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Red Internacional

Mendoza.Gran estafa: Gustavo Correa demanda al SUTE por más de 3 millones de pesos

En una nueva actitud antidemocrática, desleal y antisindical, el representante de la agrupación Azul- Naranja, Gustavo Correa, intenta meter una vez más la mano en la caja del sindicato de los y las trabajadoras de la educación de Mendoza

Viernes 22 de octubre | Edición del día

“El Secretario General de la CTA de Mendoza y referente de una de las agrupaciones opositoras del gremio (Agrupación Azul-Naranja), ha demandado nuevamente al SUTE. Recordamos que dicha demanda parte de la actitud antidemocrática de desconocer lo que mayoritariamente se votó en Plenario Provincial, es decir, la salida de SUTE de la CTA. Pretende que miles de trabajadores/as de la educación le paguen a su nombre lo que correspondería a las cuotas desde fin del 2018 a la actualidad”. Comienza explicando el comunicado del sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Al interponer esta demanda, Correa, desconoce la resolución de un Plenario Provincial, que es la máxima autoridad resolutiva del gremio. En esa instancia se decidió, por amplia mayoría, desafiliarse de la CTA. Decisión que fue tomada en base a los debates en las escuelas y los mandatos que se enviaron desde las bases.

Larga data tiene este conflicto entre el dirigente sindical peronista y el sindicato recuperado. En el 2017, cuando el FURS ganó la conducción del SUTE, el frente Azul- Naranja, en una embestida antidemocrática pidió la intervención de la sección Guaymallén, desconociendo el resultado de las urnas y pidiendo la intervención del Ministerio de Trabajo. A su vez, por esos años, el representante del peronismo en docentes, era empleado del SUTE y tenía una licencia gremial para estar en la CTA. Desde el Secretariado del sindicato se le ofreció la posibilidad de terminar con esa licencia y volver a trabajar, sin embargo Gustavo Correa decidió hacer juicio por indemnización y se llevó medio millón de pesos.

En el 2018 desde el SUTE declaraban: “Políticamente, deja en claro el único ámbito donde el Frente Azul Naranja tiene militancia: los pasillos de los tribunales. No llevan adelante las medidas de lucha que se votan (ni ninguna otra), y buscan poner a un juez por encima de la democracia sindical. Toda una definición de principios”.

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Abogados del SUTE comentan para La Izquierda Diario que el 10 de agosto del 2020 entró un embargo por $2.045.000 y el 25 de agosto del 2021 Gustavo Correa, interpuso un nuevo embargo por $2.400.000. Estos embargos fueron impugnados por el sindicato y ahora resta saber qué decide la justicia, actualmente están en la Tercer Cámara de Trabajo.

Este nuevo intento de “meter la mano en la lata” generó mucho repudio que se viralizó en las redes y en muchos grupos de docentes de toda la provincia.

Desde el Secretariado Provincial del SUTE declaran que “se debe respetar la voluntad las escuelas y los plenarios que decidieron la salida de SUTE de la CTA” y agregan que llaman a la dirigencia de esa central y su agrupación dentro del SUTE a “reflexionar y sobre todo actuar con la responsabilidad que amerita el cuidado de los fondos sindicales y el respeto por las decisiones democráticas”.

Resulta paradójico que la agrupación Azul-Naranja que votó en contra del fondo del huelga bajo el argumento de "cuidar los fondos del sindicato" hoy pretenden avalar este robo de más de 4 millones de pesos.

La primera medida de la actual conducción FURS, cumpliendo con su programa de recuperación y democratización del sindicato, fue eliminar abultados sobresueldos que percibían debitando de los fondos sindicales, los representantes gremiales de las conducciones Celestes y Azul Naranja. Terminar con esta tradición en la forma de pensar el sindicalismo representa una novedad.

Tener un cargo de representación no puede significar un privilegio para sacar ventaja económica sobre la realidad que viven los y las miles de trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia. Tampoco puede serlo aprovechar las relaciones con el Ministerio de Trabajo y la Justicia para judicializar todo a favor de llenarse los bolsillos con los aportes de las y los afiliados. El dirigente de la CTA y del PJ provincial no es la primera vez que lo hace.




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