pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos, que se situó en el 12,9 % frente al 10,7 % de la semana anterior, mientras que las hospitalizaciones en general subieron al 17,1 % respecto al 13,9 % de los siete días precedentes.

Entre las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Mario Draghi figura la exigencia, a partir del 10 de enero, del certificado sanitario reforzado -que se obtiene con la vacunación o al superar la enfermedad- para poder acceder a los medios de transporte, además de a hoteles, ceremonias o festivales. Ahora se pide para el ocio y para consumir en el interior de bares y restaurantes.

La mayoría que apoya a Draghi no logró consensuar que el súper pase anticovid se impusiera también para los trabajadores, pero el primer ministro quiere que la medida se apruebe lo antes posible, e incluso podría recibir el visto bueno del próximo Consejo de Ministros, el 5 de enero.

Tras el aumento de los casos de coronavirus a fines de diciembre, el Gobierno italiano debate ahora cómo seguir con las disposiciones para frenar el avance de la enfermedad, en especial ante el regreso de las clases previsto para el viernes 7 de enero.

En ese marco, desde el 10 de enero el país entrará en una especie de toque de queda de hecho para los no vacunados, ya que solo las personas inmunizadas o recuperadas de la enfermedad podrán viajar en transporte público, consumir en restaurantes o alojarse en hoteles.

Al igual que en otros países las medidas buscan mantener la economía en funcionamiento, y evitar la gran cantidad de cierres que implican los trabajadores contagiados. Esto significa una política coercitiva y represiva para presionar incluso con la amenaza de despidos a los trabajadores no vacunados, la reducción de los días de aislamiento (ya puesta en práctica en varios países europeos), al mismo tiempo que se debate la reapertura de escuelas y no se regula el transporte público que son utilizados por millones de personas cada día corriendo el riesgo de contagiarse para ir a sus empleos.




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