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Red Internacional

En medio del envío de más Gendarmería a la provincia por parte del Gobierno nacional, la oposición de Juntos redobló su campaña represiva y de mano dura estigmatizando al pueblo mapuche.

Juana Galarraga@Juana_Galarraga

Viernes 22 de octubre | Edición del día
Foto: Infobae

La semana pasada la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, había solicitado el envío de más Gendarmería al Ministerio de Seguridad. El pedido se funda en una campaña sin pruebas y cargada de odio racista, en la que el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro acusa a la comunidad mapuche de ocasionar tres incendios recientes en la comarca andina. Es por esto que acusa al pueblo mapuche de terrorista y usurpadores.

Este jueves Alberto confirmó que enviaría el refuerzo para seguridad, aunque en una carta a la gobernadora aclaró que esto no era obligación del gobierno. La oposición de derecha de Juntos aprovechó esta situación y la carta del presidente, para dar rienda suelta a su agenda represiva y de mano dura en el marco de la campaña electoral. Patricia Bullrich consideró que el jefe de Estado “peca de ignorante eludiendo sus responsabilidades en materia de seguridad”. “El sur está en peligro y usted lo abandona. Exigimos la inmediata rectificación de su posición”, agregó la presidenta del PRO.

“El Presidente actúa como Poncio Pilatos ante la violencia de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) en la Patagonia. ‘No es mi función’, dice la máxima autoridad del Estado. Es su deber constitucional, Presidente, defender la propiedad, la libertad y la integridad física de los argentinos. No se lave las manos”, suscribió Cristian Ritondo. En la misma sintonía desde la coalición se sumaron Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri, presidente del interbloque en la Cámara de Diputados, y diputados como José Cano, Waldo Wolff o Luis Petri.

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La indignación de la derecha por la respuesta del oficialismo, es un acting como los que acostumbra montar con el apoyo de los principales medios patronales del país. La misma gobernadora reconoció no tener pruebas para la acusación que lanza contra los mapuches. Recordemos que mientras Santiago Maldonado aún estaba desaparecido, Elisa Carrió soltó muy libre y tranquila en los estudios de TN que debía estar con “el RIM” (queriendo referirse a la RAM).

"Sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”, fue la sugerencia de Alberto Fernández en la carta a la gobernadora. De esta forma, intentaba despegarse de la aplicación de la Ley 24059 de Seguridad Interior que es lo que la derecha que se aplique con todo rigor.

De todas maneras, mientras la derecha redobla su campaña represiva y racista, el Gobierno nacional decidió enviar refuerzos para la provincia. Así Alberto Fernández pondrá a disposición agentes de Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que desembarcarán en El Bolsón y Bariloche. El mismísimo Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobernador bonaerense Axel Kicillof, no se quedó atrás y pidió que el Gobierno responda con más mano dura al reclamo mapuche.

Entrevista a Laura Xiwe Santillan, mapuce y docente en Río Negro, en Alerta Spoiler.

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Los distintos gobiernos reprimen sistemáticamente e intentan desalojar a las comunidades que pelean en defensa de sus territorios. Los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado son antecedentes de cómo responden a este reclamo. También lo son las topadoras y las quemas de casillas con las que todos los gobiernos provinciales y el de la ciudad de Buenos Aires responden a los reclamos de los sin techo por un pedazo de tierra. De hecho, en el debate de candidatos por la provincia de Buenos Aires, se vio cómo todos los candidatos tomaron en sus manos la agenda de más mano dura, a excepción de Nicolás del Caño, que denunció esta política.

Más allá de las acusaciones y las peleas en modo grieta, el oficialismo y la oposición de derecha colaboran con la campaña anti mapuche, su criminalización y represión. Así lo denunció en un comunicado la candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda Unidad, Laura “Xiwe” Santillán: “En los últimos meses la región cordillerana ha sido foco de una campaña racista digna del Siglo XIX con el fin de dar lugar a negociados turísticos y empresariales que no solo atentan contra las comunidades mapuches del lugar sino también contra toda la población”.

Un repaso por los hechos

Como viene denunciando este diario, los hechos de represión salvaje y asedio a las comunidades mapuches tienen lugar en la provincia desde hace tiempo.

