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Red Internacional

CONACyT.La disputa por el CIDE ¿La investigación al servicio de quién?

En las últimas semanas, distintos sectores del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) se han pronunciado por la destitución del director interino José Antonio Romero Teleache por considerar que su nombramiento fue una imposición de López Obrador y que su gestión es autoritaria.

Martes 23 de noviembre | 18:25

Los eventos que agitaron el avispero fueron la destitución de Alejandro Madrazo, el coordinador de la zona centro del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE) por considerarlo poco confiable y posteriormente la de Catherine Andrews, secretaria académica de la institución, por negarse a cancelar las evaluaciones semestrales a docentes —que conviene decir son parte de la lógica de competencia individual para la conquista de derechos laborales—. Ambos despidos fueron ejecutados por Romero Teleache.

Romero fue nombrado director interino en agosto por el presidente, tras la renuncia de Sergio López Ayllón. El día de ayer la comisión dictaminadora del CIDE nombró al interino como director pleno en medio de las protestas; únicamente hace falta la aprobación de López Obrador para que oficialmente asuma el cargo.

En realidad, el conflicto entre el CIDE y el gobierno de Obrador se expresó desde que este decretó el fin de los fideicomisos, entre ellos los destinados a ciencia y tecnología, lo cual ha sido señalado por académicos e investigadores del instituto en cuestión como una “política de asfixia” al CIDE y al CONACyT.

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Dicha medida fue implementada con el discurso de combatir la corrupción y la malversación de fondos, pero lo que no dice el presidente, es que la corrupción en las instituciones educativas y de investigación, no se deben a la cantidad de financiamiento que se les otorga o a las mafias que tienen a la cabeza, sino a las estructuras profundamente antidemocráticas que garantizan que la administración de los fondos sea a espaldas de las comunidades y que estas mismas “mafias” mantengan el control de las instituciones y universidades.

Además de la “cruzada contra la corrupción”, el “fin del neoliberalismo” ha sido también una de las banderas discursivas principales de la 4T y en teoría es una de las prioridades en la agenda de Teleache, quien ha señalado al CIDE de haber adquirido una ideología neoliberal durante el gobierno de Miguel de la Madrid y el salinismo, que han ocupado a dicho Centro como consultoría política para los políticos.

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Lo que nadie puede negar es que el CIDE es un centro altamente elitizado y exclusivo, que cuenta con una matrícula de menos de 400 estudiantes según la página oficial de la institución, si bien la inscripción no tiene costo, al semestre se pagan cinco mensualidades de 6 mil pesos cada una y para ingresar se deben pasar tres filtros.

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Este Centro de Investigaciones por su inclinación académica -sus carreras van desde Gobierno y Finanzas, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Derecho-, fue un baluarte importante para formar cuadros y desarrollar políticas para los gobiernos en turnos y en este sentido fue clave para la introducción e implementación de las políticas neoliberales.

Por esto, el gobierno de la 4T no tiene ningún reparo en arremeter contra sus funcionarios, pues le permite fortalecer su discurso “antineoliberal”, como lo ha hecho con el resto del CONACyT de la mano de su directora María Elena Álvarez-Buylla, introduciendo a personajes como Getz Manero al Sistema Nacional de Investigadores, que no cuenta con ningún mérito como investigador.

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Lejos de contraponerse a lo que en los hechos ha implicado el neoliberalismo para la ciencia, la tecnología, la investigación y la educación superior, el gobierno de López Obrador ha profundizado estas condiciones, pues no dicen una palabra sobre lo excluyente que son las instituciones como el CIDE y en el caso de las universidades estatales, aunque promete hacerlas gratuitas, esto no será posible con el presupuesto raquítico y la falta de recursos para el fondo que garantizaría su gratuidad y obligatoriedad según la Ley General de Educación Superior.

Además avanza en la precarización de los trabajadores de este sector con el fallo de la SCJN en octubre que convirtió a los trabajadores de las instituciones descentralizadas, en trabajadores de confianza, como explicamos en esta nota.

Lo que está en disputa no es el carácter neoliberal del CIDE y el CONACyT, sino el control de las instituciones que en el último periodo han concentrado y monopolizado la investigación y la ciencia. Para las grandes mayorías —que por la vía de los hechos estamos excluidos de dichos espacios— nos es indiferente si estos centros, están a manos de la derecha y el empresariado, o bajo el control del Morena y sus megaproyectos (que también benefician al empresariado como el Tren Maya, donde Slim se llevará una buena tajada del pastel), dado que por una u otra vía son espacios completamente alejados de nuestras necesidades.

La ciencia, la tecnología y la investigación, para estar al servicio de las grandes mayorías y no de las políticas neoliberales y del sector privado, deben estar bajo el control de sus propios investigadores, de los investigadores, docentes, trabajadores del sector y estudiantes, y funcionar sin estímulos individuales que fomentan la competencia y la adquisición individual de derechos, con sueldo y becas suficientes para todos quienes los componen.

Las universidades y centros de estudio deben ser abiertas para quienes quieran ingresar a ellas sin ningún tipo de restricción, con becas universales que cubran todo lo necesario para que no sea la juventud precaria la que se queda fuera de las aulas y un aumento urgente al presupuesto para la educación, la ciencia y la investigación que permita la infraestructura suficiente para cubrir la demanda.




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