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PRECARIZACIÓN LABORAL

La disputa por la reglamentación del outsourcing

Las disputas en torno al outsourcing ha decantado básicamente tres posturas: la empresarial, que pretende imponer la continuidad del esquema; la del gobierno, que propone una nueva regulación; y la de las y los trabajadores, que exigen su erradicación de la legislación.

Sábado 6 de febrero

El 12 de noviembre del año pasado, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que aborda el tema de la subcontratación. Las cámaras empresariales quieren hacer pasar esta iniciativa como el fin de la subcontratación, sin embargo, la propuesta está muy lejos de ello, como se dice reiteradas veces en el documento, uno de sus principales objetivos es combatir la evasión fiscal de los grandes contribuyentes, pero de ninguna manera pretende dañar a las empresas.

La iniciativa reconoce a la subcontratación como necesaria, la intención es regularlo, prohibiendo una parte de esta:

“La iniciativa que hoy presento, busca resolver la problemática planteada, sin dañar a las empresas que, por necesidades de sus esquemas de producción y prestación de servicios, deben recurrir a la contratación de servicios u obras especializadas que no forman parte de su objeto social ni de sus actividades económicas”. ” [1]

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Es decir, la propuesta no tiene la intención de prohibir la subcontratación en su totalidad, solo una de sus aristas más agresivas. Este tipo de reformas se sustentan en una vieja fantasía que considera que es posible construir un capitalismo con rostro humano, idea muy rebatible después de dos guerras mundiales, innumerables masacres e invasiones orquestadas precisamente por los países con un capitalismo desarrollado, y actualmente por las disputas sangrientas para apoderarse de los recursos naturales en todo el globo.

Para suprimir esta arista, la reforma busca distinguir dos tipos de subcontratación: una que no ofrece ningún servicio a la empresa más que generar un doble patrón, el cual facilita legalmente la mayor expropiación de derechos laborales, tales como jubilaciones, liquidaciones, PTU, montos salariales y posibilita la evasión fiscal; y otro tipo que sí ofrece un servicio especializado a la empresa.

Por ejemplo, CMS México es una empresa que ofrece el servicio de call center a una aseguradora de automóviles en EEUU. En este caso, con las debidas maniobras legales, la subcontratación tendría posibilidad de seguir existiendo, pues está ofreciendo un servicio especializado a la aseguradora de autos.

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Como vemos, aunque la reforma no pretende abolir la subcontratación, las cámaras empresariales se han opuesto a cualquier tipo de regulación, la nueva reglamentación impondría ciertas restricciones para convertir grandes sumas del fondo de consumo de las y los trabajadores, en fondo de acumulación de capital. Por citar un dato, la Secretaría del Trabajo señaló que, en 2019, estos esquemas evadieron 21 mil millones de pesos al fisco.

Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, dijo que restringir la subcontratación “no sólo atenta contra la permanencia y generación del empleo, sino que emitiría señales negativas y de incertidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros”, [2] mientras que la Coparmex señaló que “La subcontratación es un esquema que otorga flexibilidad a las empresas y preocupa que, ante el desafío que representa la actual crisis económica, se priorice su eliminación en lugar de fortalecer los ya existentes mecanismos legales para sancionar conductas abusivas e irregulares. Se debe extirpar el tumor, en lugar de extraer todo el órgano vital.” [3]

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En estos momentos de crisis, agudizada por la pandemia, la subcontratación del trabajo es un órgano vital para descargar las pérdidas del gran capital sobre las y los trabajadores mexicanos.

Es así que resulta un imperativo para el gran capital impedir cualquier tipo de regulación, por ello recurren al clásico chantaje catastrofista de que se alejará la inversión y el país será menos competitivo, eufemismo con el que se refieren al bono demográfico que tiene México en cuanto a mano de obra barata.

La disputa entre el gobierno y las clases empresariales, no radica tanto en la limitación de la explotación de la fuerza de trabajo, pues la 4T nunca ha defendido realmente los derechos laborales, es más bien una disputa entre las diferentes fracciones de la clase dominante, en donde el gobierno lopezobradorista trata de ubicarse en una posición de fuerza frente a un sector del empresariado.

El interés del gran capital hasta ahora se ha impuesto para contener la reglamentación de la subcontratación, en parte mediante los tres parlamentos abiertos que le fueron organizados por el legislativo, espacios diseñados estructuralmente para posibilitar el juego de fuerzas entre las clases dominantes y de exclusión para las fuerzas del trabajo.

La política del trabajo

Subordinarse a la iniciativa planteada por la 4T, significa respaldar la permanencia de la figura de la subcontratación, por ello es necesaria y urgente la independencia política de las y los trabajadores.

La no prohibición del outsourcing en automático permite a los grandes empresarios, vía interpretaciones de la ley, seguir haciendo uso de este esquema de contratación. Por ende, la salida es exigir su prohibición total. Pero esto no es suficiente, al mismo tiempo se debe garantizar todos los derechos sociales e impedir despidos.

En este sentido, es fundamental que todos los sindicatos que se reclamen democráticos deben declarar la guerra contra la subcontratación, abrazando la causa de los trabajadores precarios, ya que, por una parte, los sindicalizados a pesar de tener derechos cada día los pierden más, sufren bajos salarios, pierden prestaciones, etc.

Por el otro lado, los trabajadores precarios que no tienen estabilidad en el empleo y un sindicato que los defienda, representa a más del 90% de los trabajadores mexicanos, por tanto, son una fuerza social gigante que puede inclinar la balanza de lado los derechos laborales de la clase trabajadora.



[1Cfr. “Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado”, presentada el 12 de noviembre por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados.





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