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La inconstitucionalidad de “ataques a la paz pública”, una victoria de la lucha

Después de varios años de lucha, el pasado 24 de febrero la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 362 del código penal de Distrito Federal (hoy Ciudad de México) argumentando su ambigüedad.

Martes 1ro de marzo de 2016

La inconstitucionalidad del Art. 362, fue votada por tres de los cinco jueces que conforma la Suprema Corte de Justicia, quienes declararon que el artículo es ambiguo en la tipificación de lo que significa “ataques a la paz pública”.

Esta discusión inició a raíz de un amparo promovido por Bryan Reyes, uno de los detenidos durante las protestas del 1ro de diciembre, y la Liga de abogados Primero de Diciembre (1DMX).

Ahora, más allá de las cuestiones formales, la declaración de inconstitucionalidad de este artículo es un triunfo del movimiento democrático, de los defensores de derechos humanos y de las organizaciones sociales, que han presionado para frenar la criminalización de la protesta social por parte de estos gobiernos patronales.

El 1DMX de 2012

El delito de “ataques a la paz pública” fue aprobado en el año 2002 por la administración de Andrés Manuel López Obrador - como Jefe de gobierno en el Distrito Federal-. En este artículo destacaba el carácter represivo del régimen político, al declarar que “se impondrán de 5 a 30 años de prisión y, suspensión de derechos políticos hasta por 10 años a quién mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia; realicen actos contra las personas, los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.

Mediante una redacción muy general el régimen legitimó su uso de la fuerza, porque al final ¿qué es “la paz pública”? Es un concepto tan ambiguo que ha servido a los gobiernos del PRD en la capital para mantener una política de criminalización de la juventud y la protesta social a la par de mantener una “cara democrática”.

Sin embargo, el primero de Diciembre de 2012 eso cambiaría, ya que durante la protesta organizada por el movimiento #Yosoy132, alrededor del Congreso de la Unión, contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, se operó una violenta represión con decenas de detenidos que fueron procesados con este artículo.

Entre un enorme despliegue policiaco y el uso de provocadores, 79 hombres fueron llevados al reclusorio norte y 11 mujeres al Penal Femenil de Santa Martha, después de haber sido incomunicados en la Agencia 50 del Ministerio Público conocido como “el Bunker”.

Todos nosotros fuimos acusados de “ataques a la paz pública” con la agravante de haberlo cometido “en pandilla”, otro cargo ambiguo con el que se pretendía atacar el derecho de asociación.

Finalmente fue la movilización en las calles la que consiguió nuestra libertad, uno de los primero efecto jurídicos fue que se redujo la pena del artículo 362, estableciéndose de<entre dos a siete años, y se le catalogaría como un delito con derecho a fianza.

El regente Mancera

El 5 de diciembre de 2012 tomó posesión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, quién fue importante sostén del Pacto por México.

Mancera es un claro represor y violador de derechos humanos, que operó también las represiones en la Ciudad de México durante el año 2013 y 2014. Precisamente esas protestas iban dirigidas contra el Gobierno Federal, en 2013 se reprimió en la marcha histórica, del 10 de junio, donde se detuvo a varios estudiantes.

En ese mismo año se lanzó todo el aparato policiaco contra el plantón que la CNTE sostenía en el Zócalo. Y por su puesto en 2014 se operó el hostigamiento contra las protestas que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como fue la del 20 de noviembre de aquel periodo.

De esa forma, Mancera se ha comportado como si fuera un regente que fue designado por el PRI para controlar las movilizaciones sociales que se dan en la capital. Que no nos engañe con la falsa imagen de tolerancia, con la cual busca proyectarse para las elecciones de 2018, como candidato independiente, él ha utilizado legislaciones como el artículo 287 del código Penal del Distrito Federal conocido como “ultrajes a la autoridad” que es aún más ambigua y represiva que el 362.

La lucha contra la represión nos hermana

Mediante estas leyes se buscó acallar las voces disidentes que exigían justicia y castigo a los culpables de las desapariciones forzadas, los feminicidios, las redes de trata, lo abusos de los patrones y por una educación pública y gratuita.

Precisamente hoy se pueden apreciar en otros países reclamos parecidos, por ejemplo en Argentina el 17 de febrero del presente año, el Consejo de Seguridad Interior (CSI), aprobó el “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas", el cual pretende eliminar los corte de vías de circulación como forma de protesta, estas acciones son conocidas como “piquetes”, y han sido un método de lucha del movimiento obrero argentino en la defensa de sus derechos.

En Brasil los trabajadores están combatiendo por sus derechos laborales y conservar sus conquistas, pero también contra el protocolo represivo que la ministra de Seguridad Bullrich intenta imponer, miles están ahora mismo en las calles.

Es de vital importancia conservar los derechos a la manifestación y a la protesta, como forma de enfrentar el abuso de los gobiernos y su autoritarismo; en ese sentido el pueblo trabajador de Argentina, Brasil y México está resistiendo en contra de la represión, la explotación y el despojo.

La victoria de la lucha

La derogación del artículo 362 del Código Penal de la capital es una victoria de la lucha democrática que involucra a varios sectores, entre los que se encuentran obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa etc.

Esto no es un regalo de las instituciones Estatales, sino que es un triunfo de quienes nos hemos movilizado para defender los derecho humanos, derechos que el Estado mexicano viola sistemáticamente para acallar las resistencias.

No permitamos que se generen más leyes represivas en contra de la protesta social, exijamos libertad a todos los presos políticos del país, y brindemos solidaridad internacional a quienes comparten nuestras causas y aspiraciones.






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