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Red Internacional

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo continúa ocultando información acerca de la construcción del Tren Maya, retrasos, costos y rectificaciones del recorrido son algunas cosas que no se dicen públicamente, esto sin mencionar los terribles daños ambientales y sociales que arrastra su construcción.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 15 de julio | 00:32

El titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, mejor conocido como Jimmy Pons, y los directores jurídico y de administración, Alejandro Varela y Arturo Ávalos no han revelado el monto que el Fondo ha gastado en 2019 y 2020 por concepto de adquisición de tierras para la liberación del derecho de vía del Tren Maya, ni cuántos metros cuadrados son.

A las solicitudes de tres ciudadanos realizadas vía transparencia (por medio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI), respondieron que se habían gastado 84.9, 633.7 y 641.3 millones de pesos, respectivamente.

Según los datos de Fonatur, el primer trimestre debió tener un monto de obra aproximado (incluyendo el proyecto ejecutivo) de 23,157.6 millones de pesos, sin IVA, pero en marzo se habían destinado tan solo 5,126 millones, el 22 % de lo previsto.

Con base al informe de finanzas públicas de mayo también se observa que el gasto de la Secretaría de Turismo (Sectur) aumentó de 3,809.8 a 12,185.9 millones de pesos, del cual gran parte se ha utilizado en el proyecto del Tren Maya. De igual forma se ha mencionado en diversos medios que dicha Secretaría elevó su gasto en el primer trimestre del año a 205.2 %, comparado con el presupuesto asignado para el mismo periodo en 2020, para la construcción del megaproyecto en el sur del país.

¿Quiénes son los beneficiados de la obra?

El tramo 2 del tren, de Escárcega a Calkiní, corre a cargo de la Operadora CICSA y la española FCC Construcción –con un atraso significativo que podría ameritar la rescisión inmediata del contrato–, los tramos 1, 3 y 4 están a cargo de Azvindi , Lamat e ICA –la encargada de la construcción de la negligente línea 12 del metro de la Ciudad de México junto a Grupo Carso y la francesa Alstom–, y el tramo 5 sur, de Playa del Carmen a Tulúm, corre a cargo de Grupo México, de Germán Larrea –con al menos 120 infracciones federales en materia de medio ambiente, salud y seguridad–.

El costo del tramo 5 norte que va de Cancún a Playa del Carmen, que originalmente iba a ser construido por empresas privadas mediante licitación pública y que ahora corre a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), costará entre tres y cuatro veces más que la oferta económica más baja ofrecida al gobierno.

Una megaobra que se prioriza sobre la salud, el medio ambiente y los pueblos indígenas

Fonatur había insistido en que no se han modificado los contratos, pero se autorizaron tres convenios modificatorios en cada uno de los tramos 1 y 2, y cuatro más en el tramo 3, firmados por Roger Francois Desdier Tello, estudiante trunco de arquitectura que funge como subdirector de Obras, firmando los papeles del Fonatur.

Los importes comprometidos para 2020 eran de 4 mil 51.7, 7 mil 161.8 y 2 mil 23.0 millones de pesos en los tramos 1, 2 y 3, respectivamente. Pero en julio de 2020 Leopoldo Zambonino, representante de la empresa Mextypsa, recomendó modificar el eje indicado en la ingeniería básica y ajustarlo al eje del ferrocarril del istmo de Tehuantepec, desperdiciando la mayor parte de los 385.2 millones gastados en 2019 y una parte de los 2 mil 584.4 millones de pesos gastados en la adquisición de terrenos de propiedad particular y de régimen ejidal para la liberación del derecho de vía de 2020.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal exigió al gobierno de la 4T la cancelación del tren maya y que los 170 mil millones de pesos del presupuesto de este megaproyecto fueran destinados a atender la pandemia por covid-19, en medio de una crisis sanitaria a la que no se le ve fin. Al mismo tiempo, denunciaron conflictos ejidales, agresiones y amenazas contra las comunidades que se oponen a la construcción del tren.

Cualquier megaproyecto debería ser planificado en función de las necesidades de la mayoría de la población, a la par que en armonía con el cuidado del medio ambiente y la preservación de la fauna, con la participación de comunidades y pueblos originarios que habitan los territorios comprometidos para las obras, y no al servicio de los intereses empresariales.

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