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Red Internacional

Cada 5 de septiembre se conmemora el día internacional de las mujeres indígenas, instituido en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América que se realizó en Tiahuanaco, Bolivia en 1983.

Maestra Teresa AguilarMaestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

Jueves 8 de septiembre | 01:15

La fecha se eligió en honor a la lucha de la guerrera aymara Bartolina Sisa, quien se opuso a la dominación colonial y fue asesinada en la Paz, Bolivia, en 1782.

Este día, habitualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), lo conmemora con carteles y videos que reivindican a las mujeres indígenas, sin embargo, ¿qué ha hecho el sindicato para que las trabajadoras y estudiantes indígenas tengan mejores condiciones de trabajo y de estudio?

En México existen 23.2 millones de personas que, a partir de los tres años de edad, se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19.4 % de la población total.
Es sabido que, las mujeres indígenas son triplemente oprimidas en el sistema capitalista y patriarcal, pues, además de sufrir discriminación por su clase, grupo étnico y género, con roles socialmente impuestos para la crianza y el cuidado del hogar, no cuentan con trabajos dignos, y mucho menos, con salarios suficientes para cubrir sus necesidades básicas, siendo en muchos casos las únicas proveedoras del hogar.

Las familias indígenas tienen poco o nulo acceso a la educación, sumado a que las maestras y maestros rurales escasean, y más aún, de origen indígena, lo que dificulta preservar la diversidad de las culturas existente en el país.

Esta situación garantiza que, aproximadamente una quinta parte de la población indígena sea analfabeta. Del 96.2 % de hablantes de lengua indígena que recibe educación primaria, el porcentaje se reduce a 58.2 % entre las y los jóvenes de 15 a 17 años, pero, a la vez, muchos de ellos terminan la primaria a esas edades, dadas las condiciones de vida que llevan, en las que deben trabajar desde muy niños junto a sus padres, o bien, en el comercio informal o en los campos.

Por otro lado, sumado a las escasas oportunidades para acceder al mercado laboral y la doble precariedad que se les ofrece aprovechando su vulnerabilidad, la población indígena difícilmente cuenta con acceso a los servicios de salud, a una alimentación saludable o al servicio de agua potable.

Y estas adversidades, son aún peores en la vida de las mujeres, pues las hace particularmente susceptibles a múltiples actos de violencia a los que le abre la puerta la descriminación y vulnerabilidad en que se encuentran.

La política de desaparición de las normales rurales

Fue durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) que las Normales Rurales, alcanzaron su número máximo de 36 en todo el país. Desde entonces han ido mermando, por la falta de ingresos económicos y una persistente política de eliminación de este sector de la educación, gobierno tras gobierno.

En la actualidad existen 17 Escuelas Normales Rurales, mismas que se hicieron visibles en el país a partir del caso Ayotzinapa de 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural de Iguala, Guerrero.

No obstante, durante su campaña política rumbo a la presidencia, López Obrador prometió detener el cierre de escuelas rurales y reabrir la Normal “El Mexe” de Hidalgo, cerrada en 2008 durante la gestión priísta de Osorio Chong, que la convirtió en parte del Instituto Politécnico Nacional.

Pero, en lugar de recuperar el espacio destinado a esta escuela, el presidente abrió una Universidad para el Bienestar y con ella, la extensión de un proyecto ultra precarizador para profesores y estudiantes, cambiando la capacidad de internado con alimentación por un proyecto de becas individuales que, de por sí, no alcanzan para cubrir los gastos de las y los estudiantes. Y en el caso del resto de las escuelas normales rutales, ninguna mejora o atención hubo para ellas.

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El Gobierno de la 4T ha destinado 339.550 millones de pesos (casi 17.000 millones de dólares) en programas sociales para los más de 2.05 millones de hogares indígenas y afromexicanos del país, y si bien es casi el 70 % más que lo destinado en el sexenio anterior, -según Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)-, es totalmente insuficientes para cambiar la realidad que viven las comunidades, dado que no existe una política que les contenga social y culturamente, y les brinde condiciones de vida dignas.

De igual forma, la mayoría de las y los trabajadores no indígenas no contamos con condiciones dignas de trabajo, de educación, salud o vivienda, y las políticas gubernamentales precarizan cada vez más las vidas de las familias trabajadoras, arrebatando los derechos conseguidos por generaciones, cómo la jubilación que se sigue elevando a edades más avanzadas y sin pago de pensión.

Por ejemplo, en el caso de las y los docentes, la misma dirección charra permitió el aumento de la carga laboral con la ampliación de días al calendario escolar, y ahora, con la propuesta de implementar “horas extras para completar el nuevo horario extendido, pagadas por padres y tutores de familia” , y ya no por la Secretaría de Educación Pública, horas que les serán impuestas por fuera de las condiciones generales de trabajo establecidas, lo que atenta directamente contra el derecho al salario.

Todo esto lo ha permitido el SNTE con años de subordinación a las políticas gubernamentales y la contención de las luchas y de la organización independiente de las bases trabajadoras. Al igual que avaló todas las politicas de despojo de los pueblos indígenas y permitió la degradación permanente de la educación para este importante sector de nuestro país.

¿Con qué cara estos burócratas al servicio de políticos y empresarios se hacen propaganda reivindicando a nuestras mujeres indígenas? mientras se encargan de garantizar la falta de educación para los niños, niñas y adolescentes, la amenaza de extinción de sus lenguas, y el abandono a las y los docentes rurales que luchan solxs por cubrir las necesidades de estas comunidades.

La unidad desde abajo es la perspectiva

La recuperación de nuestros derechos laborales, así como la defensa de derechos para las mujeres, la sexodiversidad y todas las comunidades indígena, nos llama a las trabajadoras a ponernos al frente de los sindicatos, organizadas en comités por escuelas regions y/o zonas, para luchar codo a codo junto a nuestos compañeros, por educación sexual integral en las escuelas, por el derecho al aborto de niñas, jóvenes y trabajadorxs, implicado en el derecho al acceso a la salud pública.

Las maestras podemos organizarnos por estas y otras demandas, y también para recuperar nuestro sindicato echando al charrismo sindical que permitió la profundización del rezago educativo ocasionado por la falta de condiciones para accede a la educación a distancia en pandemia; lo que, para la comunidad indígena fue devastador, pues sólo 3 de cada 100 estudiantes cuentan con acceso a internet; y hoy, ante la presencialidad, se siguen permitiendo las clases en escuelas –centralemnte rurales- sin infraestructura adecuada, en condiciones inseguras y pasando por encima de los derechos de las y los docentes.

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