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Red Internacional

El pasado viernes 13 de mayo, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, aprobó una demanda colectiva representada por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE) en oposición a la construcción del tramo 5 del Tren Maya.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Miércoles 18 de mayo | 23:08

Bajo el concepto de acción colectiva de tipo difusa, organizaciones civiles, habitantes de la región y defensores del medio ambiente demandaron ante el juez Luis Alberto Ibarra Navarrete a las cinco constructoras destinadas para la realización de este megaproyecto, por iniciar las obras del tramo 5 sin contar con todos los permisos ambientales que exige la ley.

La demanda es reparatoria, pues contempla la posible suspensión definitiva de la construcción del Tren Maya según el presidente de la ONRE, Jesús Alberto Guerrero Rojas, una asociación civil que se ha especializado en la representación colectiva de afectados por políticas públicas o acciones de privados.

Guerrero explicó que, para presentar la demanda, 60 científicos elaboraron un expediente en el que se denuncia que más de 240 hectáreas de obras del Tren Maya provocaron una devastación total de selva media y alta subperennigolia y subcaducifolia, que estaba en excelente estado de salud y es hogar de alrededor de 20 jaguares, especie protegida.

Además, con la construcción se fracturará la cuenca hidrológica de la Península de Yucatán, lo que vulneraría el derecho al agua y a un medio ambiente sano.

Por ello solicitaron la suspensión de los trabajos que se desarrollan a lo largo de casi 40 kilómetros entre Playa del Carmen y Tulum, y piden a las empresas demandadas reparar el daño cometido al medio ambiente, por lo que deberían pagar un costo inicial de restauración por daños ambientales de unos 572 mil 147 millones 840 mil pesos (28 mil millones de dólares), que irían a un fondo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal.

Las empresas demandadas son: Grupo México, presidida por el magnate Germán Larrea Mota Velazco; la trasnacional española Acciona Infraestructuras México y tres razones sociales de la constructora ICA, que preside Bernardo Quintana, quien también fue uno de los beneficiarios directos de los contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM): México Proyectos y Desarrollos, ICA Constructora e ICA Constructora de Infraestructura.

Crisis en Semarnat y Fonatur

El 11 de enero, tras la salida de Rogelio Jiménez Pons de la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), más de 100 funcionarios renunciaron a sus cargos en ese organismo, entre ellos cinco directores, algunos gerentes, coordinadores, ingenieros y analistas.

El pasado 13 de mayo, un tribunal federal de Mérida confirmó una suspensión provisional (amparo 884/2022) que impedía a Sedatu, Fonatur y Fonatur Tren Maya la construcción, infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno o cualquier otra actividad que implique su ejecución material en el mismo tramo 5 del Tren Maya, por la falta de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) admitió que cuatro tramos del Tren Maya carecen de estudios de impacto ambiental definitivos.

Dos días después, el 15 de mayo, tres directores de la Semarnat presentaron su renuncia: Juan Manuel Torres Burgos de Impacto Ambiental; Adolfo Cimadevilla Cervera de Calidad del Aire y Registro de Emisiones; y Ricardo Ortiz Conde de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

La autorización provisional para la obra fue otorgada con base en el decreto presidencial del 22 de noviembre pasado, que ordenó a las dependencias exentar de trámites a todos los proyectos y obras a su cargo, considerándolas como de interés público y de seguridad nacional.

El tribunal de Mérida tendría una nueva audiencia el 27 de mayo para definir si la suspensión será definitiva, pero de ser acreditada la demanda colectiva sería suspendida la obra y las empresas estarían obligadas a pagar el daño.

Sin movilización no hay justicia

Sin la organización de la población, junto a lxs defensorxs del medio ambiente y de los colectivos que se unieron para interponer la demanda, así como de lxs artistas del movimiento #SelvaMeDelTren, el caso no tendría tanta visibilidad y posiblemente no habría logrado poner en la mesa la posibilidad de que se suspenda; sin embargo, que el presidente continue con la política de avanzar con la construcción del tren pone a la población de la región en menores posibilidades de ser escuchados y atendidos en su demanda contra el megaproyecto.

Desde la aprobación del decreto presidencial en noviembre y tras el llamado de la presidencia a las fuerzas armadas a "defender" la construcción del Tren Maya, que de construirse estará bajo gestión militar y con las ganancias destinadas a pensiones y prestaciones de las fuerzas armadas; efectivos militares, Marina y Guardia Nacional se apoderaron del territorio, como una forma de control, para meter miedo y terror a los pueblos, dijo Sara López del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) durante el conversatorio Tren Maya: Miradas y aproximaciones desde las comunidades promovido por la UNAM.

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El gobierno de la 4T ha continuado el modelo extractivista de sexenios pasados, despojando a las comunidades originarias y permitiendo la depredación del medio ambiente en favor de los intereses privados de las grandes empresas.

Para frenar el daño ambiental y el despojo que representa la construcción del Tren Maya y este tipo de políticas, es vital que las y los trabajadores del país, defensorxs medioambientalistas, comunidades indígenas y la población afectada tomen en sus manos la lucha por el medio ambiente y el territorio, de la mano con los científicos que conocen el daño y las consecuencias ambientales, para decidir qué proyectos aplicar y bajo qué condiciones, de acuerdo con las necesidades de la población y sin la destrucción del ambiente.




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