En agosto se realizó el Foro Consenso Bariloche, cónclave inaugurado por la gobernadora, donde se realizó un supuesto debate sobre la posesión de tierras entre la élite empresarial y terrateniente de la Patagonia.

El sábado 28, una comunidad que se encuentra en la costa del Río Colorado, en conflicto con una empresa petrolera lindante, denunció que atropellaron al lonko Alberto Nuñez. El hombre iba en moto con un compañero. Luego los golpearon y los amenazaron para que abandonen el territorio. El Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro señaló: "Nos quieren hacer ver como victimarios, pero somos los que siempre recibimos la violencia. Este es el resultado del Foro Consenso Bariloche, solo violencia".

En una crónica del 1° de octubre, el periodista de este medio, Ariel Petrucelli, describe la situación del Lof Kemkemxew (Quemquemtrew), comunidad mapuche ubicada en tierras recuperadas pocos días antes en el paraje “cuesta del Ternero”, a unos treinta kilómetros de El Bolsón. Estaban resistiendo un intento de desalojo:

“El entorno inmediato es desolador: estamos en medio de un bosque quemado. Una de las zonas afectadas por el incendio gigante del año pasado. Nos rodean pinos muertos, con los troncos chamuscados. Algunos fueron cortados y colocados a modo de barricada. Sólo queda un único acceso. Por fortuna, a nuestras espaldas, la ladera del cerro se halla cubierta de bosque nativo que se salvó de las llamas. Los pinos implantados son una desgracia en toda la zona: una plaga que se esparce sin control, es particularmente propensa a los incendios por su corteza resinosa, consume demasiada agua e impide el desarrollo de cualquier otra especie vegetal. La política de reemplazar los bosques nativos -talados a mansalva y sin control- por monocultivos de pinos foráneos se ha demostrado desastrosa”.

Oficialismo y oposición discuten la responsabilidad en la represión, sin embargo ambos están de acuerdo en que el desplazamiento de las comunidades y los palos contra su lucha son necesarios. Ambos bandos están de acuerdo en poner la tierra al servicio de los negocios extractivistas: petroleros, forestales, mineros, agroexportadores.

Otro ejemplo de este tipo de modus operandi de violencia sistemática contra los pueblos originarios, se encuentra en Formosa, donde la Comunidad La Primavera ha sufrido muchos ataques similares al que padecieron el lonko Alberto Nuñez y su compañero. En Formosa, patrones de estancia han atropellado con sus camionetas 4x4 a más de un miembro de la comunidad Qom sobre la ruta, con la total complicidad de las fuerzas represivas y el gobierno.

Motivos de fondo

Lo que está detrás de la campaña antimapuche y el pedido de represión, es la lucha de las comunidades por que se prorrogue la ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena que declara la "emergencia de las tierras y prohíbe los desalojos hasta que se haga el relevamiento de comunidades para el otorgamiento de los títulos correspondientes".

Aprobada en 2006, la última prórroga vence en noviembre de este año. Cientos de comunidades nunca fueron relevadas a pesar del paso del tiempo. Lo que la derecha quiere a toda costa es que esta ley se caiga, aunque la realidad es que nunca se cumplió.

“Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿Cuál es el plan del gobierno?, ¿Prorrogarla sin informar?”, preguntó la diputada de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo.

Cuando dicha ley se sancionó en 2006 el INAI recibió 30.000.000 de pesos para hacer el relevamiento territorial. Cuando se cumplió el plazo de cuatro años de su entrada en vigencia, no se había hecho nada. Se prorrogó el plazo hasta 2013 y luego una vez más hasta 2017. Ningún gobierno cumplió con la ley y avaló el avance de los terratenientes y empresarios sobre los territorios. Las comunidades resisten y pelean en defensa de sus territorios.

Por mencionar otro ejemplo, el 12 de octubre pueblos originarios de Jujuy finalizaron una procesión que duró 10 días, la sexta Caminata por el Agua y la Vida. Allí también denuncian el avance de proyectos extractivistas que afectan sus fuentes de agua.




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