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Red Internacional

Existe un conflicto entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno del Morena por el presupuesto para el 2022, el cual ha sido impugnado por el órgano electoral.

Jueves 9 de diciembre de 2021 | 00:06

El INE presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2022, demandando más recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato del próximo año, el cual requiere de 3,830 millones de pesos según el organismo. En ese sentido, Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo del Consejo General del INE, reiteró que el recorte de 4,913 millones de pesos no permitiría que se realicen procesos electorales en óptimas condiciones programados para junio, además de que declaró que el recorte carece de justificación presupuestal.

Por su parte, la Comisión Temporal de Presupuesto 2022 del INE buscará el ajuste de presupuesto para realizar el ejercicio de la revocación de mandato, sin caer en un déficit 3,000 millones de pesos, siendo que los recursos totales del Instituto son de 19,736,593,972 millones de pesos, que serán destinados, además de a la consulta, para el financiamiento de los partidos políticos, el presupuesto base, la cartera institucional de proyectos y las elecciones del poder Ejecutivo local en seis estados: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, arguyó que, a pesar de todo, harán lo posible para que la consulta sobre la revocación de mandato se lleve a cabo el próximo año, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales.

Frente a este panorama de disputa entre el INE y la 4T, ¿las y los trabajadores tenemos algo que ver?

La realidad de la consulta

Habría que aclarar brevemente el contenido político y social de la consulta impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual será en los hechos no para que la población trabajadora evalúe su desempeño como gobernante, sino para reforzar su legitimidad y refrendar su mandato. Ya que los gobiernos tienden a tener menor aceptación en la segunda mitad de su mandato, al ser quienes aplican los planes antiobreros y antipopulares, pero AMLO no está dispuesto a que eso ocurra.

Así, propuso este ejercicio valiéndose de viejas prácticas clientelares y corporativas implementadas por los partidos tradicionales del régimen capitalista mexicano, utilizando programas sociales y a los trabajadores de diversas dependencias para impulsar la consulta, como lo demuestra el audio filtrado de Participación Ciudadana, perteneciente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza.

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Más allá de su retórica de “cambio”, en este gobierno se puede apreciar la continuidad de políticas de sexenios anteriores, como es el impulso de mega proyectos, que profundizan el despojo y el empobrecimiento de los pueblos originarios, como es el caso del Tren Maya, u ofreciendo empleos precarios que no mejoran la calidad de vida del pueblo trabajador.

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El carácter parasitario del INE

Por su parte, el INE se ostenta como “pilar de la democracia mexicana”, sin embargo, ha sido quien ha operado los fraudes electorales en este país y se ha encargado de proscribir a la izquierda anticapitalista de las elecciones, además de que sus altos funcionarios, a pesar de la crisis económica y sanitaria, se enriquecen con sus onerosos salarios. Para poner un ejemplo, tan sólo Lorenzo Córdova percibe un sueldo de 4 millones 200 mil pesos anuales, es decir que mientras la inflación acaba con el poder adquisitivo de los trabajadores, esta casta de funcionarios vive en la opulencia.

Ya que los “compromisos” que tienen con la democracia y todos sus ejercicios (como la consulta de revocación de mandato) son en realidad el compromiso que tienen con mantener la legitimidad del régimen que les garantiza riqueza y poder, el cual se obtiene a costa de las mayorías. De ahí también procede la molestia ante el recorte presupuestal. En otras palabras, el INE tiene un carácter parasitario.

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¿Y entonces qué democracia?

Los trabajadores no tenemos nada que ver en las disputas entre el INE y la 4T, ya que nuestros intereses no están representados por ninguna de estas instituciones ni sus partidos. Frente a ello, sería mucho mejor la democracia obrera, mediante un gobierno obrero y campesino basado en los organismos de autoorganización de las masas, donde los trabajadores colectivamente decidiéramos mediante asambleas, sobre la distribución del presupuesto, cuánto deben ganar nuestros representantes y de los planes para dirigir a la nación.

Sería mucho mejor que el dinero que hoy se destina al INE, se utilizara para construir más escuelas y hospitales, no para pagar los salarios de los altos funcionarios del Estado capitalista como Lorenzo Córdova.




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